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miércoles, 12 de junio de 2013

RECTORES DEL CUECH FORMULAN PROPUESTAS PARA UN NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA DISCUSIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL PAÍS

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DE UTEM-TODOS
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Estimados colegas y miembros de la comunidad UTEM:

Tengo el agrado de compartir con ustedes, el paper denominado “Propuestas para un Nuevo Sistema de Educación Superior”, documento que es fruto de un trabajo mancomunado de análisis y debate en el seno del Consorcio  de Universidades del Estado de Chile de cada uno de los Rectores de la Universidades miembros de éste.

Como todos ustedes bien saben, un elemento fundante de lo que significa hacer Universidad, es justamente discutir en torno a ideas relevantes que construyan la visión de lo que queremos como Nación, pues bien, consideren el documento que comparto ahora con todos ustedes, como un insumo que debe aportar al debate en un tema absolutamente relevante y atingente a la realidad  que nos toca vivir como miembros de una Institución de Educación Superior del Estado.  Atentamente,

Luis Pinto Faverio

Rector  Universidad Tecnológica Metropolitana
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Propuestas para un nuevo sistema de educación superior:
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1. La filosofía del Estado mínimo en educación
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El hecho que marca el más significativo punto de inflexión en la política nacional desde hace ya varios años, e introduce una contradicción sustantiva en la misma, es que la sociedad chilena ha venido demandando cambios estructurales en las políticas públicas que se han desarrollado desde los años 80 en materia de educación.

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La Educación Pública tardó cerca de un siglo y medio en consolidarse, desde el documento titulado “Instrucción Primaria: Disposiciones Fundamentales sobre la Materia”, publicado en 1813, donde se estableció la función educacional como responsabilidad del Estado. Esta definición política se extendió ininterrumpidamente hasta 1981. Es a partir de ese año que se inicia un proceso de sustitución de este rol de Estado para ser transferido a la iniciativa privada. 

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El Estado como proveedor de educación se relativiza y se diluye. Los tres procesos principales de debilitamiento de este rol se evidencian con la municipalización de la educación general básica y media, el desmembramiento de las universidades estatales y el subsidio a la demanda como única forma de financiamiento de la educación superior, además de la apertura de la educación como un negocio para el sector privado.
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La filosofía de la reforma de 1981 tuvo, como se sabe, sus bases conceptuales y su sustento en la declaración del principio de libertad para elegir, así como en la lógica de mercado como mecanismo de coordinación y asignación de recursos. Según ésta la educación y el conocimiento son bienes que pueden ser transados en el mercado, que producen una rentabilidad privada, de modo que su financiamiento debe responder a estos supuestos. Es decir, no es concebida como Propuestas para un nuevo sistemade educación superior un derecho social que tenga al Estado, en representación de la sociedad, como un sujeto obligado a proveer la prestación de ese mismo derecho.

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El resultado de la aplicación de esta racionalidad y del proceso a que dio lugar, se expresa en establecimientos educacionales básicos y medios con alto deterioro de su calidad formativa, profesores mal remunerados, asignaturas en muchos liceos de regiones sin profesores que las sirvan, grandes brechas en resultados SIMCE, PISA, TIMMS y PSU entre colegios municipales públicos, subvencionados y particulares pagados, además de la defraudación y frustración de miles deestudiantes universitarios, para nombrar algunos de los males que aquejan a nuestro sistema educativo.

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A la misma filosofía o racionalidad de mercado ha respondido la ausencia de un Estado con facultades reguladoras y fiscalizadoras, a pesar de los cuantiosos recursos públicos que se han transferido a la educación privada, vía subvenciones, en el caso escolar, y vía créditos, becas y exenciones tributarias, en el caso de la educación superior.

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Lo que se concluye es un abandono del Estado en materia educacional, no sólo como actor relevante en su administración y ejecución, sino que, especialmente, en su capacidad de regulación, supervisión y garante del bien general. 

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Todo ello responde coherentemente a la extrema doctrina liberal en cuya virtud el único Estado que se justifica es aquél que ha sido reducido a su mínima expresión social y política.

2. El malestar social y la reducción de la educación superior estatal


Como consecuencia del proceso antes descrito, la ciudadanía demanda gratuidad progresiva en educación superior, la prohibición del lucro, la educación como un derecho social garantizado, la calidad y la equidad sumados a un rol más vigoroso del Estado. El actual modelo no ha podido ni puede resolver dichas demandas y por lo mismo se requiere de una reforma estructural del mismo.

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El movimiento estudiantil ha vuelto a posicionar en el ideario público la conciencia del rol fundamental que desempeña la educación pública en la consolidación de los principios y valores colectivos que sustentan la democracia y lagarantía de los derechos fundamentales en nuestra sociedad.

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Además, sin educación pública de calidad es imposible preservar la matriz
de provisión mixta en educación, entendida como la legítima posibilidad de llevar adelante distintos proyectos educativos, pero en ningún caso como la convivencia de sistemas mercantiles y públicos de financiamiento. 

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La educación pública debe formar ciudadanos para convivir democráticamente, velar por el bien común y garantizar calidad, de tal forma que favorezca la integración social y un mayor nivel de cohesión, a partir de una educación inclusiva y no segregadora, que es lo que ahora sucede. Desgraciadamente, el sistema educacional en el país se ha convertido en la principal herramienta para la constitución de guetos socioculturales.
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El futuro de la educación superior pública está amenazado, porque las universidades estatales compiten en desigualdad de condiciones con instituciones privadas. Algunas de las razones de esta incertidumbre de la educación superior estatal son la preeminencia de los mecanismos de mercado, el menor financiamiento y las restricciones burocráticas que las han obligado a autofinanciarse, incluso poniendo en riesgo su misión pública. El mercado introduce una variable perversa cuando nos referimos a la educación, porque no estamos hablando de un bien de consumo, sino de un derecho social que se debe garantizar.
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Todos los indicadores muestran una baja sostenida del financiamiento por
la vía de la oferta y al mismo tiempo, un aumento sostenido de los subsidios a la demanda (becas y créditos). Del mismo modo, se ha sustituido el financiamiento de la función de investigación, propia de instituciones complejas, por un sistema de fondos concursables y de subsidios cruzados desde el pregrado a la investigación.

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Asimismo, en la medida que el país incrementó sus recursos, los aumentos
en el gasto en Educación Superior, por la vía del subsidio a la demanda, se
constituyeron en incentivo para el crecimiento sin regulación del sector privado.

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En el caso de las universidades estatales, esto ha implicado que su participación en el sistema de educación superior no supere el 20%, en contraposición a países latinoamericanos como Uruguay (87%), Argentina (73%) y México (68%), o países desarrollados como Dinamarca (98%), Australia (92%) y Finlandia (81%), que basan su crecimiento económico en una educación pública de calidad como estrategia de desarrollo. Como se sabe, para la gran mayoría de los países la educación estatal y pública ocupa un lugar relevante, mientras que en Chile cumple un rol meramente
subsidiario.

.3. Necesidad de una nueva base conceptual
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Pero un modelo o paradigma de políticas públicas, como se sabe, no está
constituido sólo por leyes o mecanismos de incentivos de unos comportamientos determinados, pues junto a esos componentes y de modo muy relevante se agrega la producción e instalación de un conjunto de significados y categorías de observación y análisis que pasan a convertirse en discursos hegemónicos que llegan a ser transversales, incluso más allá de adhesiones políticas diferenciadas.

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Al amparo de una terminología, normalmente proveniente de las doctrinas
económicas neoclásicas, tales significados y categorías suelen calificarse como propias de un análisis técnico o ideológicamente neutral. Este hecho, que ciertamente ha ocurrido en Chile, no es necesariamente aparente o advertido por todos los actores, y por lo mismo puede dificultar la identificación de causas, problemas y respuestas de carácter estructural como los que presenta la educación en nuestro país. Este mismo fenómeno luego deriva en interferencias para la comunicación y la necesaria convergencia democrática.

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Por esta misma consideración, los rectores de las universidades formulamos nuestra propuesta invitando a observar la realidad de la educación chilena desde una base conceptual cualitativamente distinta a los supuestos ideológicos que orientan la institucionalidad de la educación desde1981.

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II. Nuestra propuesta
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1. Universidades para el desarrollo nacional

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Los Rectores de las Universidades Estatales reafirmamos nuestra convicción de la necesidad de fortalecer el sistema estatal y público en educación superior.

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Ello no es contradictorio con un sistema de provisión mixta, en el sentido antes expuesto, donde el sector público tenga un rol preponderante. Esto requiere de una nueva visión respecto de la responsabilidad del Estado en Educación Superior, la que se debe expresar en un compromiso político que asuma las crecientes demandas de calidad, de progresiva gratuidad y que garantice el acceso con equidad y de acuerdo a los méritos de la gran mayoría de los estudiantes de nuestro país.

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La educación debe ser una Política de Estado y por ello lo más alejada de la contingencia político-partidaria y de los intereses subalternos derivados de entender la educación como una actividad mercantil en busca de lucro.

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En educación el afán de lucro termina desviando el foco principal de atención, que siempre debe ser la calidad del respectivo proyecto educativo.
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La educación es la herramienta clave para el desarrollo integral de los pueblos, pues asegura movilidad, inclusión, integración social y mayor calidad de vida para las personas. También es la clave para fortalecer el desarrollo equilibrado de los territorios y poder transformar nuestra economía desde una basada en materias primas hacia una más intensiva en conocimiento e innovación.

.Propugnamos, por lo mismo, una reforma estructural al sistema de financiamiento que fortalezca como primera prioridad el pilar público en Educación Superior. Para ello, es indispensable cambiar el paradigma del subsidio a los estudiantes por un subsidio a las instituciones públicas bajo un Propuestas para un nuevo sistema de educación superior régimen de contratos marco de mediano y largo plazo, evaluables a la luz de objetivos de política pública al servicio del desarrollo nacional.
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 2. Nuevos deberes y carácter de las universidades estatales
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En concreto, en la actual situación las universidades estatales podrían ampliar de modo significativo su matrícula de pregrado, sin perder la calidad y pertinencia de su formación, siempre que cuenten para ello con el respaldo de una política pública más vigorosa. Nuestras instituciones han visto estancada su matrícula debido a que las políticas públicas han fomentado una mayor oferta privada por la vía de incrementar sustancialmente el financiamiento de la demanda (Crédito con Aval del Estado), al tiempo que restringieron el crecimiento de nuestro sector a nomás de un 6% anual, debiendo agregar a esto innumerables rigideces de orden burocrático y financiero para hacer nuevas inversiones, hasta el punto de hacerlas impracticables para las instituciones estatales.

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La ampliación de la matrícula debe responder a criterios de equidad, tanto desde el punto de vista económico y social, como respecto de la integración territorial y regional. Un sistema de educación superior debería garantizar el accesode las personas talentosas, con independencia del lugar en el que nacieron, o de la condición socioeconómica de origen.
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Para estos propósitos resulta vital disponer de Universidades del Estado y Centros de Formación Técnica del Estado en cada región del país, del mayor nivel de calidad, con la suficiente amplitud de áreas y complejidad para realizar todas las funciones pertinentes a sus respectivas misiones institucionales y públicas.
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Además, nuestras instituciones están disponibles para asumir el compromiso de un acceso garantizado a los mejores alumnos de sus respectivos cursos, complementando y modernizando la Prueba de Selección Universitaria e instaurando programas remediales que aseguren niveles de éxito y titulación a los alumnos de sectores vulnerables.
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Para materializar estos compromisos, se impone la necesidad de un nuevo contrato social entre las Universidades del Estado de Chile y el Gobierno. 
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Un contrato con altas exigencias en la formación de capital humano avanzado tanto Propuestas para un nuevo sistema de educación superior de pregrado como de postgrado, en la investigación básica y aplicada, en la vinculación con el medio y la extensión universitaria.
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Por otro lado, la reforma del sistema requiere, además, de un nuevo marco jurídico que derogue las normas aún vigentes de la LOCE en la Ley General de Educación (LGE) y releve el rol del Estado y de las instituciones públicas.
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Este nuevo marco regulatorio debe establecer para las universidades estatales un régimen jurídico que les permita desarrollarse y complementarse con otras instituciones que persigan fines públicos en pro del bien común.
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Este documento expresa el resultado de un conjunto de reflexiones que, como Rectores de las Universidades Estatales, hemos hecho a lo largo de estos años. 
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Las propuestas más concretas que hacemos a continuación se organizan en dos áreas temáticas referidas, respectivamente, tanto a una nueva institucionalidad para la educación superior, como a las modificaciones que requiere su sistema de financiamiento.
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PROPUESTAS ESPECÍFICAS  : CONTINÚA EN PÁGINA SUPERIOR ...

4 comentarios:

  1. Por favor Claudio publica el documento en el Blog, hay mucha gente que lee tu blog que no es de la UTEM y no tiene correo institucional

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  2. Llama la atención que este documento universitario no contenga ninguna autocrítica a la forma en que han cumplido su rol la educación pública nacional y las universidades estatales chilenas desde su creación.

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  3. Este documento, aunque un poco tardío, será una buena base para encauzar la discusión entre los partidarios del libre mercado en la Educación Superior y los defensores de la Educación Pública.
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  4. Bien rectores CUECH....se esperaba esto....para que el "nuevo compromiso" resulte, efectivamente, implicará una tarea de cada Universidad y del establishment del gobierno de turno.
    Que buena la citación de la AFAUTEM, ojalá se incluya en la tabla y se aborde el tema también allí.

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