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A partir de los resultados, la fiscalía podría formalizar a los centros de estudios, los que arriesgarían incluso la personalidad jurídica.
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No obstante, también se solicitaron informes sobre las universidades UNIACC, Bernardo O'Higgins, Andrés Bello, Gabriela Mistral, Autónoma de Chile, Las Américas y los centros de formación técnica Simón Bolívar, INCACEA, AIEP, Escuela Moderna de Música, Instituto Profesional Arcos y ESUCOMEX .
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