COLEGA PABLO SUÁREZ DE TRABAJO SOCIAL APORTA A LA DISCUSIÓN SOBRE GOBERNANZA UNIVERSITARIA

. 

¡¡¡ LA PERESTROIKA O PRIMAVERA UNIVERSITARIA 

QUE VIENE !!!

. 

DE : PABLO SUÁREZ, Académico Departamento de Trabajo Social

El 18 de junio del 2015 el Diario Oficial publicó la Ley N° 20.843 que “Elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior”, modificando un aspecto sustantivo de la Ley General de Educación promulgada el año 2009 dando inicio a una inédita etapa al interior de las universidades para constituir sistemas de participación en los Centros de educación Superior, lo que puede dar origen a un nuevo proceso de Reforma Universitaria en el país tan o más importante que aquella de fines de la década de los 60’ o la impuesta por la dictadura a inicios de los 80’, ya que la nueva ley contempla un artículo transitorio que señala que “las instituciones de educación superior deberán ajustar sus estatutos y normativa interna a las disposiciones de la presente ley en el plazo de un año”. 

.

Esta norma publicada la semana recién pasada, se sincroniza con una serie de demandas de participación que se llevan a cabo en pleno proceso de “huelga y paralización” de muchas universidades tales como “la creación órganos con participación triestamental vinculante en la determinación del Presupuesto Anual”, en la Universidad de la Frontera, “la realización de una asamblea triestamental”, en la UTEM, “la solicitud de un rol más activo para asegurar la participación de todos los estamentos en la U. de Chile” etc. La dictación de esta ley y sus resultados inmediatos en las instituciones devela o una falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y las autoridades de las Universidades, o una falta de manejo político internas en algunas Casas de Estudios para establecer una agenda de “transición” para el cambio de los estatutos y normativas que regulan la participación y su relación con los gobiernos académicos. 

.

Ante la falta de una agenda consensuada y transparente en algunos Centros de Estudio, se abre un debate abierto sobre las bases de gobernabilidad que sustentaron a las Universidades desde la “dictadura cívico-militar”, que estableció las bases neoliberales del modelo educativo, pero donde los gobiernos de la “concertación” consolidaron la estructura y dinámica del mismo modelo, a través de la dictación de la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza dictada el último día de la dictadura militar conocida como LOCE que funcionó por casi 20 años, la ley N° 20.370 promulgada el 17 de agosto del 2009 conocida como LEGE, la Ley N° 19.287, del 4 de febrero de 1994, que crea el Fondo Solidario, la Ley N° 19.848, del 27 de diciembre de 2002, que reprograma las deudas del crédito, la Ley Nº 20.027, del 1 de junio del 2005 conocida como la ley con aval del Estado etc. 

.

Este modelo y estructura demanda de las universidades agendas técnico-administrativas para lograr el autofinanciamiento sobre las cuales se cultiven las artes, las humanidades, la ciencia y la tecnología. 

.

Para ello la categoría de “Universidad” se asimila a la de “empresa” por lo cual se requiere de sus cuerpos colegiados de participación internos que funcionan como “directorios consultivos” reduciendo el “locus académico” a tareas ejercidas por equipos altamente capacitados y especialistas en la gestión por sobre equipos estratégicos y/o científicos tecnológicos. 

.

En esa misma lógica se intentó reemplazar la categoría de Rectores por la de “gerentes” y la de estudiantes por la de “clientes” a quienes se les ofreció una variada oferta académica diurna y vespertina de carreras, especialmente para aquellos que no accedían a beneficios del Estado y requerían endeudamiento y pago directo a las arcas de las universidades. .

.

Así a lo largo del país, y sin control de gestión ministerial, se promocionaron de manera masiva “programas especiales” donde se presentaron los primeros vicios que desvirtuaron la academia y donde se promocionaron proyectos de investigación científica y tecnológica en alianzas con la empresa privada sin visión ciudadana. 

.

En este modelo las instituciones de Educación Superior son vigiladas principalmente por sus gastos más que desde el sentido de su inversión, lo que dio origen a un Sistema de Acreditación profundamente cuestionado que estableció indicadores que reflejaron un ranking de la “calidad de sus productos”. 

.

En esta lógica y su estructura los sistemas de participación triestamental han sido prohibidos y limitados por Ley en los últimos 45 años, ya que las voces disidentes de académicos, funcionarios o estudiantes eran consideradas un riesgo para los sistemas internos y sinónimo de inestabilidad para enfrentar las autoridades del Ministerio de Educación, por lo cual en muchas universidades la crítica fue comprendida como una amenaza y por lo tanto fue sutilmente des-calificada, silenciada o sometida al ostracismo. 

.

Sin embargo hoy ante la nueva ley, esperamos que las voces de la disidencia logren calificar y consolidar las democracias internas. 

.

La demo-diversidad de visiones y posturas que se espera emerjan, le cambiaran las pulsaciones al corazón de actual modelo. Por otro lado, sin agenda el “control” para impulsar los cambios que estipula la ley 20.843, la responsabilidad para el cambio de los estatutos y normas cae en los nuevos actores legalmente constituidos, y para ello se requiere de la transparencia y voluntad política de los rectores y sus consejos actuales sin co-acción autoritaria o totalitaria de ninguna especie jurídica o administrativa. 

.

La participación de académicos que ejercen funciones de docencia parcial, funcionarios y estudiantes serán fundamentales para darle la legitimidad al proceso, por lo cual no bastará que estas voces sean solo escuchadas. Con la nueva ley y sin agenda, la coyuntura política interna en las Casas de Estudios Superiores exigirá para este periodo una renovada forma de gobernar ya que el futuro próximo los nuevos actores podría ser parte de posibles alianzas y cogestión política. .

.

El cambio de estatutos y normas y la posible concreción de sistemas democráticos triestamentales requerirán de la máxima disposición a la apertura y a toda forma de instancias parlamentarias de distinta naturaleza, ante ello, los que formamos parte del mundo académico enfrentaremos un año clave y la Universidad se podría transformar nuevamente en un “campo de sueños, poder y debate” por un país mejor. 

.

El “manejo” erróneo o equivocado de estos procesos podría ser el fin de muchos proyectos académicos actuales, por ello esperamos que en esta transición florezca la diversidad de miradas que enriquezca el sentido, misión y visión especialmente de las universidades del Estado. 

.

La transición debería ensanchar las fronteras actuales de participación para transformar y no reformar, donde continuar insistiendo en las ya desautorizadas estructuras jurídicas de participación interna para programar el cambio es una señal equivocada ante el nuevo mandato legal. 

.

Muchos y muchas esperamos que esta señal concreta de cambio y fomento de la participación, la más importante a mi juicio en los últimos 45 años, suene con cantos y trinos primaverales, esperamos por lo tanto procesos de reflexión profundos y de cara a la comunidad académica y la ciudadanía, debates mirando lo que somos las distintas universidades y lo que queremos ser ante un país real desde las distintas disciplinas, esperamos una nueva mirada para la ciencia y la tecnología, el cultivo del arte y las humanidades, esperamos claustros y procesos eleccionarios para legitimar una educación Superior de todas y todos. 

.

La “perestroika universitaria puede venir”, para ello solo se exige… que se cumpla ley.