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Jueves 26 de mayo de 2016
Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Juan Zolezzi: "Junto con lo anterior, los miembros de la Agencia Nacional deben ser nombrados por méritos académicos y no por ser representantes de grupos particulares de instituciones; así logramos tener un debate más elevado respecto del rol que deben jugar las distintas instituciones de educación superior..."
En las últimas décadas, el número de instituciones de educación superior ha aumentado explosivamente. Si en 1980 existían ocho universidades, ya en 2013 aumentaron a 60.
Los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) no existían a comienzos de la década de los ochenta y, sin embargo, ya para 2013 había 44 y 61 de estos respectivamente.
También ha crecido el número de matrículas en instituciones de educación superior. En 1983 aproximadamente 110.133 estudiantes estaban inscritos en universidades; en 2012 esto se incrementó a alrededor de 685.977. Una evolución parecida han tenido los IP y los CFT, aumentando su matrícula en 284.181 y 100.346 estudiantes respectivamente (Fuente: SIES).
Lo anterior puede ser explicado a partir de la reforma de 1981 y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (1990), donde se liberalizó la creación de instituciones de educación superior. Hubo una masiva explosión de instituciones privadas que, junto al creciente abandono de las distintas instituciones de educación superior por parte del Estado, desencadenó que se incurriera en mecanismos propios del sector privado para su supervivencia y sustentabilidad, tales como el aumento de matrícula, la diversificación de oferta académica y la proliferación de sedes por todo el país.
También ha crecido el número de matrículas en instituciones de educación superior. En 1983 aproximadamente 110.133 estudiantes estaban inscritos en universidades; en 2012 esto se incrementó a alrededor de 685.977. Una evolución parecida han tenido los IP y los CFT, aumentando su matrícula en 284.181 y 100.346 estudiantes respectivamente (Fuente: SIES).
Lo anterior puede ser explicado a partir de la reforma de 1981 y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (1990), donde se liberalizó la creación de instituciones de educación superior. Hubo una masiva explosión de instituciones privadas que, junto al creciente abandono de las distintas instituciones de educación superior por parte del Estado, desencadenó que se incurriera en mecanismos propios del sector privado para su supervivencia y sustentabilidad, tales como el aumento de matrícula, la diversificación de oferta académica y la proliferación de sedes por todo el país.
Esto generó grandes dudas respecto de la calidad de los programas que impartían las diferentes casas de estudio, lo que llevó a la ciudadanía, y especialmente a los estudiantes, a manifestar su interés respecto de la rendición de cuentas de dichas instituciones.
Hoy, nuevamente, se abre el debate acerca del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, pero esta vez enmarcado dentro de la reforma a la educación superior, proyecto que ingresará a la Cámara de Diputados en junio, por lo que queremos contribuir al debate acerca de algunos criterios mínimos que debería tener este nuevo sistema.
En primer lugar, señalar que calidad no es lo mismo que acreditación. Esta última es más bien una fotografía del estado actual de una institución de educación superior, pero no asegura que exista un mejoramiento continuo de la calidad en dichas casas de estudios. Por eso, el nuevo sistema debe tener mecanismos internos enfocados en crear una cultura organizacional de la calidad en cada una de las instituciones de educación superior existentes, y no solo contar con mecanismos de regulación externos.
Nos parece que la nueva definición de calidad debe tener énfasis en la sustentabilidad de las instituciones de educación superior, en sus sistemas internos de gestión de calidad y en sus políticas, mecanismos y resultados a mediano y largo plazo.
Proponemos que el mecanismo de aseguramiento de la calidad a lo largo del ciclo evolutivo de una institución tenga mayores exigencias para su reconocimiento oficial y licenciamiento; una autonomía sujeta a acreditación institucional posterior y una autonomía revocable ante cambio de "controladores", evaluando la totalidad de funciones de las universidades. Pese a ello, la acreditación no solo debe ser obligatoria para las IES, sino que también para los diferentes programas que dictan.
De esta manera, a nivel de carreras de pregrado, se debe hacer hincapié en la eficiencia formativa, los resultados de aprendizaje, la inserción de los egresados, la vinculación con el entorno social y productivo; se debe hacer el nexo con las pruebas nacionales de habilitación profesional (Eunacom) y la existencia de agencias especializadas públicas dependientes de la Agencia de la Calidad.
Además, se debe unificar el Servicio de Información de Educación Superior y el ÍNDICES, con el objeto de crear un sistema único de información de educación superior que facilitará el análisis de datos y ayudará a la evaluación de las diferentes políticas públicas.
Junto con lo anterior, los miembros de la Agencia Nacional deben ser nombrados por méritos académicos y no por ser representantes de grupos particulares de instituciones; así logramos tener un debate más elevado respecto del rol que deben jugar las distintas instituciones de educación superior.
Finalmente, debe haber una adecuada coordinación entre la Agencia, la Superintendencia y la Subsecretaría, evitando la duplicidad de tareas, para lo que es necesario establecer un marco apropiado que consagre con claridad los derechos y deberes de cada una de las instituciones.
Juan Zolezzi Cid
Rector
Universidad de Santiago de Chile
Hoy, nuevamente, se abre el debate acerca del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, pero esta vez enmarcado dentro de la reforma a la educación superior, proyecto que ingresará a la Cámara de Diputados en junio, por lo que queremos contribuir al debate acerca de algunos criterios mínimos que debería tener este nuevo sistema.
En primer lugar, señalar que calidad no es lo mismo que acreditación. Esta última es más bien una fotografía del estado actual de una institución de educación superior, pero no asegura que exista un mejoramiento continuo de la calidad en dichas casas de estudios. Por eso, el nuevo sistema debe tener mecanismos internos enfocados en crear una cultura organizacional de la calidad en cada una de las instituciones de educación superior existentes, y no solo contar con mecanismos de regulación externos.
Nos parece que la nueva definición de calidad debe tener énfasis en la sustentabilidad de las instituciones de educación superior, en sus sistemas internos de gestión de calidad y en sus políticas, mecanismos y resultados a mediano y largo plazo.
Proponemos que el mecanismo de aseguramiento de la calidad a lo largo del ciclo evolutivo de una institución tenga mayores exigencias para su reconocimiento oficial y licenciamiento; una autonomía sujeta a acreditación institucional posterior y una autonomía revocable ante cambio de "controladores", evaluando la totalidad de funciones de las universidades. Pese a ello, la acreditación no solo debe ser obligatoria para las IES, sino que también para los diferentes programas que dictan.
De esta manera, a nivel de carreras de pregrado, se debe hacer hincapié en la eficiencia formativa, los resultados de aprendizaje, la inserción de los egresados, la vinculación con el entorno social y productivo; se debe hacer el nexo con las pruebas nacionales de habilitación profesional (Eunacom) y la existencia de agencias especializadas públicas dependientes de la Agencia de la Calidad.
Además, se debe unificar el Servicio de Información de Educación Superior y el ÍNDICES, con el objeto de crear un sistema único de información de educación superior que facilitará el análisis de datos y ayudará a la evaluación de las diferentes políticas públicas.
Junto con lo anterior, los miembros de la Agencia Nacional deben ser nombrados por méritos académicos y no por ser representantes de grupos particulares de instituciones; así logramos tener un debate más elevado respecto del rol que deben jugar las distintas instituciones de educación superior.
Finalmente, debe haber una adecuada coordinación entre la Agencia, la Superintendencia y la Subsecretaría, evitando la duplicidad de tareas, para lo que es necesario establecer un marco apropiado que consagre con claridad los derechos y deberes de cada una de las instituciones.
Juan Zolezzi Cid
Rector
Universidad de Santiago de Chile
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