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DE: CNA CHILE.CL /AGENCIAS ACREDITADORAS
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DE: CNA CHILE.CL /AGENCIAS ACREDITADORAS
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AGENCIAS
Las agencias acreditadoras son instituciones nacionales o internacionales que tienen por objeto la evaluación de la calidad y el desarrollo de los procesos de acreditación de las carreras y los programas de pregrado, magíster y especialidades del área de la salud ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior. Deben estar constituídas como personas jurídicas y considerar el aseguramiento de la calidad como su actividad central.
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Aunque este artículo de CIPER CHILE ya tiene casi cinco años de antigüedad y mucha agua ha pasado bajo el puente después de estas denuncias, el sistema de las agencias sigue en el fondo igual que al principio.
ResponderEliminarSe espera que uno de los puntos más controversiales de la Ref. Universitaria sea justamente la regulación de las Agencias.
Un extracto de lo dicho por Ciper :
Ocurre que junto a la acreditación de las universidades que realiza la CNA, existe otro proceso a través del cual se acreditan las carreras. Esta acreditación es voluntaria salvo en dos disciplinas en función de su relevancia social: médico cirujano y profesor (básica, media, educación diferencial y educadora de párvulos). La ley señala que si estas dos carreras no están acreditadas, los alumnos que postulen a ellas “no podrán acceder a ningún tipo de recursos otorgados directamente por el Estado o que cuenten con su garantía, para el financiamiento de los estudios de sus nuevos alumnos.” Es decir, la acreditación es obligatoria para las universidades que quieren que sus alumnos accedan al CAE.
Dada la importancia del CAE para cada universidad, la presión para acreditar las Pedagogías es muy fuerte. Quienes administran esta presión son agencias privadas, formadas por todo tipo de inversionistas, pues igual como ocurre con los colegios, para tener una agencia acreditadora la ley no exige nada. Por la acreditación de cada carrera suelen cobrar $ 8 millones. Y son muchas carreras.
Para hacerse una idea, hay que considerar que en la actualidad hay más de 60 universidades e institutos que cuentan con plena libertad para formar profesores. Entre ellas lanzan anualmente 10 mil nuevos docentes al mercado. Debido a eso entre 1996 y 2008 la matrícula de estudiantes de Pedagogía se triplicó: pasó de 26.000 a 92.000 en 12 años. Especialistas como Cristián Cox, director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica (CEPPE), han alertado sobre este fenómeno:
-Es una locura, estamos comprometiendo la educación de Chile por los próximos 30 años. Lo que aquí tenemos es cero regulación sobre un recurso humano estratégico para el país. Nadie en el mundo hace eso.
La situación se ve más grave cuando se considera que en la Prueba INICIA 2010, que rinden voluntariamente los egresados de Pedagogía, solo el 1% de los egresados responde bien más del 75% de la prueba “conocimientos pedagógicos”.
Pero lo que puede parecer un grave problema para los especialistas, para las agencias es una oportunidad de trabajo. Si todos los miles de estudiantes quieren acceder al CAE, deben ir a una universidad acreditada. Y para eso están ellos.
Según información de la CNA, la agencia AcreditAcción, la más grande de ellas, ha aprobado 181 carreras y rechazado ocho desde que empezó a operar en junio de 2008. Del total de los procesos llevados adelante con universidades, 156 han sido carreras del área de la Educación: el 82%. Según reconocen sus socios, durante estos cuatro años han tenido ingresos por $1.800 millones.
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Similar situación ocurre con otra de las agencias grandes: Akredita QA. De acuerdo a los datos de la CNA, ha acreditado 178 carreras.
El 67% de los programas procesados por esta agencia son del área de Educación, 11% corresponden al área de Salud. Al 51% de las carreras las ha acreditado por tres años o menos. Y sólo han rechazado dos.
Toda esta maquinaria de acreditación exhibe un problema grave: no logra entregar indicadores reales de calidad de cada una de las universidades a los postulantes. Así lo detectó recientemente una investigación realizada por los investigadores del citado CEPPE, Martín Bascopé, Macarena Domínguez y Lorena Meckes. Ella deja en evidencia que cuando un alumno cree que una Pedagogía acreditada por cinco años es mejor que una no acreditada, puede estar equivocado.
El CEPPE llegó a esta paradoja al cruzar los años de acreditación que daban estas agencias con los resultados obtenidos en la citada prueba: simplemente no había ninguna correlación. Universidades con cinco años de acreditación (que remarcaban ese hecho en su publicidad), tenían en promedio alumnos de más bajo desempeño en INICIA que aquellas que no habían logrado acreditarse.
Las agencias explican que ellas miden un proceso, una coherencia entre lo que la carrera quiere ser y los medios con que cuenta para realizarla.
No miden calidad. Y nadie lo hace. A pesar de que, como lo explican los investigadores del CEPPE, hoy la calidad es cada vez más relevante frente a las carencias que han quedado en evidencia en la discusión pública.
De hecho, el Estado está haciendo esfuerzos importantes para que alumnos de mejores puntajes de la PSU se sientan atraídos por estudiar Pedagogía. Para ello, se instauró la beca “Vocación de profesor”, que financia los estudios de alumnos con alto puntaje en la PSU. ¿En base a qué criterio deben elegir estos estudiantes para no frustrar su vocación y no desaprovechar los recursos fiscales?: la respuesta es que al menos el sistema de acreditación no ofrece ese criterio.
LA MUERTE DEL FISCALIZADOR (CONTINUA)
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EliminarLA MUERTE DEL FISCALIZADOR
Pero las agencias tienen otro gran defecto: sus dueños y funcionarios pasan con demasiada frecuencia del rol de fiscalizador al de fiscalizado.
Durante 2010, por ejemplo, la agencia AcreditAcción, de propiedad de Moisés Silva y José Miguel Rodríguez, entre otros socios, acreditó cuatro carreras de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB): Educación Musical, Educación Física y un programa especial en Enseñanza Media para Licenciados. La última carrera acreditada fue la de Contador Auditor, el 18 de noviembre de ese año. Tres meses y medio después, en marzo de 2011, tanto Silva como Rodríguez fueron contratados por la UNAB: el primero es el actual vicerrector de Aseguramiento de la Calidad en la UNAB y José Miguel Rodríguez su segundo. Ambos siguen siendo socios de AcreditAcción, empresa líder en el negocio de la acreditación de carreras tanto de universidades como de institutos de educación superior.
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Las manifiestas irregularidades de la CNA fueron detectadas por la Contraloría, entidad que puso el acento también en el doble rol de otro funcionario de esa repartición: Carlos Lorca Auger, secretario ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que pasó a ser miembro del directorio de la agencia Akredita QA. (Ver El duro informe de la Contraloría sobre la CNA). La Contraloría objetó las posibles influencias que podría ejercer Lorca en ambos puestos ya que el CRUCH designa a tres integrantes de la CNA y ésta debe fiscalizar a Akredita QA, donde Lorca también trabaja.
En su dictamen final del 19 de noviembre de 2010, la Contraloría señaló: “Si bien el vínculo no es directo, puede afectar su independencia en los procesos donde se deban adoptar decisiones derivadas de la supervisión y seguimiento que le corresponde efectuar a la Comisión y que involucren a la referida Agencia”.
Esta situación, agregó: “Evidencia las debilidades que presenta el actual sistema de supervisión y seguimiento, a fin de garantizar por parte de la CNA el adecuado funcionamiento de las 7 instituciones de acreditación existentes”.
Uno de los dueños de la agencia Akredita QA es el economista, ex candidato presidencial y ex rector de la Universidad Austral, Manfred Max Neef. En agosto de 2009, siendo director del Instituto de Economía de esa universidad, su agencia certificó la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Austral por cuatro años.
Akredita QA es conocida como “la agencia de los rectores”, pues además de Max Neef, son socios Luis Riveros (ex rector de la Chile), Jaime Pozo (de La Serena) y Ubaldo Zúñiga (de la Usach). Este último estuvo formalizado por fraude al fisco en 2009 por las irregularidades en la licitación de la plataforma informática del Registro Civil.
También forman parte de la propiedad de Akredita el ex diputado de Renovación Nacional, Maximiano Errázuriz, quien fue formalizado por fraude al fisco en el uso de las asignaciones parlamentarias, por lo que su partido le quitó su cupo; e Iván Navarro, fundador de la Universidad Blas Cañas (actualmente, Universidad Católica Silva Henríquez). Navarro, a través de la sociedad Lago Vichuquén SpA, es socio de Inversiones Norte Sur, sociedad anónima que maneja nueve colegios y un Centro de Formación Técnica, y que recientemente estuvo a punto de tomar el control de la Universidad Central, con la oposición mayoritaria de alumnos y profesores.
Luis Riveros explica que no hay incompatibilidades en los casos descritos. Y prefiere poner el acento en los temas de fondo: “Hemos fallado en crear una cultura de calidad, de modo que ésta sea algo inherente a la educación. Sólo hemos logrado establecer un sistema de acreditación que le da formalidad al sistema”.
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Para Moisés Silva, socio de AcreditAcción, tampoco hay nada de irregular ni de extraño en que él y su socio hayan saltado de la agencia acreditadora a la universidad acreditada en pocos meses: “No veo cual es el conflicto”, dice.
Y argumenta: “Los que evaluamos a las instituciones somos gente integrada y activa en la academia. No se aceptaría si no fuese así.
Obviamente la gente de la academia se mueve dentro de la academia. Y eso es legítimo porque está buscando mejores opciones laborales. Eso es parte del juego”.
LOS “MERCENARIOS”
Tal vez lo más paradójico de esta historia es que el sistema actual de acreditación es el resultado de un intento por resolver algo peor, que empezó a ocurrir en la enseñanza superior en la década de los ‘90. La frase, “es peor el remedio que la enfermedad” parece haber sido creada para describir procesos como éste.
Según los datos recopilados por CIPER, la primera gran crisis de calidad del sistema educativo ocurrió a comienzos de esa década, cuando un grupo de universidades logró ser declarada “Autónoma”.
La autonomía la otorgaba el Consejo Superior de Educación (CSE) después de un período de observación y análisis. La universidad postulante tenía que mostrar sus balances, explicar sus métodos, develar en detalle cómo funcionaba, tener una buena planta de profesores contratados, bibliotecas de calidad, etc. El CSE tenía que convencerse de que la institución podía autorregularse y dotar de calidad a su proyecto educativo.
Una vez que se conseguía la autonomía, la universidad era libre. Nadie podía decirle qué hacer. Un ex directivo del Mineduc asegura que eso provocó un desbande:
-Cuando consiguieron la autonomía, muchas universidades pudieron abrir todas las carreras y todas las sedes que quisieron sin consultarle ni al Ministerio ni a nadie. Como la oportunidad de negocio era enorme, la universidad que había sido de buena calidad los primeros años, tenía el incentivo para transformarse en mercenaria. Si era autónoma, ahora podía abrir la carrera de Medicina; si impartía Periodismo en Santiago, ahora podía abrir la carrera en Arica. Además, podía despedir a los profesores contratados y reemplazarlos por “profesores taxis” que hacen clases por hora.
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Como algo había que hacer, el Ejecutivo empezó a diseñar un sistema de acreditación que, sin tocar la autonomía de las universidades, pudiera controlar lo que estaba ocurriendo. Se creó así, en 1997, el Consejo Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), una institución extremadamente cuidadosa. Sólo podían hacer pública la información sobre aquellas universidades que obtenían la acreditación: es decir, no podía alejar a los alumnos de las universidades malas. Bajo estos parámetros, la CNAP acreditó alrededor de 500 carreras y 60 instituciones, la mayoría estatales.
Como el problema continuaba, en 2003 el gobierno de Ricardo Lagos decidió discutir en el Congreso un sistema de acreditación. En el mundo hay diversos modelos y amplios debates sobre cuál es el que mejor garantiza la calidad de la educación; pero lo que es claro es que el proyecto del Ejecutivo y la posterior discusión en el Parlamento no recogieron lo mejor de la experiencia internacional.
La propuesta del gobierno mantuvo la total autonomía de las universidades y propuso un proceso de acreditación voluntario. Diversas fuentes concuerdan con Carlos Lorca, director de Akredita QA, respecto de que la Concertación terminó diseñando el Crédito con Aval del Estado (CAE) para conseguir que las universidades participaran. Es decir, se les ofreció dinero. ¿De quién? El dinero de los estudiantes. Y si ellos no pagan, el dinero del Estado.
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ResponderEliminarTal vez la parte más estricta del proyecto era la composición de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación. Se proponía una designación presidencial casi completa. La derecha se opuso tajantemente. Uno de los más enconados opositores de ese acápite fue el diputado (UDI) José Antonio Kast junto a (RN) Germán Becker y (RN) Rosauro Martínez.
-No creemos que por el hecho de que el Estado diga que es garante las cosas van a andar mucho mejor. Es cosa de ver qué pasó en todos los países de la órbita socialista. Todos han fracasado. Sé que no es comparable el tema de los vehículos con el de la educación universitaria, pero si uno hiciera una comparación tan sencilla y preguntara a un ciudadano cualquiera qué auto le gustaría que le regalaran: ¿un Lada, chequeado, supervigilado y revisado quince veces por los fiscalizadores en su época; o un Mercedes Benz?, les aseguro que preferirían el Mercedes Benz -argumentó Kast en uno de los debates en sala. (Ver historial de la ley, página 240)
Las observaciones de los diputados fueron acogidas por el gobierno que modificó el proyecto. Hoy el único miembro designado por el Presidente es quien preside la CNA. El resto, en su mayoría responde a los intereses de las de universidades, CFT e IP.
No fue el único cambio. El proyecto recibió casi 800 indicaciones, lo que es inusual. Todas apuntaron a favorecer la autonomía de las universidades. Se estableció, por ejemplo, que éstas en conjunto con la CNA podían escoger a los evaluadores de su funcionamiento. Y si una universidad no estaba conforme con los profesionales que le habían tocado, podía impugnarlos hasta tres veces. Si el fallo sobre la acreditación institucional resultaba desfavorable, una casa de estudios podía apelar ante la misma CNA y luego, si volvía a perder, podía recurrir al Consejo Superior de Educación. Respecto a la acreditación de carreras, la universidad escoge con qué agencia quiere acreditarse y paga alrededor de $8 millones por el proceso, estableciendo una relación de cliente – empresa, en vez de regulador – regulado.
-Ellos son los clientes, ponen las condiciones y también pueden rechazar a un evaluador -dice Carlos Lorca.
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ResponderEliminarY hay nuevos elementos que convierten a la CNA en una mera oficina de partes: la universidad que no logra superar las pruebas, no recibe ninguna sanción y puede seguir funcionando y publicitándose con la frase “en proceso de acreditación” y formando a los jóvenes que paguen su arancel.
Tras las sucesivas enmiendas la ley quedó como es ahora. Para muchos especialistas la parte más compleja es la composición del CNA, que de ser un organismo independiente de las universidades, se transformó en una mesa donde los intereses de los evaluados están representados. Con ese cambio el sistema de educación superior se quedó sin un ente fiscalizador. Peor aún, la confusión de roles de la CNA empezó a derramar hacia las agencias, transformándose en una práctica común.
Lo más grave es que el aparato público hoy es incapaz de decirle a un estudiante si la institución en la que decide estudiar, haciendo un gran esfuerzo financiero, es de calidad.
El diputado (PS) Carlos Montes, que votó a favor de la ley, dice: “Yo insistí en que esto fuera con una lógica pública, pero el criterio de autorregulación primó. Ahora cada cual se evalúa a sí mismo sin importar el efecto que tenga ante la sociedad”.
Montes acusa que fue el entonces ministro de Educación Sergio Bitar quien “concedió estas cosas y después nos trataba de convencer de que, por cuestiones constitucionales y de votos en el Senado, no quedaba más que replegarse”.
El aludido se defiende con pragmatismo: “Siempre uno enfrenta el dilema de no tener nada, a tener un avance. Y con la postura cerrada de la derecha era imposible hacer la acreditación obligatoria”.
Cuando estos argumentos fueron enarbolados durante la discusión en la Cámara, el diputado Kast enrostró a la Concertación que si su problema era contar con herramientas para cerrar universidades malas, ya las tenía. Y aclaró que lo que le faltaba a la Concertación no eran leyes, sino valor:
-En la actualidad el Ministerio tiene la facultad para cerrar universidades. ¿Por qué no la ejerce? Aquí se dice que las universidades de Playa Ancha, Arturo Prat, de Los Lagos y Arcis -lo han dicho otros colegas- lo hacen mal.
¡Ciérrenlas! ¡Tienen la facultad para ello!
No se atreven, porque no están dispuestos a pagar el costo político de cerrar una universidad. Prefieren, en cambio, poder cerrar primero una carrera, luego una sede, y así ir eliminando a los que piensan distinto lentamente. Con eso se acaba la libertad de enseñanza.
Por eso es tan grave cerrar sedes y carreras, y no la universidad, para lo cual hay que tener fundamentos claros y concretos y pagar un costo político que no están dispuestos a asumir –afirmó Kast.
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En suma Caval. SQM. PENTA. Corpesca y la formalización de todos sus actores es un cuento infantil comparado con el negocio de las IES
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