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jueves, 25 de mayo de 2017

CUÁNDO LOS CAPTURADORES DE EMPRESAS DEL ESTADO PIERDEN TODA NOCIÓN DE LA DECENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL PAÍS

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 Sergio Hernández (Vicepresidente de Codelco) asegura que el propio órgano contralor revisó y aprobó en 2015 la manera en que Cochilco audita a las empresas del Estado. Ejecutivo de entidad que por ley fiscaliza a Codelco dice que “no encontramos ninguna irregularidad” en indemnización de $ 500 millones a ex director. 

La controversia generada entre la Contraloría y Codelco luego que el órgano fiscalizador cuestionara en un dictamen el pago de una indemnización de $ 500 millones al ex director de la cuprera, Augusto González, involucra a un tercer actor que hasta ahora no había intervenido públicamente en el debate. Se trata de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entidad mandatada por ley a supervisar la gestión de la minería estatal en el país y que, según señala su director Sergio Hernández, auditó y aprobó hace más de un año y medio la mencionada bonificación, la que se apegó a los criterios históricos para estos casos. Por eso, cree que las objeciones de Contraloría responden a un cambio de criterio de dicho organismo.
¿Revisaron la indemnización de $ 500 millones que se pagó al ex director de Codelco Augusto González?
Es a raíz de una auditoría nuestra que la Contraloría General de la República profundizó en el tema.

¿Cuál fue el resultado de esa investigación?
Esa auditoría está lista hace más de un año y medio. Fue entregada a Contraloría, y Contraloría aplicando criterios que estimó el contralor, emitió su dictamen. Esa fiscalización de Cochilco, que está absolutamente acogida a criterios anteriores, de siempre de la Contraloría, estimó que los planes de egreso tenían fundamentos, que Codelco tenía autoridad para realizarlo y por lo tanto no encontramos ninguna irregularidad. Se había pagado esa indemnización de acuerdo a las normas que la empresa había fijado en los contratos colectivos, individuales y en los planes de egreso. Y esos son los criterios que han primado hasta ahora de forma invariable, y que obviamente el dictamen del señor contralor tiene una visión, hoy, distinta.

5 comentarios:

  1. Para el Mineduc en definitiva el interventor provisional fue una mascarada para cerrar la Arcis.
    La PUC les da un soplido y la Sra Ministra llega a correr para cumplir sus deseos.

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  2. Nuestro Rector protege a algunos al interior de la Universidad.

    No responde los requerimientos de información que le formulan la CGR y el MINEDUC en los sumarios que llevan por denuncias graves a la probidad.

    ¿Porqué estas instituciones permiten que esto ocurra?

    ¿Porqué el rector Pinto no ha contestado a los requerimientos del 19 de noviembre del Mineduc ni el 43256 de la CGR?

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  3. Simplemente no quiere responder y después culpa a sus subordinados.

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  4. Si las instituciones funcionaran como debe ser, debiera estar obligado a responder puesto que estaría obstruyendo a la justicia.

    Las acusaciones son lo bastante serias como para ser causal de un sumario.

    Esto es una vergüenza más.

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  5. Hace mucho tiempo que nuestro rector está fuera de funciones por problemas de salud y lo grave es que nadie lo reemplace en estos casos como si fuera un asunto personal de él y lo más probable que así sea y por eso todos se corren.

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