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Hemos presenciado una elaborada presentación de ideas acerca del sentido público que toda función universitaria conlleva.
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La discusión, alcanzando alturas conceptuales en su intento por definir la esfera de lo público y, muy especialmente, por diferenciarla de la de lo estatal, parecía orientada a enfatizar la homogeneidad de las entidades que constituyen el sistema universitario.
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Una estrategia para minimizar diferencias es restar relevancia a aquellas características que son más reconociblemente distintas. Desde luego, el carácter estatal o privado de la propiedad de una universidad suele tener un valor binario carente de ambigüedad, lo que hace conveniente que a ese carácter se le quite importancia.
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Pero en la propuesta de que las universidades deben considerarse todas públicas parece estar en juego, además, una motivación pragmática: el carácter público de todas las universidades iguala la legitimidad para acceder a financiamientos públicos.
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Sin embargo, así puestas las cosas, podría resultar ventajoso para todos los protagonistas despachar el tema manifiesto, la definición de lo público, y poner sobre la mesa el tema encubierto, el financiamiento.
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