LAS PROPUESTAS ESPECIFICAS DEL CUECH

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DE UTEM-TODOS,  SEGUNDA PARTE
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 III. Propuestas específicas para una nueva institucionalidad

Desde nuestra mirada, la nueva institucionalidad del sistema debiera contener las siguientes reformas y objetivos:

1. Creación de un nuevo marco regulatorio : 
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Se requiere, en primer lugar, derogar las normas aún vigentes de la LOCE  en la Ley  General de Educación (LGE) y reemplazarlas por una Nueva Ley General de Educación Superior. En esta ley se debe mantener la prohibición del lucro en las universidades y extenderlo a los institutos Profesionales y centros de formación técnica. 

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Al mismo tiempo, se deben elevar los requisitos para obtener el reconocimiento oficial y el licenciamiento de las instituciones, carreras y sedes, las que deben certificarse periódicamente.

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Esta ley también debiera definir los tipos de instituciones, estableciendo que sólo pueden ser universidades aquéllas que realizan investigación de manera general o en áreas específicas, desarrollando postgrados y extensión y que dispongan, a la vez, de una planta estable de capital humano avanzado.

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Las medidas específicas de esta Ley deben ser:

.a. Establecer un nuevo proceso de licenciamiento, con requisitos diferenciados según las carreras que se entregarán, con obligación de nuevo licenciamiento para apertura de nuevas carreras y sedes.

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b. La existencia de plantas docentes, infraestructuras para laboratorios y bibliotecas como condiciones previas a todo licenciamiento o acreditación. Deberán contar Propuestas para un nuevo sistema de educación superior con una estructura curricular de acuerdo al tipo de institución al que se aspira, y a las carreras o programas que se impartirán. Otra condición previa es la propiedad sobre un porcentaje relevante de los inmuebles en que se prestan los servicios de la Universidad.

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c. Establecer estándares de calidad verificables en variables como retención y titulación oportuna.

.d. Establecer un catálogo de derechos y  deberes  de los  estudiantes, académicos y funcionarios, que contemple, entre otros, el pluralismo y la libertad académica.

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e. Reforzamiento de la institucionalidad pública.

.f. Mantener prohibición de lucro y establecer mecanismos de certificación de ello ante la autoridad. 

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Obligación de informar y auditar estados financieros y trasparentar destino de excedentes.

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Imposibilidad de venta o traspaso de universidades. 

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Establecimiento de obligaciones patrimoniales y personales para los miembros de directorios, administradores y representantes.

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Regulación de los órganos directivos.

g. Prohibición de arrendar franquicias para instalación u operación de sedes o carreras.

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h. Establecer la obligación de acreditar la permanencia de los requisitos de licenciamiento cada cierto tiempo, abandonando la idea de un licenciamiento perpetuo y extensivo a áreas no examinadas. Revocación del reconocimiento oficial ante pérdida de los requisitos anteriores.

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i. Condicionalidad de exenciones tributarias a efectiva reinversión de utilidades.

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2. Nueva naturaleza jurídica para las universidades estatales:  

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La nueva legislación debe contener disposiciones que establezcan la naturaleza jurídica específica de las universidades del Estado, de tal forma que sea coherente con su misión y propósitos, garantizando su modernización, asegurando su financiamiento y respetando su autonomía. En consecuencia, la forma jurídica
debiese ser la de una corporación de derecho público sujeta a un estatuto jurídico propio, no asimilable a los servicios públicos de la administración central del Estado ni a las empresas públicas.

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3. Creación de un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

.Este Ministerio debe generar la política general del sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, planificar, administrar y asignar recursos, además de controlar y evaluar los resultados del sector. Para ello debe relacionarse con todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del sistema, incorporar a CONICYT y a las universidades acreditadas en investigación en la definición de políticas, programas e instrumentos de desarrollo y fomento de la investigación y formación de capital humano avanzado, tanto a nivel nacional como de las regiones.

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Un Ministerio de Educación Superior debería tener al menos las siguientes funciones:
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a. Planificación, estudios y evaluación de las políticas de educación superior.

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b. Definición de las políticas de educación superior.

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c. Diseño de ejecución y control de la política de financiamiento de la educación superior.

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d. Responsabilidad sobre la política de ciencia y tecnología y de capital humano avanzado.

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e. Mantener un sistema de información sobre todos los aspectos relevantes de la educación superior.

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f. Desarrollo de políticas de mejoramiento continuo de la calidad.

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g. Función de control y auditoría para todas las instituciones de educación superior.

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h. Creación de una agencia de becas de posgrados nacionales e internacionales.

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En materia de Ciencia y Tecnología, la principal propuesta consiste en la necesidad de contar con una política que sea el reflejo de una visión pública y de Estado, donde las universidades públicas jueguen un rol relevante, debido a que en ellas se produce el 95% de la investigación científica nacional y porque en este sector hay para el país mayor certeza debido a la misión de estas
instituciones.

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La política de ciencia y tecnología debe abocarse a las siguientes tareas:

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a. Satisfacer las necesidades de investigación científica y tecnológica de las diferentes áreas de prioridad y de las demandas específicas que realicen tanto el sector público como el privado.

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b. Alcanzar un nivel de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación equivalente al 1,5 por ciento del PIB en los próximos cinco años.

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c. Incrementar la productividad científica aumentando el número de publicaciones, patentamientos y postgraduados.

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d. Fortalecer programas de formación de capital humano avanzado en las universidades del país, particularmente en regiones.

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e. Crear en las regiones, nuevas condiciones de empleo atractivo y estable, para radicar en ellas Capital Humano calificado, capaz de generar nuevas oportunidades de desarrollo, a través de iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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f. Generar una vinculación sistemática con la industria (sociedades empresariales de nivel nacional), poniendo a disposición de éstas las capacidades científicas y tecnológicas de las universidades con el objeto de mejorar la competitividad del país y el desarrollo en base al conocimiento, cautelando adecuadamente criterios de reciprocidad.

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g. Desarrollar un sistema nacional de investigación, el cual debe contar con una base de datos que facilite la asociatividad y la sinergia entre investigadores; avanzar en la definición de indicadores de calidad de la investigación, y solicitar cuenta pública, con su respectivo análisis de
productividad, a las universidades en lo que respecta a fondos concursables de investigación.

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h. Fortalecer el desarrollo de las ciencias sociales, las humanidades y la educación, para que contribuyan al desarrollo social, al análisis y propuestas ante los conflictos y demandas nacionales.
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i. Fomentar la colaboración entre Universidades Públicas en materia de ciencia y tecnología.

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j. Formular e implementar un Plan Nacional Descentralizado de Equipamiento Mayor según distintas disciplinas, distribuido territorialmente en macrozonas.

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4. Reforma sustancial del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que contemple una Superintendencia de Educación Superior y una Agencia de Aseguramiento de la Calidad.

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No es posible mantener un sistema desregulado y sin fiscalización. En este sentido, postulamos que las instituciones del sistema universitario, tanto públicas como privadas, deben estar sometidas a la más completa transparencia y rendición de cuentas de la totalidad de sus ingresos y egresos, y que debe existir fiscalización por parte del Estado de la ley que prohíbe el lucro hoy en las universidades y, luego de las modificaciones propuestas anteriormente, en todo el sistema de educación superior.

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La Superintendencia de Educación Superior debe tener las siguientes facultades:

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a. Dotarla de similares atribuciones a las que ya posee la Superintendencia de Educación, además de otras, en especial en materia de dictámenes obligatorios, facultades de inspección y fiscalización, capacidad de efectuar auditorias y recabar toda información necesaria, dictación
de medidas cautelares, etc.

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b. Potestad normativa para generar interpretación vinculante sobre la legislación universitaria.

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c. Atribuciones para recibir y recabar toda la información académica, financiera y operacional necesaria. Sistema de información centralizado y no separado.

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d. Establecimiento de un sistema de procesamiento de denuncias y resolución de conflictos.

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Respecto a las funciones de aseguramiento de la calidad y de acreditación de instituciones, sedes y carreras, debe contemplarse lo siguiente:

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a. Asegurar la debida vinculación entre el sistema de acreditación y las funciones de la Superintendencia de modo de garantizar coherencia y eficacia a las tareas de uno y otra.

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b. Acreditación obligatoria, a cargo de académicos que actúen como funcionarios públicos de alta calificación y representativos de la diversidad cultural e intelectual del país.

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c. Centralización del sistema de información sobre educación superior en la Superintendencia, sin diferenciar entre lo patrimonial y lo académico, de acuerdo al concepto de calidad total y facilidad al público.
d. Establecimiento de estándares de calidad y condiciones de operación, cuya verificación esté a cargo del sistema de aseguramiento y en especial de la Superintendencia.

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e. Facultad de suspensión de matrícula, cierre temporal de carreras y cierre de sedes o Instituciones por motivos de calidad o violación de normas.

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5. El Estado debe retomar su compromiso y responsabilidad con la educación profesional y técnica de nivel superior.

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Para ello, promovemos la creación de un sistema técnico profesional nacional y estatal bajo el liderazgo de las universidades estatales que permita un incremento sostenido en la matrícula de formación técnica.

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Cabe señalar que el déficit de técnicos y profesionales alcanza hoy en Chile los 600.000, y por ello, es indispensable aumentar la cobertura de la formación técnica, así como la calidad y  pertinencia en los programas.

.Las universidades estatales están contribuyendo a atender este desafío, pero ello aún es insuficiente. Se requiere que las políticas públicas institucionalicen Propuestas para un nuevo sistema de educación superior una red estatal para la formación técnica que permita establecer vínculos con organismos gubernamentales y empresariales destinada a generar un modelo articulado de formación técnica para un Chile desarrollado.

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Estas medidas permitirán generar un círculo virtuoso a través de la colaboración, intercambio y transferencia institucional, así como aprovechar las sinergias que en conjunto contribuyan al reconocimiento social y económico de la formación técnica como un eslabón fundamental para el desarrollo y crecimiento
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IV. Propuestas especìficas para un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.

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En nuestra opinión, debemos enfocarnos hacia una nueva estructura de financiamiento del sistema educativo en que la educación sea considerada un Derecho que el Estado debe garantizar, a través principalmente de una oferta pública, de calidad y progresivamente gratuita.

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Esto exige dejar atrás, en lo que respecta a las universidades estatales, las políticas de autofinanciamiento que las obligan a actuar en una lógica de mercado y de competencia, sin obedecer a una política nacional que las oriente.

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Por lo mismo, el sistema público debe ser financiado directamente y no mediante subsidios (becas y créditos), sujeto a compromisos evaluables.

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Esto implica, que las universidades estatales deben compartir la autonomía de gestión con el Estado mediante la articulación de su Plan de Desarrollo con la Política Pública y a través de Contratos Marcos de mediano y largo plazo.

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El nuevo instrumento de financiamiento debe consistir en Contratos Marco de cinco a diez años, que contemplen un mayor Financiamiento Basal (que cubra un porcentaje significativo de la operación e inversión de la institución), mediante los cuales las instituciones se comprometen al cumplimiento de objetivos de política nacional.

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Los Contratos Marco pueden también desarrollar formas de compartir la autonomía de gestión de las universidades con el Estado a nivel regional. Además, también podrían ser utilizados para implementar políticas de personal y de dignificación de la carrera funcionaria y académica.

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Estos contratos podrían también financiar medidas que regulen el sistema académico de pre y postgrado y su vinculación con la formación continua, las carreras técnicas y profesionales.

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Como parte de una nueva relación del Estado con sus Universidades, estas instituciones están dispuestas a asumir los siguientes compromisos:

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a. Otorgar gratuidad a los alumnos hasta donde las condiciones financieras del país lo permitan.

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b. Expandir significativamente la matrícula de pre y postgrado, de modo de garantizar la inclusión social.

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c. Garantizar la integración a la vida universitaria de los estudiantes mediante programas de nivelación de conocimientos, capital cultural, competencias blandas, etc.

.d. Mantener una oferta de formación pública de calidad en todo el territorio nacional, incluyendo la articulación entre diferentes niveles de formación de pregrado. En particular, mantener una oferta de formación de calidad en pedagogía, humanidades, ciencias sociales y artes para todo el territorio nacional.

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e. Realizar el rediseño curricular que el país demanda y que se requiere para generar una oferta de pregrado que optimice los tiempos de duración de las carreras y que responda a las necesidades de profesionales y técnicos de las regiones y el país.

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f. Desarrollar la ciencia y tecnología de calidad vinculada al potencial y requerimientos de los territorios.

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g. Ampliar el acceso masivo a la cultura y las artes en todo el territorio nacional.

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Desde la perspectiva de los Rectores de las Universidades Estatales, nos parece que es indispensable acoger este conjunto de propuestas para el bien de la educación que Chile necesita y merece.

PUNTA ARENAS, 24 de abril de 2013.

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