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POR : RUBÉN COVARRUBIAS, RECTOR U. MAYOR
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SE HACE difícil saber qué propone el Gobierno con la reforma a la educación superior. Es difícil, porque pareciera que su estrategia contempla entregas parcializadas que van cambiando cada mes, lo que provoca gran incertidumbre.
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POR : RUBÉN COVARRUBIAS, RECTOR U. MAYOR
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SE HACE difícil saber qué propone el Gobierno con la reforma a la educación superior. Es difícil, porque pareciera que su estrategia contempla entregas parcializadas que van cambiando cada mes, lo que provoca gran incertidumbre.
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También se ha conocido el término de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, la cual será reemplazada por la Agencia de la Calidad de la Educación Superior.
La CNA ha tenido avances sustantivos y ha actuado con profesionalismo y rigurosidad. Ha transparentado plenamente su actuar. Ha incorporado nuevos criterios de acreditación con una verdadera y real participación de los incumbentes. Ha solucionado conflictos de interés de sus integrantes. En resumen, más allá de las diferencias que se pueda tener con sus decisiones, no cabe duda que ha funcionado y cumplido con asegurar la calidad del funcionamiento de las instituciones
Si esto es reconocido transversalmente ¿por qué entonces el Gobierno se empeña en hacer desaparecer una organización que ha funcionado? Con asombro se observa que los cambios no dan solución a los problemas de la ley y lo que se propone presenta sesgos inaceptables de una mayor intervención de las instituciones.
La nueva Agencia nace sin autonomía. Queda bajo la tutela de una Subsecretaría de Educación Superior dotada con poderes absolutos. Se incorpora como parte de una red de organismos controladores y de vigilancia de la educación superior y los 11 Consejeros que la integrarían, son designados por el Presidente de la República, con el riesgo de que sus decisiones tengan los sesgos propios del gobierno de turno. Se genera así un grave error ya que una de las virtudes de la actual CNA es su absoluta autonomía.
Inadecuado resulta también que se mantenga el pago a sus consejeros por sesión. No es posible que una función tan relevante para el país la tengan que desempeñar respetados profesionales robándole tiempo a sus actividades principales, con reuniones semanales. La Comisión merece ser integrada por profesionales a jornada completa, con dedicación exclusiva, inamovibles en sus cargos y con absoluta autonomía.
Por otra parte, es correcta la decisión de que los Consejeros deban ser destacados académicos del sistema de educación superior. Sin embargo, estarían inhabilitados si están asociados o son miembros de alguna institución, si ejercen funciones directivas o si tienen un vínculo contractual con una institución de educación superior. Es decir, o importamos profesores del extranjero o no se puede integrar el Consejo.
Finalmente, al establecer que las funciones de la Agencia sean las de supervigilar la viabilidad académica y financiera, denota un fuerte sesgo de desconfianza y se olvida del concepto de acreditación, que se fundamenta en una abierta y voluntaria decisión para autoevaluarse y conocer en profundidad sus fortalezas y debilidades. Este proceso es un elemento movilizador de la comunidad académica, que está orientado a que la universidad en conjunto con la Agencia, adopte las medidas que potencien sus fortalezas y remedien sus debilidades. Nada de esto se contempla en la propuesta.
Una vez más la política de romper con los cimientos de la institucionalidad se hacen presentes, sin considerar la historia, la experiencia y los avances que se han alcanzado en más de una década de funcionamiento de la CNA. No es sano ni riguroso, que se piense que todo está mal. Esta lógica es equivocada.
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