NUEVO RECTOR U.A. HURTADO PROPONE SALVATAJE PROYECTO DE REFORMA E. SUPERIOR

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¿Se puede mejorar la reforma de educación superior?

DE : ELMERCURIO.COM/BLOGS/
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Miércoles 05 de octubre de 2016

Eduardo Silva: "Dado que el arancel regulado solo permite cubrir los costos de docencia, es fundamental que existan otros fondos -aportes basales y concursables- destinados a investigación, innovación, infraestructura y otros bienes públicos...

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Frente al pesimismo por la reforma a la educación superior, la indicación sustitutiva que está preparando el Ministerio de Educación puede ser una oportunidad para mejorar los tres ejes fundamentales de esta: una regulación adecuada, el fortalecimiento de la educación pública y el financiamiento de las instituciones y los estudiantes.

Para lo primero se necesita sabiduría práctica. Frente a la desregulación del sistema se aboga por su control y fiscalización. Pero si las regulaciones propuestas son excesivas -y algunas lo son-, se justifica el temor de que se atente contra la autonomía que las universidades requieren. Las atribuciones de la Subsecretaría, de la Superintendencia y del Consejo para la Calidad no pueden ahogar a las instituciones de educación superior.

Para lo segundo, el fortalecimiento de la educación pública, se requiere además un concepto de universidad y el reconocimiento de la heterogeneidad de nuestro sistema. El actual proyecto concede el trato preferencial que merecen las universidades estatales, pero no reconoce la existencia de universidades públicas no estatales, además de las privadas dedicadas fundamentalmente a la docencia de pregrado. 

Aquí, la indicación sustitutiva puede reconocer el rol público tanto a las universidades tradicionales del G9 como a las que naciendo después de 1981 tienen estándares de calidad e inclusión análogos. El reconocimiento de este segundo subsistema permitirá, además, que estas instituciones de calidad puedan acoger la política de gratuidad.

Dado que el arancel regulado solo permite cubrir los costos de docencia, es fundamental que existan otros fondos -aportes basales y concursables- destinados a investigación, innovación, infraestructura y otros bienes públicos.

Para lo tercero, despejado el financiamiento de las instituciones, queda el complejo desafío de la gratuidad universal. El proyecto la consagra como un derecho fundamental, y el realismo indica que su cumplimiento tendrá que ser muy gradual. Dos modificaciones al actual proyecto nos permitirían avanzar en el cumplimiento de este derecho. La primera es abandonar la pretensión de que todo el gasto privado en educación superior sea reemplazado por gasto público; algo no solo imposible, sino además inadecuado. 

Como la formación de un profesional no solo es un bien para el país, sino también un beneficio personal, es de justicia que el beneficiado retribuya por la profesión recibida. Mientras algunos sugieren que el mecanismo sea un impuesto a los graduados, otros prefieren que sea mediante un crédito solidario. Ambos contingentes al ingreso, liberando los sueldos más bajos y gravando con alguna proporción los más altos.

La segunda modificación tomaría en serio que se trata de una política pública y de la consagración de un derecho. Si determinadas universidades cumplen con los requisitos para poder recibir estudiantes en gratuidad, no parece razonable que ellas se nieguen a recibirlos. Si cumplen con los requisitos académicos que la propia universidad determina, no puede cerrar sus puertas a alumnos talentosos que el país está financiando. 

Obviamente, como dijimos, la acogida de esta política pública no puede perjudicar a la institución, pero se deben propiciar las condiciones para que el acceso sea posible para todos los estudiantes talentosos en todas las universidades de calidad.

En su actual estado, el proyecto fomenta y fortalece la existencia de universidades solo para la elite económica, pues los altos aranceles impiden que sean lugares de integración e inclusión.

Eduardo Silva S.J.
Rector Universidad Alberto Hurtado