DICTAMEN N° DE CGR DE INTERÉS PARA LA UTEM

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MORALEJA 

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 ¿¿ NO DEBERÍA LA ASOCIACIÓN DE ACADÉMICOS CONTRATAR UN ABOGADO EXPERTO EN DERECHO ADMINISTRATIVO QUE LE HAGA EL PESO A LAS CONTRALORÍAS ??
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DE  CONTRALORÍA.CL
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N° 1.955 Fecha: 10-I-2013 Se ha dirigido a esta Contraloría General, el Diputado señor Hugo Gutiérrez Gálvez, deduciendo reclamo de ilegalidad en contra de la Universidad Arturo Prat, representada por su Rector, señor Gustavo Soto Bringas, por actos contrarios a derecho que se plasman en un proceso de reestructuración que lleva adelante la mencionada casa de estudios superiores, en su opinión, absolutamente ilegal, y que concluyera con la supresión de los empleos de funcionarios académicos y administrativos, afectando su derecho a la estabilidad en el cargo, consagrado en el artículo 89, del mismo cuerpo legal. Cabe hacer presente, que no se menciona el texto normativo, pero entiende este Órgano Fiscalizador, que aquél corresponde al Estatuto Administrativo contenido en la ley N° 18.834. Se abordan enseguida por el interesado, en un apartado denominado "I.- Actos ilegales impugnados", las distintas actuaciones que se estiman constituyen actos contrarios al ordenamiento jurídico y reglamentario aplicables a la corporación, las que se desglosan en once (11) puntos, en los cuales se detallan las decisiones y acciones especificas adoptadas por las autoridades universitarias y que se reprochan, las normas jurídicas y reglamentarias que se habrían vulnerado, y que constituyen los fundamentos que sustentan el requerimiento. Enseguida, el parlamentario recurrente expone lo que denomina "Reflexiones finales", solicitando en sus conclusiones, que sea acogido a tramitación el reclamo; que se inicie una investigación para cada uno de los actos denunciados; y, en definitiva se ordene a la Universidad, ajustar sus actuaciones a sus estatutos y a las leyes aplicables, invalidando todos los actos contrarios a derecho, adjuntando en un otrosí, la documentación que individualiza. Sobre el particular, y como primera cuestión, es importante consignar por parte de esta Entidad Fiscalizadora, las siguientes circunstancias: Con fecha 4 de septiembre de 2012, el abogado señor Jorge Paniagua Salís, en representación de once funcionarios del estamento académico de la Universidad Arturo Prat, dedujo ante la Contraloría Regional de Tarapacá, un reclamo de ilegalidad en contra de la máxima autoridad de dicha institución, fundando su presentación, en que se habría llevado adelante un proceso de restructuración absolutamente ilegal, y que concluyó con la supresión de plazas de académicos y funcionarios. . CONTINUA EN PRIMER COMENTARIO Y SIGUIENTES . CONCLUSIONES SOBRE LAS REFLEXIONES FINALES. Los recurrentes en su requerimiento, expresan como reflexiones finales, que la universidad en su carácter de Institución Estatal de Educación Superior, estaría infringiendo el ordenamiento jurídico, y particularmente, garantías constitucionales como el derecho de propiedad que los afectados tienen respecto de sus cargos. Se han omitido las explicaciones y fundamentos racionales, en orden a determinar que los afectados no cumplirían con los perfiles supuestamente requeridos en lo que se plantea como nueva etapa de desarrollo de la institución, transformándose ese actuar, no sólo en ilegal, sino también, en arbitrario. Asimismo, no se ha hecho partícipe a la comunidad universitaria, mediante los mecanismos de consulta, del proceso que se cuestiona, y sobre el cual estiman, estar en condiciones de proponer aún ideas para contribuir a salvar lo que se ha denominado como crisis financiera causante del proceso, y en definitiva, advierten, se ha evitado o evadido su participación, pareciendo más sencillo privar del empleo a académicos y funcionarios, que oír sus propuestas para superar la crisis. En cuanto al derecho de propiedad del cargo que los solicitantes estiman transgredido, esta Sede Regional cumple con manifestar, que el derecho a la estabilidad en el empleo que consulta el artículo 46 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 89 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, consiste en que los funcionarios no pueden ser separados de sus funciones sin que una causa legal lo permita. Señalado lo anterior, es dable anotar que la supresión del cargo se encuentra contemplada como causal de cese de funciones tanto en la referida disposición Orgánica Constitucional como en el artículo 146, letra e), del Estatuto Administrativo, sin que pueda estimarse tal derecho como absoluto, que impida en definitiva a la jefatura respectiva para poner término a la relación estatutaria cuando expresamente el ordenamiento legal se lo permite (aplica criterio contenido en dictamen N° 16.632, de 2011). En otro orden de consideraciones, y sobre la supuesta falta de fundamentación racional y arbitrariedad en el actuar de la universidad, es menester consignar, que del examen de los antecedentes tenidos a la vista, es posible constatar que los actos administrativos respectivos, han cumplido con las exigencias legales y estatutarias exigidas para su validez; se encuentran debidamente fundamentados, tanto en la instancia en que ha correspondido participación al órgano deliberativo, como en el cumplimiento e implementación dispuesta por el órgano ejecutivo, limitándose la acción de esta Entidad Contralora, a revisar la regularidad y legalidad de las actuaciones de la Universidad, sin que le corresponda, como ya se anotó, ponderar la conveniencia, mérito u oportunidad de las decisiones adoptadas en el ejercicio de una potestad pública. Sobre la participación de la comunidad universitaria en el proceso en comento, cabe indicar, que el marco normativo aplicable no establece que para la validez de los actos que se impugnan, deba existir previamente una consulta, o la realización o constitución de instancias de discusión al interior de los estamentos de la organización, y cuyas deliberaciones sean vinculantes, y en tal caso, compete a la autoridad resolver respecto de la pertinencia de tales intervenciones. DEL REGLAMENTO DE JERARQUIZACIÓN Y ENCASILLAMIENTO. Sobre el particular, cabe indicar, que mediante Decreto N° 457, de 26 de diciembre de 1991, la Rectoría de la Universidad Arturo Prat, promulgó la Ordenanza N° 146, de 16 de diciembre de 1991, que aprueba el Reglamento de Jerarquización y Encasillamiento. Dicho Decreto N° 457, de 1991, fue tomado razón por esta Contraloría Regional, el 6 de febrero de 1992. El reglamento en comento, de acuerdo a lo establecido en su artículo 1°, contiene el conjunto de normas relativas a la Carrera Académica de la Universidad Arturo Prat. Para tal efecto, el artículo 2°, del texto reglamentario, expresa que, "Se entenderá por Encasillamiento Académico, el conjunto de normas expresadas en puntaje, aplicables a la formación, labor docente, de extensión, de investigación, y administración académica de cada uno de los funcionarios académicos de la Universidad Arturo Prat, y conducente a asignarles una categoría dentro de la escala de remuneraciones de la Corporación." Enseguida, el artículo 3°, expresa que, "Se entenderá por Jerarquización Académica, el juicio cualitativo basado en parámetros objetivos, que determinan el estatus académico de cada uno de los funcionarios académicos de la Corporación. Se persigue con ello contribuir a la formación permanente de los académicos, con el fin de alcanzar una mayor eficacia en las tareas que les son propias, mediante el reconocimiento a los méritos y a la excelencia". A su turno, el artículo 5°, precisa que, "Todo cambio de encasillamiento y jerarquización de un académico, será la consecuencia de la variación de factores que las originaron, realizada en los períodos y por las autoridades de la Universidad que el mismo Reglamento establece". A continuación, el reglamento pormenoriza y detalla en su texto, las Jerarquías Académicas, sus tipos, exigencias y requisitos; Los Factores de Encasillamiento; la Comisión de Jerarquización y Encasillamiento, su conformación, funciones, la adopción de acuerdos, entre otros rubros. Luego, -y en lo pertinente-, el artículo 32, se refiere a los períodos en que se efectuará el proceso de Jerarquización y Encasillamiento, distinguiendo entre uno regular, y otro especial. El periodo regular, se realizará en el mes de noviembre, cada dos años, y sus resultados entrarán en vigencia a partir del 1° de enero del año inmediatamente siguiente, y el periodo especial, se realizará con el objeto de encasillar y otorgar jerarquía académica en los casos que se indican. Para los efectos de evaluar los antecedentes y asignar los puntajes correspondientes, determinando las categorías en el proceso de Encasillamiento, se debe recurrir al Manual de Asignación de Puntaje y la Tabla Puntaje-Categoría contenidos en el presente reglamento, según lo establece el artículo 33, del texto referido. Ahora bien, en la relación que hace el señor Paniagua Solís de cada uno de sus representados, señala que respecto de todos ellos estaría pendiente el encasillamiento desde el año 2004, a la fecha, obligación reglamentaria que ha sido incumplida por la Universidad. Tal alegación se esboza nuevamente en el vicio N° 2.6, y expresamente, en el N° 2.8, cuando se señala que, "Previo a la aprobación de la nuevas plantas, la universidad se encuentra obligada a regularizar el proceso de encasillamiento, paralizado desde el año 2004". Se indica en tal sentido, que la última jerarquización y encasillamiento fue realizada el año 2004, situación cuya regularización ha sido solicitada a la rectoría, y dada su dilación, fue puesta en conocimiento de esta Contraloría Regional el año 2007, oportunidad en que esta Entidad consignó, en lo sustancial, que la materia denunciada había sido incorporada a un programa de fiscalización, al cabo del cual se determinaría la eventual configuración de hechos irregulares, y el establecimiento de responsabilidades administrativas. En esas circunstancias, concluyen los recurrentes, previo a cualquier proceso de reestructuración, la universidad se encuentra obligada a regularizar esta anormal situación que incide en el tema remuneracional de todos los académicos, dictando los actos jurídico-administrativos correspondientes. Sobre el particular, y como ya se consignó, el encasillamiento a que se refiere el artículo 154, del Estatuto Administrativo, difiere del encasillamiento contenido en el texto reglamentario en comento. El primero tiene lugar, cuando por mandato legal, o como consecuencia de un proceso de reestructuración, se produce la creación de nuevas plantas de funcionarios, lo que hace necesario realizar un proceso de ordenación y ubicación de los servidores, en las plantas definitivas. Así, pueden ser objeto de encasillamiento, los funcionarios de todas las plantas, -Directiva, Profesional, Técnica, Administrativa y de Auxiliares-, si las modificaciones dan origen a nuevas plantas en todos los estamentos, o sólo respecto de algunos, si la nueva planta se encuentra acotada a algún estamento en específico. Por su parte, la jerarquización y encasillamiento reglamentado en el decreto N° 457, de 1991, dice relación con la carrera de determinados funcionarios, esto es, de aquellos que forman parte del estamento académico, no siendo aplicable a otras calidades de servidores de la universidad. Este proceso, tiene como finalidad la promoción del estatus de los académicos, cada dos años, -periodo regular-, en la medida que aporten los antecedentes, cumplan con las exigencias, factores y ponderaciones, que le permitan mejorar su escala remuneracional y jerarquía académica. Es decir, si bien es un proceso general que debe realizarse cada dos años, y en el que participan todos los funcionarios del estamento académico, sus efectos son particulares. Ello, toda vez que, no necesariamente cada dos años todos habrán alcanzado el puntaje que les permita mejorar la calidad funcionaria en la estructura académica, acorde con lo establecido en el artículo 50, del reglamento. En razón de lo anterior, y dado por una parte, que en la situación en examen no ha existido creación de nuevas plantas, y por tanto no cabe referirse al encasillamiento del artículo 154, de la ley N° 18.834, y por otra, existe la potestad para suprimir cargos, la omisión de efectuarse el encasillamiento reglamentado en el decreto N° 457, de 1991, desde el año 2004, a la fecha, no obsta el ejercicio de la atribución que se cuestiona, ya que, como se ha expresado, la autoridad está dotada de la facultad para suprimir cargos, debiendo en consecuencia rechazarse el aludido vicio. Lo expuesto, en todo caso, no exime del imperativo que tiene la autoridad superior de dar estricto cumplimiento a la normativa de la especie, respetando la periodicidad del proceso, y adoptando las medidas pertinentes para su oportuna y eficaz aplicación, razón por la cual, deberán implementarse a la brevedad, las medidas tendientes a efectuar el proceso de jerarquización y encasillamiento. Finalmente, es importante señalar, que se tuvieron a la vista las presentaciones individuales efectuadas por los interesados, y particularmente, la del señor Marco Hernández Ponce, las cuales sin embargo, no aportan ningún antecedentes adicional a los ya examinados, siendo de rigor indicar, que se esgrimen como argumentos, conversaciones que se habrían sostenido con autoridades e integrantes de la Junta Directiva, quienes habrían dado diversas opiniones, pareceres e información respecto del proceso de reestructuración, pero que no se encuentran plasmados en ningún acto administrativo válido e idóneo que dé cuenta de la voluntad o decisión de la Universidad en tal sentido, motivo por el cual tales planteamientos deben ser desestimados. En consecuencia, de conformidad con las normas legales, reglamentarias, y jurisprudencia administrativa citada, los antecedentes examinados, y las razones expuestas, esta Sede Regional, rechaza el reclamo deducido por el señor Jorge Paniagua Solís, y procede a cursar los decretos respectivos que ordenan la supresión de cargos, por encontrarse ajustados a derecho. Respecto de la situación de aquellos académicos cuyos cargos se suprimen, deberá para los efectos del pago de la indemnización correspondiente, en caso de ser procedente, actualizarse su jerarquía y encasillamiento, de conformidad con los antecedentes que se aporten o que estén del poder de la Institución, debiendo tenerse presente, las normas de prescripción aplicables en la especie. VICIOS INCORPORADOS EN LA PRESENTACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR HUGO GUTIÉRREZ GALVEZ, Y QUE CORRESPONDEN A LAS ILEGALIDADES IDENTIFICADOS COMO PRIMERA Y UNDÉCIMA. Expresa el recurrente, que sería constitutivo de una ilegalidad, la "Contratación de una empresa consultora, sin sujetarse a un proceso de licitación pública, vulnerando la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado". Al respecto, se indica que el año 2011, sin que mediara previamente una convocatoria a una licitación pública, la universidad contrató los servicios de la empresa "Korus Consultoría Aplicada", con la finalidad de dar inicio a un proyecto de reestructuración institucional. Enseguida, se precisa y transcribe la normativa que sería aplicable en este caso, destacándose como premisa, que las universidades estatales forman parte de la administración del Estado, y en ese contexto, en lo que interesa, se encontraba la autoridad en la obligación de llamar a una licitación pública, lo cual al omitirse, ha vulnerado el ordenamiento jurídico, y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los terceros de buena fe, que no permitirían que el acto irregular pertinente fuera invalidado, se hace necesario establecer la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que intervinieron en la contratación. Al respecto, corresponde hacer presente que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes U:S. 11.001, de 2004; 59.048, de 2007; y, 33.216, de 2011, ha señalado que las universidades estatales son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que constituyen servicios públicos integrantes de la Administración del Estado, de modo que se encuentran afectas a las normas de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En ese orden de ideas, y compartiendo la premisa del recurrente, es dable consignar, que efectivamente la regla general en materia de contratación administrativa, está contenida en el artículo 9°, inciso primero, de la citada ley N° 18.575, que establece como procedimiento idóneo, en primer lugar, la propuesta pública, siendo concordante ese mandato legal, con el establecido en el artículo 50, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, procediendo la licitación privada y el trato directo, en la medida que concurran las circunstancias y exigencias respectivas. En el caso que nos aboca, mediante decreto exento N° 0129, de 25 de enero de 2012, de rectoría, se autorizó la contratación mediante trato directo del señor Horacio Ríos Domic, para asesoría en el proceso de reestructuración, advirtiéndose que dicha decisión se fundamenta en la causal del referido reglamento establecida en el artículo 10, N° 7, letra f), esto es, "Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza". Ahora bien, del análisis del referido acto administrativo, se estima que éste carece de la fundamentación que exige la aludida disposición reglamentaria en la parte final del literal f), sin perjuicio de lo cual es pertinente recordar, que de acuerdo con lo expuesto en el oficio N° 3.094, de 2012, de la Contraloría Regional de Tarapacá, aún cuando exista una deficiencia en este aspecto, la autoridad cumplió con los procedimientos y exigencias estatutarias para llevar adelante el proceso de reestructuración, y por otra parte, -como también se explicitó-, siempre ha existido la potestad de la autoridad para disponer la supresión de cargos. Del mismo modo, y como también lo señala el interesado, se ha reconocido por esta Entidad Fiscalizadora que la invalidación de los actos irregulares tiene como límite aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la actuación legítima de los órganos de la Administración, de manera que las consecuencias de las deficiencias del proceso de contratación, no pueden afectar a terceros, -en la especie la empresa consultora-, que adquirieron derechos de buena fe al amparo de tales actos. (Aplica criterio contenido, entre otros, en dictámenes N°s. 61.462 y 72.014, ambos de 2012). No obstante lo consignado, y conforme con las atribuciones y facultades que la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General le entrega a esta Entidad, en una próxima fiscalización a la entidad universitaria, se revisará la modalidad de contratación utilizada, la personería del señor Ríos Domic para actuar en representación de la empresa consultora, entre otros rubros, adoptándose las medidas a que haya lugar, con el objeto de establecer las responsabilidades funcionarias que pudieran existir. Por último, se alega que constituiría una ilegalidad, el hecho de "Omitir la denunciada, su obligación de propiciar el conocimiento y la participación de las organizaciones sociales, en una materia de interés social, vulnerando la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación ciudadana en la Gestión Pública". Se fundamenta el vicio, en que los funcionarios han sido marginados de todo proceso de reflexión y participación de un verdadero proceso de reestructuración institucional, lo cual fue solicitado en forma reiterada por las asociaciones de académicos y de administrativos, sin resultado alguno. Es decir, agrega el parlamentario, se ha llevado a cabo un proceso de reestructuración a puertas cerradas, vulnerando los principios de transparencia e información de la gestión pública. Es más, añade, la universidad se ha negado sistemáticamente a dar cumplimiento a los artículos 70, y siguientes de la citada ley N° 20.500, que precave, en lo fundamental, que los órganos de la Administración deberán establecer modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia, agregando el artículo 73, que los órganos de la Administración del Estado, de oficio o a petición de parte deberán señalar aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas en la forma que señale la norma a que alude el artículo 70. Se expresa, que el año 2011, la Asociación de Académicos solicitó a la rectoría crear instancias de participación sin respuesta alguna, estimándose que los órganos de la universidad, han creído más conveniente aplicar una política de actuar como entidad pública para los efectos de recaudar los recursos financieros, pero observar una conducta de entidad privada al momento de definir, planificar y ejecutar las decisiones que determinan y afectan el desarrollo de toda la región. Sobre este punto, debe precisarse que en términos similares se planteó y analizó esta circunstancia en las denominadas "Reflexiones finales", concluyéndose en su oportunidad en el oficio N° 3.094, de 2012, de la Contraloría Regional de Tarapacá, que el proceso de reestructuración, en lo que importa, no adolecía de irregularidades. Ahora bien, y en relación con la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2011, es menester indicar, que en su inciso primero el artículo 1°, dispone que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, agregando su inciso segundo, que este derecho comprende la facultad de crear asociaciones que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades culturales. El artículo 2°, del citado texto normativo establece que, es deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil, y garantizará la plena autonomía de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida interna. Precisado lo anterior, cabe señalar que el artículo 5° del texto legal en estudio prescribe que las asociaciones se constituirán y adquirirán personalidad jurídica conforme al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales. A su turno, de acuerdo con el inciso primero del artículo 548 del Código Civil -modificado por el artículo 38, N° 3°, de la aludida ley N° 20.500-, el acto por el cual se constituyan las asociaciones o fundaciones constará en escritura pública o privada suscrita ante notario, oficial del Registro Civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde. Enseguida, es dable hacer presente que la citada ley N° 20.500, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19, N° 15, de la Carta Fundamental, consagra la libertad y autonomía asociativa de los grupos intermedios de la sociedad (aplica dictamen N° 49.682, de 2012). Por su parte y teniendo presente las modificaciones que se introdujeron a la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Título IV de la ley, denominado, "De la participación ciudadana en la gestión pública", establece en su artículo 69, inciso primero, que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Agrega su inciso segundo y final, que es contraria a las normas establecidas en este Título toda conducta destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho de participación ciudadana señalado en el inciso anterior. Finalmente, y en lo que importa, el artículo 70, prescribe en su inciso primero que, cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia. De lo expuesto, y para dar cumplimiento al mandato legal que reconoce la participación de grupos intermedios en las decisiones públicas, la referida ley N° 20.500, ha establecido detalladamente las formalidades y exigencias que deben cumplir los interesados para constituir las asociaciones que permitan participar en los distintos ámbitos de interés de la gestión pública. En ese contexto, y tratándose de las universidades estatales, y en este caso de la Universidad Arturo Prat, el marco jurídico aplicable contempla en su estructura la existencia de las asociaciones de funcionarios, detallándose sus atribuciones y competencias, dentro de las cuales no se establece su participación con carácter vinculante, en las decisiones que se adopten por las máximas autoridades de la corporación, en este caso particular, para llevar adelante un proceso de reestructuración, siendo pertinente tener presente, que dichas entidades universitarias, son personas jurídicas de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y con plena autonomía académica, económica y administrativa. De esta manera, y existiendo un marco normativo especial aplicable en la especie, debe estarse en primer lugar, al cumplimiento de él, lo que en el proceso de reestructuración que nos aboca, se respetó. Lo anterior por cierto, no es óbice para que la autoridad universitaria dé cumplimiento al mandato de la ley N° 20.500, que le corresponde como integrante de la Administración del Estado, en el sentido de promover instancias de participación, y como contrapartida, los interesados constituyan dichas asociaciones en la forma que se ha establecido por el legislador. Así, si bien el reclamo en este aspecto podría tener asidero, en el sentido que se demanda más participación de los interesados en las decisiones que afectan a la universidad, ello en ningún caso ha significado en la especie, un vicio que invalide el proceso cuestionado, toda vez que, como se ha dicho, se ha respetado la normativa aplicable, la cual no establece el requerimiento de opiniones vinculantes de la asociación de funcionarios, no teniendo esta Contraloría General atribuciones para compeler a los órganos superiores de la corporación, para reprochar el hecho de no haber recabado más opiniones sobre el proceso que se llevaba adelante, toda vez que ello es una cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia, que el legislador entrega a la superioridad de la institución. Por consiguiente, acorde con los antecedentes tenidos a la vista, normas legales y jurisprudencia citada, este Órgano Contralor reitera y confirma las conclusiones vertidas en el oficio N° 3.094, de 2012, de la Contraloría Regional de Tarapacá, esto es, que el proceso de reestructuración implementado por la Universidad Arturo Prat, y que significó la supresión de cargos de las plantas de académicos y administrativos, no adolece de vicios de legalidad que afecten su validez, desechándose por tanto la pretensión del recurrente de invalidar el mismo. . Para mejor ilustración, se adjunta copia del oficio N° 3.094, de 2012, de la Contraloría Regional de Tarapacá. . Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República .