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Al definir la elegibilidad universitaria por un criterio de años de acreditación, el mejor conocido relacionado con calidad, se rompe la dicotomía CRUCh-no CRUCh, lo que es necesario. Además, en este caso específico alinea el beneficio con la vulnerabilidad y la calidad universitaria.
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Si prospera la idea, como nuevas universidades serán elegibles para el beneficio, se requiere mayor financiamiento. Este provendría en gran parte de los recursos que estaban inicialmente anunciados y destinados para 55 mil alumnos del Duoc UC, institución que tiene siete años de acreditación. Este contingente de alumnos representa al menos un cuarto de los beneficiarios inicialmente calculados, por lo que efectivamente cortarles el beneficio resulta cundidor.
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Es del todo obvio que una ley corta que discrimine por acreditación entre universidades e instituciones de formación técnico-profesional (IFTP) debe ser para el TC igualmente discriminatoria que la glosa. El criterio acreditación definido por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) no diferencia entre el sector universitario y el técnico-profesional, y cuatro años de una universidad no son diferentes a cuatro años para un CFT o un IP.
El aumento de la Beca Nuevo Milenio para los alumnos que opten al sector técnico-profesional es un paliativo por excluir, sin otro fundamento que el presupuestario, a un sector que atiende a más de medio millón de alumnos, casi la mitad de los estudiantes de educación superior. Por ello, mantiene la discriminación, a menos que la beca cubra el arancel real.
Quien piense que la discriminación está resuelta cuando no se discrimina entre universidades, ni tampoco se hace entre instituciones de educación técnico-profesional, pero sí se discrimina entre ambos tipos de instituciones, no piensa bien desde la perspectiva de la educación superior. No solo eso; se mantiene una gran incoherencia ampliamente difundida, cual es sostener en el discurso que la educación técnico-profesional es prioritaria y, en la práctica, impulsar una sistemática discriminación que perjudica a los estudiantes que optan por la educación técnico-profesional.
En la eventualidad de que prospere una ley como la señalada, en la que se discrimine por años de acreditación entre instituciones de educación superior, sería incoherente que los mismos parlamentarios que recurrieron al TC a raíz de la glosa no lo vuelvan a hacer.
La falta de diálogo del Gobierno con el sector técnico-profesional ha ahondado en su desconocimiento, pero no nos engañemos, también obedece a que ha sido la presión del sector universitario la que ha influenciado decisivamente a la clase política, lo que refleja elitismo, carencia de justicia y una falta de visión que simplemente es asustadora.
Ricardo Paredes
Rector Duoc UC
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LEER EN : EL MERCURIO.COM / CUERPO A-2/ DISCRIMINACIÓN IPs / PAREDES /
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¿ SE RESUELVE LA DISCRIMINACIÓN ?
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Nos hemos informado por la prensa de que el Gobierno evalúa promover una
ley corta para impulsar la gratuidad, la que abordaría el
cuestionamiento del TC por la discriminación asociada a la glosa
presupuestaria. Se trataría de una norma que exige a todas las
universidades cuatro años de acreditación, lo que resolvería la
discriminación de la glosa para las universidades. .
Al definir la elegibilidad universitaria por un criterio de años de acreditación, el mejor conocido relacionado con calidad, se rompe la dicotomía CRUCh-no CRUCh, lo que es necesario. Además, en este caso específico alinea el beneficio con la vulnerabilidad y la calidad universitaria.
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Si prospera la idea, como nuevas universidades serán elegibles para el beneficio, se requiere mayor financiamiento. Este provendría en gran parte de los recursos que estaban inicialmente anunciados y destinados para 55 mil alumnos del Duoc UC, institución que tiene siete años de acreditación. Este contingente de alumnos representa al menos un cuarto de los beneficiarios inicialmente calculados, por lo que efectivamente cortarles el beneficio resulta cundidor.
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Es del todo obvio que una ley corta que discrimine por acreditación entre universidades e instituciones de formación técnico-profesional (IFTP) debe ser para el TC igualmente discriminatoria que la glosa. El criterio acreditación definido por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) no diferencia entre el sector universitario y el técnico-profesional, y cuatro años de una universidad no son diferentes a cuatro años para un CFT o un IP.
El aumento de la Beca Nuevo Milenio para los alumnos que opten al sector técnico-profesional es un paliativo por excluir, sin otro fundamento que el presupuestario, a un sector que atiende a más de medio millón de alumnos, casi la mitad de los estudiantes de educación superior. Por ello, mantiene la discriminación, a menos que la beca cubra el arancel real.
Quien piense que la discriminación está resuelta cuando no se discrimina entre universidades, ni tampoco se hace entre instituciones de educación técnico-profesional, pero sí se discrimina entre ambos tipos de instituciones, no piensa bien desde la perspectiva de la educación superior. No solo eso; se mantiene una gran incoherencia ampliamente difundida, cual es sostener en el discurso que la educación técnico-profesional es prioritaria y, en la práctica, impulsar una sistemática discriminación que perjudica a los estudiantes que optan por la educación técnico-profesional.
En la eventualidad de que prospere una ley como la señalada, en la que se discrimine por años de acreditación entre instituciones de educación superior, sería incoherente que los mismos parlamentarios que recurrieron al TC a raíz de la glosa no lo vuelvan a hacer.
La falta de diálogo del Gobierno con el sector técnico-profesional ha ahondado en su desconocimiento, pero no nos engañemos, también obedece a que ha sido la presión del sector universitario la que ha influenciado decisivamente a la clase política, lo que refleja elitismo, carencia de justicia y una falta de visión que simplemente es asustadora.
Ricardo Paredes
Rector Duoc UC
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LEER EN : EL MERCURIO.COM / CUERPO A-2/ DISCRIMINACIÓN IPs / PAREDES /
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