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AUNQUE INGENUAMENTE SE PUDIERA CREER QUE LA GGR ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE CONTROLAR EXHAUSTIVAMENTE LOS ORGANISMOS ESTATALES, LA EXPERIENCIA DERIVADA DE LOS TRADICIONALES INFORMES DE AUDITORÍA PRUEBAN QUE ESTE CONTROL ES EN BASE A MUESTRAS Y SÓLO OBSERVAN ASPECTOS FORMALES DE LOS TRÁMITES PRESTABLECIDOS.
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El mal uso de los dineros fiscales extraídos ilegalmente mediante el inflamiento de los contratos del MOP y luego distribuidos en sobres cerrados a diferentes funcionarios en calidad de sobresueldos no fue descubierto por la CGR, pese a los montos involucrados, no sino fue consecuencia de un lío lateral externo que provocó la intervención de la Fiscalía y los tribunales.
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Posiblemente el legislador supuso que los Contralores Internos de cada institución actuarían con el debido celoe independencia, controlando no sólo aspectos formales sino también la sustancia y el fondo de cada operación financiera.
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Así también, el legislador supuso que la ley de transparencia podría acotar algunas malas prácticas. Sin embargo, ello supone que alguien se atrevería a investigar y luego denunciar. Obviamente ello ocurre en rarísimas ocasiones, salvo algunos casos de conflictos entre los involucrados o despido de funcionarios bien informados.
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Lamentablemente, nadie puede aspirar que este sea el mecanismo real de Control, sino que debiera existir un mecanismo efectivo de control del gasto que garantice independencia y oportunidad.
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En el caso de las Universidades, el rol contralor de los Consejos Superiores o Juntas Directivas está mal diseñado, de modo que en la práctica no pueden cumplir su función en forma efectiva.
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