GRATUIDAD SIN BRÚJULA

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En un Estado sabe lo que quiere en Educación y tiene políticas públicas de educación, requiere instrumentos institucionales para operar sus objetivos de formación científica, técnica y humanística. Más aún si la educación pública de calidad es una política de implementación de un derecho social básico que debe constar en el pacto constitucional. Lo actuado en torno al Presupuesto ha traslucido la evidencia de que tal pacto en la práctica no existe, y la respuesta a los problemas –de calidad o financiamiento– siempre está sujeta a la precariedad de un pronunciamiento de ocasión
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