Acreditación en la educación superior : EDITORIAL DE EL MERCURIO

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ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

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En espera de la nueva institucionalidad acreditadora, hay un indiscutible avance, con una muy pequeña estructura.

Los problemas suscitados con la acreditación universitaria el año pasado, que fueron de responsabilidad de un presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), han dado lugar a que el Gobierno replanteara todo el sistema y enviara un proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad de acreditación en Chile. Pero, sin perjuicio de sus méritos y de la discusión parlamentaria consiguiente, la actual CNA debe continuar en funciones, y para ello el Gobierno nombró a una persona que goza de alto prestigio en el sistema universitario. 

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Entre las primeras medidas que adoptó, dos buscan recuperar la confianza nacional en la institución: un Código de Ética y un portal de denuncias en internet. Los resultados no se han hecho esperar.

Si bien dicho código está aún en preparación, las sospechas contra las casas de estudio que pudieren estar recurriendo a irregularidades de cualquier índole dieron origen a 21 denuncias, que se han investigado en forma urgente. De ellas, según explica el presidente de la CNA, Matko Koljatic, 12 han sido completadas y se ha concluido que correspondían a problemas menores y constituían más bien reclamos contra las instituciones que irregularidades propiamente tales. 

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Otros nueve casos continúan investigándose, pero ninguno de ellos tiene características de delito como los que se registraron en el pasado.

El Código de Ética, por su parte, dispondrá en forma clara qué pueden y qué no pueden hacer los comisionados y los pares evaluadores. Sin duda será un avance, pues ambos son claves en la acreditación de una institución, pese a lo cual no existían normas que rigieran los vínculos que pudieran tener con la entidad postulante a acreditarse. Ya está acordado que quedarán prohibidos los contratos y asesorías con instituciones que estén en ese proceso, aunque resulta extraño que ello deba regirse por un Código de Ética, pues resulta de toda evidencia que ninguna persona puede ser juez y, a la vez, formar parte del ente juzgado.

Esta obligación pone de relieve un aspecto ineludible del sistema: su pequeño tamaño.

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Este año se deben acreditar 12 universidades, 9 institutos profesionales y 11 centros de formación técnica, además de 90 programas de posgrado. No será fácil encontrar el número suficiente de personas capacitadas que tengan plena independencia de las entidades que estén acreditándose o de sus directivos y profesores.

Estos dos no son los únicos cambios que se pondrán en marcha. 

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Ya se ha aprobado, por ejemplo, un nuevo sistema de informes financieros, propuesto por una consultora de riesgo y que será examinado detenidamente antes de acreditar a una casa de estudios. 

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Este conjunto de medidas permite esperar con mayor tranquilidad el estudio de la nueva institucionalidad acreditadora.

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