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A LA FECHA DE DECRETARSE EL CIERRE TENÍA CERCA DE 10.000 ALUMNOS SEMI ENGAÑADOS O AUTOENGAÑADOS QUE QUERÍAN SER MÉDICOS O INGENIEROS SIN TOMAR EN CUENTA LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD QUE LES OTORGARÍA LOS TÍTULOS HABILITANTES.
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El director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe), Andrés Bernasconi, dice que este gasto fiscal "muestra lo difícil que es cerrar una universidad en pleno funcionamiento con varios miles de estudiantes".
Por ello, señala que si existen problemas económicos ante nuevos casos como este, en vez de nombrar un administrador provisional, se le podría quitar la autonomía a la institución "para que pase a ser supervisada por el CNED por un plazo largo", a la espera de que los administradores resuelvan el problema. En caso contrario, este organismo "velaría por el término de estudios o reubicación de los estudiantes que queden".
Algunos gastos fiscales realizados tras el cierre de la institución han sido cuestionados. La Contraloría auditó $696 millones entregados en 2014, entre los cuales encontró becas otorgadas indebidamente o asignadas a jóvenes que no estaban matriculados en el plantel.
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LEER COMPLETO EN : EL MERCURIO.COM / C-6
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A LA FECHA DE DECRETARSE EL CIERRE TENÍA CERCA DE 10.000 ALUMNOS SEMI ENGAÑADOS O AUTOENGAÑADOS QUE QUERÍAN SER MÉDICOS O INGENIEROS SIN TOMAR EN CUENTA LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD QUE LES OTORGARÍA LOS TÍTULOS HABILITANTES.
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El director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe), Andrés Bernasconi, dice que este gasto fiscal "muestra lo difícil que es cerrar una universidad en pleno funcionamiento con varios miles de estudiantes".
Por ello, señala que si existen problemas económicos ante nuevos casos como este, en vez de nombrar un administrador provisional, se le podría quitar la autonomía a la institución "para que pase a ser supervisada por el CNED por un plazo largo", a la espera de que los administradores resuelvan el problema. En caso contrario, este organismo "velaría por el término de estudios o reubicación de los estudiantes que queden".
Algunos gastos fiscales realizados tras el cierre de la institución han sido cuestionados. La Contraloría auditó $696 millones entregados en 2014, entre los cuales encontró becas otorgadas indebidamente o asignadas a jóvenes que no estaban matriculados en el plantel.
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