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BUENO SERÍA ESCUCHAR EL CONSEJO QUE SOLICITÓ.
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Desde el inicio del período presidencial, el Ejecutivo comenzó a trabajar en esta reforma, que para muchos es la gran promesa del gobierno de la Presidenta Bachelet. Como parte de esta tarea, las autoridades solicitaron una serie de informes con recomendaciones al Banco Mundial, entidad cooperativa que reúne a 188 países y que entre otras materias ofrece asistencia sobre créditos y nuevas políticas públicas.
Uno de los temas consultados al organismo con sede en Washington apunta a sugerencias para el establecimiento de estándares de calidad. El documento, que fue entregado al Mineduc en junio de 2015 y al que accedió La Tercera, hace un diagnóstico de las falencias y fortalezas del país, al tiempo que propone un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad para hacer frente a los cambios.
Propuesta
Según el informe, el actual sistema padece de falta de claridad en las responsabilidades de los órganos relacionados con el Mineduc. Se refiere al Consejo Nacional de Educación (CNED), Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y la Divesup. “La coordinación entre las partes no han generado el nivel de articulación que se requiere”, dice el documento y agrega que los planteles “perciben una confusión en el sistema, en las reglas y en los actores encargados de los procesos”.
Esta falencia es reconocida por el presidente del CNED, Pedro Montt: “La actual ley no dejó claro el rol de rectoría, existe coordinación, pero ésta no tiene misión ni mando. Esto hay que resolverlo para trabajar mejor”.
Según el documento, a lo anterior se suma que la acreditación es voluntaria y que el período de licenciamiento dura infinitamente, sin la necesidad de la venia de la CNA. En este lapso, los planteles duplican y hasta triplican su matrícula sin control de calidad, advierte el texto.
Es por estos puntos que el Banco Mundial sugiere al gobierno que debe hacerse cargo de la calidad de los programas ofrecidos y propone hacer obligatoria la acreditación (ver detalle). Dicho proceso constaría de dos pasos: la certificación institucional y a un grupo de carreras ofrecidas al azar por cada plantel, las que serán fijadas por un ente fiscalizador (actual CNA).
Para el académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, este último punto generará debate, ya que hay consenso en “Chile sobre la certificación obligatoria, pero no de la integralidad con los programas”.
Al respecto, Montt agrega que “mezclar ambas acreditaciones significa un mayor esfuerzo de parte de la CNA”.
El informe también señala que se deben aumentar los estándares de exigencias con indicadores medibles, como por ejemplo el número de profesores, qué tipo de infraestructura tiene el plantel, etc. “Esto es peligroso porque este tipo de estándares entran en conflicto con la autonomía e identidad de los recintos”, estimó el director de Acción Educar, Raúl Figueroa.
En esta lógica, el Banco recomendó que para crear un plantel, previa acreditación, sería necesario que el Mineduc o una superintendencia autorizaran el plan y la viabilidad económica de la institución en su arranque. La idea, según el informe, es que el Estado se responsabilice de aquellos recintos que autoriza con el objetivo de “proteger al estudiante de una mala provisión”.
En este punto, Figueroa comentó que esto es de vital importancia para asegurar “que el proyecto que se ofrecerá sea viable en el tiempo y resguarde, con esto, el bienestar de los alumnos”.
Asimismo, el documento explicó la relevancia de que el país configure un marco de cualificaciones, el que tendrá como misión uniformar el sistema y que permitirá acceder a información útil para comparar logros y desafíos a nivel nacional e internacional. Lo que, según el banco, reforzaría la movilidad estudiantil.
Otro de los puntos que sugirió es que el aumento de matrícula de cada recinto tendrá que estar sujeta a las condiciones de mejora de cada institución.
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