Los estudiantes de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano están paralizados denunciando la expulsión del cuerpo de voceros de la Asamblea Unificada de la carrera y el despido injustificado de académicos de la escuela.
A través de una declaración pública, las y los alumnos movilizados señalaron que “repudiamos la evidente persecución política de la Universidad contra estudiantes y académicos, quienes se encuentran paralizados (en el caso de los estudiantes) por los casos de vulneración de derechos fundamentales, e intervención de la Escuela de Derecho”.
Durante el pasado 20 de junio, durante el consejo de la escuela de Derecho, una de las académicas denunció el acoso laboral sufrido por parte del director Omar Sellao Mulato y otras vulneraciones al interior de la escuela. Como respuesta, los estudiantes de pregrado, licenciados y titulados se organizan para escoger a sus voceros, paralizando las actividades académicas y conformando la mesa amplia de la asamblea de Derecho Unificado.
“El rector Pablo Venegas luego de reunirse con los voceros, decide proteger al acusado director, a sabiendas de una demanda de acoso laboral interpuesto por la ex coordinadora académica vespertina y el autodespido por acoso laboral de la ex coordinadora académica diurna. Frente a esta situación la mayoría de los académicos de la escuela emiten una declaración exigiendo la renuncia del cuestionado director“, detallaron.
Sin embargo, las autoridades del plantel habrían optado por blindar al director, aunque una denuncia presentada en el departamento de recursos humanos de la institución por acoso laboral los obliga a investigar y constatar la situación, comprometiéndose a pagar a la afectada para evitar un juicio laboral.
No obstante, luego de semanas de movilización, se decidió desvincular al director Omar Sellao, imponiendo un nuevo director interino, el profesor de historia Manuel Fernández, quien según los alumnos “viene a imponer un calendario académico sin tener garantías mínimas para los estamentos”.
Más tarde se decide intervenir la escuela de derecho, clausurando su órgano triestamental y democrático: el Consejo de Escuela. Los estudiantes reaccionaron radicalizando su movilización y ocupan la sede administrativa, lo que terminó provocando una serie de despidos.
“Repudiamos enérgicamente el despido por “necesidades de la empresa” del académico Carlos Díaz director de la clínica jurídica, y Alberto Espinoza académico y defensor de DDHH, valiéndose del código laboral creado en plena dictadura por Jose Piñera para acallar a los trabajadores disidentes, donde se establecen figuras como éstas, con el objeto de esconder persecuciones políticas a los trabajadores que se organizan”, manifestaron los universitarios.