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El jueves pasado, el Ministerio de Educación notificó a la Universidad Arcis de la investigación que inició en su contra por los supuestos desórdenes financieros acusados por ex directivos del plantel.
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Además, el ministro prepara la reapertura de las indagatorias contra las universidades Santo Tomás, SEK, Uniacc y Pedro de Valdivia, las que habían sido sobreseídas en la administración anterior.
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Así, el Mineduc asumirá la investigación contra once planteles en medio de la ascendente presión estudiantil por acabar con el lucro y de la tramitación en el Congreso del proyecto que crea el interventor estatal.
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Por estos casos, los ministros Harald Beyer y Carolina Schmidt dijeron –cada cual en su minuto–, que no habían encontrado irregularidades para decretar el cierre o sanciones en contra de estas instituciones.
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El viernes, estudiantes secundarios de la ACES, junto a federaciones universitarias, presentaron un requerimiento en Contraloría para que se fiscalice si Eyzaguirre está ejerciendo su labor en el caso de las universidades sospechosas de lucrar.
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El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el DC Mario Venegas, respalda la reapertura de las indagatorias y señala que no hay por qué esperar los resultados del proceso que lleva adelante la Fiscalía para tomar decisiones.
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“Si es así, a mí me parece muy bien. Nos había parecido muy raro que se hubiera sobreseído a los planteles sin información y sin decirnos el por qué.
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NOTA EDITOR : Pareciera que, luego de esta información, que la ley que crea la figura de interventor universitario es indispensable y urgente.
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No obstante, para que pueda ser efectiva y no generar una sucesión de conflitos que produzcan problemas aún mayores que los vividos por la U. del Mar, debe estar jurídicamente bien hecha.
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De lograrse lo anterior, estaríamos ad-portas de la liberación de Chile de una serie de falsas universidades que han engañado a varias generaciones de estudiantes haciéndoles creer que con el goñpe de una varita mágica se transformarían en profesionales de primer nivel.
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Ojalá
que algunos de los cientos de abogados del Parlamento, tanto diputados,
senadores como funcionarios, aporten soluciones técnicas que hagan
jurídicamente viables las intervenciones.
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En caso contrario, las investigaciones del MINEDUC sólo destaparán la crisis subterránea pero no podrán darles solución, dejando de pasada una "pata de gallo" mucho peor que la producida en laU. del Mar.
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