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DE LA SEGUNDA.COM
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La propuesta contempla penas de presidio menor en su grado medio, multas de 100 a 1.000 UTM, inhabilitación por 10 años y comiso de las ganancias ilegales.
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La iniciativa de los parlamentarios introduce un nuevo tipo penal para sancionar a directores, gerentes y administradores de Instituciones de Educación Superior que pretendan obtener algún beneficio de modo ilegal, incluyendo un artículo nuevo en la Ley General de Educación.
Al respecto, Walker recordó que pese a que el artículo 53 de la Ley General de Educación (LGE) establece que las universidades que no tengan carácter estatal serán siempre corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, "todos hemos sido testigos de reiteradas denuncias que muestran cómo estas instituciones han vulnerado sistemáticamente el espíritu de la ley".
Por ello, el legislador DC agregó que "el no al lucro corre el riesgo de quedarse en una mera consigna, porque no existe una definición concreta de lo que deberíamos entender como lucro. Por otra parte, la autoridad no cuenta con suficientes atribuciones para realizar una adecuada fiscalización del cumplimiento de la normativa".
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, enfatizó que este proyecto busca "derechamente, penalizar a las personas que participen en la configuración de estas conductas".
Walker indicó que "en dichos casos, proponemos introducir en nuestra legislación la aplicación de penas privativas de libertad, presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años); multa de 100 a 1.000 UTM; inhabilitación para que los condenados se desempeñen en el mismo ámbito hasta por 10 años; y comiso de las ganancias ilegales".
Finalmente, el parlamentario declaró que “creemos que con esta propuesta, que esperamos se convierta prontamente en ley, estamos dando una señal clara y potente para el futuro en orden a evitar que se siga abusando de los vacíos regulatorios que existen en el ámbito de la educación superior”.
Al respecto, Walker recordó que pese a que el artículo 53 de la Ley General de Educación (LGE) establece que las universidades que no tengan carácter estatal serán siempre corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, "todos hemos sido testigos de reiteradas denuncias que muestran cómo estas instituciones han vulnerado sistemáticamente el espíritu de la ley".
Por ello, el legislador DC agregó que "el no al lucro corre el riesgo de quedarse en una mera consigna, porque no existe una definición concreta de lo que deberíamos entender como lucro. Por otra parte, la autoridad no cuenta con suficientes atribuciones para realizar una adecuada fiscalización del cumplimiento de la normativa".
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, enfatizó que este proyecto busca "derechamente, penalizar a las personas que participen en la configuración de estas conductas".
Walker indicó que "en dichos casos, proponemos introducir en nuestra legislación la aplicación de penas privativas de libertad, presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años); multa de 100 a 1.000 UTM; inhabilitación para que los condenados se desempeñen en el mismo ámbito hasta por 10 años; y comiso de las ganancias ilegales".
Finalmente, el parlamentario declaró que “creemos que con esta propuesta, que esperamos se convierta prontamente en ley, estamos dando una señal clara y potente para el futuro en orden a evitar que se siga abusando de los vacíos regulatorios que existen en el ámbito de la educación superior”.
¿Y el resto de los paladines de la Educación Superior Gratuita?
ResponderEliminar¿No se sumaron a la iniciativa?