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Señor Director:
En un editorial del viernes 25 de mayo, se exponen en forma clara algunos beneficios que se han obtenido en la educación superior chilena con el sistema de acreditación de programas y carreras implementado en nuestro país a partir de fines de 2006, cuando se promulgó la Ley 20.129. Un elemento trascendente ha sido el contar por primera vez en Chile con un sistema de acreditación oficial de las carreras, que ha sido reconocido tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Esto ha permitido una mayor transparencia de los títulos y grados académicos, y ha facilitado una mayor movilidad internacional de nuestros profesionales, al establecerse el reconocimiento de sus títulos a través de convenios bilaterales que ha venido suscribiendo nuestro país.
La ley que reforma la educación superior, próxima a promulgarse, modifica el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, concentrando la totalidad de los procesos de acreditación de carreras solo en organizaciones del Estado. Esto conlleva un elevado riesgo de uniformidad, enemigo de la creatividad, ingrediente esencial de la necesaria innovación que exige el mundo en desarrollo. Elimina, además, el importante aporte de las agencias acreditadoras externas, particularmente, las representativas de organizaciones gremiales profesionales que están conectadas con la evolución internacional de sus profesiones. A lo anterior se agrega que, por disposiciones de la nueva ley, se postergan por siete años los procesos voluntarios de acreditación de las carreras, marginando a los profesionales que se titulen en este período del reconocimiento nacional e internacional.
Parece que la premura legislativa para aprobar el proyecto de ley ha dejado un vacío que será necesario llenar a la brevedad.
Carlos Massad Abud
Señor Director:
En un editorial del viernes 25 de mayo, se exponen en forma clara algunos beneficios que se han obtenido en la educación superior chilena con el sistema de acreditación de programas y carreras implementado en nuestro país a partir de fines de 2006, cuando se promulgó la Ley 20.129. Un elemento trascendente ha sido el contar por primera vez en Chile con un sistema de acreditación oficial de las carreras, que ha sido reconocido tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Esto ha permitido una mayor transparencia de los títulos y grados académicos, y ha facilitado una mayor movilidad internacional de nuestros profesionales, al establecerse el reconocimiento de sus títulos a través de convenios bilaterales que ha venido suscribiendo nuestro país.
La ley que reforma la educación superior, próxima a promulgarse, modifica el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, concentrando la totalidad de los procesos de acreditación de carreras solo en organizaciones del Estado. Esto conlleva un elevado riesgo de uniformidad, enemigo de la creatividad, ingrediente esencial de la necesaria innovación que exige el mundo en desarrollo. Elimina, además, el importante aporte de las agencias acreditadoras externas, particularmente, las representativas de organizaciones gremiales profesionales que están conectadas con la evolución internacional de sus profesiones. A lo anterior se agrega que, por disposiciones de la nueva ley, se postergan por siete años los procesos voluntarios de acreditación de las carreras, marginando a los profesionales que se titulen en este período del reconocimiento nacional e internacional.
Parece que la premura legislativa para aprobar el proyecto de ley ha dejado un vacío que será necesario llenar a la brevedad.
Carlos Massad Abud
Muy buena noticia. La acreditación de la educación superior es un asunto de Estado.
ResponderEliminarToma feminista UTEM desde mayo 2 en TS mayo 4 FAE y mayo 7 Macul. Mayo entero perdido
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