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Gratuidad para los más vulnerables: ¡Es posible!
LEER EN : EL MERCURIO.COM / CUERPO A-2 / BAYER /
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Gratuidad para los más vulnerables: ¡Es posible!
"EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, NINGUNA SOLUCIÓN DE CORTO PLAZO PUEDE SER ÓPTIMA"
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"La principal debilidad (del proyecto de ley corta) es política, porque excluye a universidades estatales con tres años de acreditación. Sin embargo, hay espacio para incorporarlas; se puede usar el capítulo de fortalecimiento de la educación superior pública incluída en el Presupuesto del año 2016 para financiar la gratuidad de estas universidades ... ".
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El oficialismo enviará un proyecto de ley que, entre otros aspectos, reformula el marco institucional de la educación superior. Hasta ahora se han anunciado solo algunos trazos del mismo (N.E. Ya se dispone de un borrdor).
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Además, el marco institucional que ingrese al Congreso puede diferir mucho del que termine aprobándose. La deliberación de ese proyecto va a ser larga y compleja. Es difícil intentar, entonces, definir un mecanismo de asignación de los recursos contemplados para la gratuidad que satisfaga tanto las aspiraciones de ese futuro marco, que evidentemente debió haberse planteado antes de avanzar en la gratuidad, como las restricciones que impone el marco actual y, por cierto, el fallo del Tribunal Constitucional.
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En estas circunstancias, ninguna solución de corto plazo puede ser óptima.
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Con todo, como el objetivo ahora es asegurar gratuidad para el 50% más vulnerable, rasgar vestiduras por una visión particular es una actitud exagerada. Por un lado, no hay mayores objeciones en el país a que la gratuidad alcance a los más vulnerables. La discusión está respecto de si los más acomodados también deberían ser objeto de esa política o más bien, como estimo más razonable, receptores de un crédito contingente al ingreso.
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Por otro, las decisiones que se tomen en esta etapa no van a moldear el desarrollo futuro del sistema de educación superior. Por ello, quizás el camino más razonable es articular esta política de corto plazo en torno a unos pocos ejes generales que, cabe suponer, se van a mantener en el futuro: calidad, preferencia por estudiantes vulnerables y responsabilidad fiscal.
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El debate que viene buscará agregar otras dimensiones que se asociarán a la política de gratuidad y que las instituciones de educación superior tendrán que aceptar o rechazar incorporar. Las nuevas generaciones de estudiantes tomarán nota de estos hechos, pero los actuales no deberían quedar atrapados por un debate que aún no ha comenzado.
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Tomando como referencia este criterio general, una ruta posible es definir el universo de los beneficiados por la gratuidad como los estudiantes de los primeros cinco deciles que estén matriculados o se matriculen en instituciones con cuatro años o más de acreditación.
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El costo de esta alternativa es del orden de $556 mil millones si se utilizan los criterios definidos por la autoridad en la glosa, es decir, el arancel regulado incrementado en hasta 20% (las cifras son tentativas porque no son públicos los antecedentes que se emplean en los cálculos de gobierno). Este costo aparece como superior a los recursos disponibles en la glosa contemplada para la gratuidad ($537 mil millones), pero se acerca mucho si se recuerda que respecto de la propuesta gubernamental se están aumentando los estudiantes beneficiados, muchos de los cuales reciben en la actualidad becas. Si se optara por este camino, del orden de 290 mil estudiantes del 50% más vulnerable que asiste a las diversas instituciones de educación superior accederían a la gratuidad.
Una debilidad potencial de esta propuesta es que el fallo de mayoría del TC contenga una visión específica respecto de las condiciones que debe cumplir la glosa de gratuidad, pero es difícil de imaginar ese "activismo". .
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La principal debilidad, entonces, es política, porque excluye a universidades estatales que tienen tres años de acreditación. Sin embargo, hay espacio para incorporarlas; se puede utilizar el capítulo de fortalecimiento de la educación superior pública incluida en el Presupuesto 2016 para financiar la gratuidad de estas universidades por medio de una nueva glosa o ampliando alguna de las existentes. Específicamente, se podría incorporar como recursos de nivelación de la calidad por un monto equivalente a los necesarios para financiar la gratuidad de los cinco primeros deciles de esas instituciones.
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No es una solución muy elegante, pero permitiría enfrentar la debilidad mencionada.
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Ahora, ello significaría sumar un costo adicional de aproximadamente $24 mil millones y algo más de 13 mil jóvenes a la gratuidad. Los costos totales pueden ser algo más elevados que los montos actualmente definidos en la glosa, pero la diferencia no exige grandes reasignaciones. El universo potencial superaría las 300 mil personas.
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Por cierto, algunas instituciones, aunque cumplan los requisitos, podrían voluntariamente excluirse porque el arancel regulado definido por el Ministerio de Educación no tiene un soporte técnico razonable o pueden sentir que quedan atrapadas en una decisión que luego no podrán revertir si el nuevo marco institucional afecta sus proyectos educacionales. Habrá, además, personas que cuestionarán la solución, porque incorpora a instituciones que en su opinión no deberían ser merecedoras de este beneficio.
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Sin embargo, en las circunstancias actuales, un programa de transición de estas características parece el camino más razonable.
Harald Beyer
Centro de Estudios Públicos
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El oficialismo enviará un proyecto de ley que, entre otros aspectos, reformula el marco institucional de la educación superior. Hasta ahora se han anunciado solo algunos trazos del mismo (N.E. Ya se dispone de un borrdor).
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Además, el marco institucional que ingrese al Congreso puede diferir mucho del que termine aprobándose. La deliberación de ese proyecto va a ser larga y compleja. Es difícil intentar, entonces, definir un mecanismo de asignación de los recursos contemplados para la gratuidad que satisfaga tanto las aspiraciones de ese futuro marco, que evidentemente debió haberse planteado antes de avanzar en la gratuidad, como las restricciones que impone el marco actual y, por cierto, el fallo del Tribunal Constitucional.
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En estas circunstancias, ninguna solución de corto plazo puede ser óptima.
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Con todo, como el objetivo ahora es asegurar gratuidad para el 50% más vulnerable, rasgar vestiduras por una visión particular es una actitud exagerada. Por un lado, no hay mayores objeciones en el país a que la gratuidad alcance a los más vulnerables. La discusión está respecto de si los más acomodados también deberían ser objeto de esa política o más bien, como estimo más razonable, receptores de un crédito contingente al ingreso.
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Por otro, las decisiones que se tomen en esta etapa no van a moldear el desarrollo futuro del sistema de educación superior. Por ello, quizás el camino más razonable es articular esta política de corto plazo en torno a unos pocos ejes generales que, cabe suponer, se van a mantener en el futuro: calidad, preferencia por estudiantes vulnerables y responsabilidad fiscal.
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El debate que viene buscará agregar otras dimensiones que se asociarán a la política de gratuidad y que las instituciones de educación superior tendrán que aceptar o rechazar incorporar. Las nuevas generaciones de estudiantes tomarán nota de estos hechos, pero los actuales no deberían quedar atrapados por un debate que aún no ha comenzado.
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Tomando como referencia este criterio general, una ruta posible es definir el universo de los beneficiados por la gratuidad como los estudiantes de los primeros cinco deciles que estén matriculados o se matriculen en instituciones con cuatro años o más de acreditación.
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El costo de esta alternativa es del orden de $556 mil millones si se utilizan los criterios definidos por la autoridad en la glosa, es decir, el arancel regulado incrementado en hasta 20% (las cifras son tentativas porque no son públicos los antecedentes que se emplean en los cálculos de gobierno). Este costo aparece como superior a los recursos disponibles en la glosa contemplada para la gratuidad ($537 mil millones), pero se acerca mucho si se recuerda que respecto de la propuesta gubernamental se están aumentando los estudiantes beneficiados, muchos de los cuales reciben en la actualidad becas. Si se optara por este camino, del orden de 290 mil estudiantes del 50% más vulnerable que asiste a las diversas instituciones de educación superior accederían a la gratuidad.
Una debilidad potencial de esta propuesta es que el fallo de mayoría del TC contenga una visión específica respecto de las condiciones que debe cumplir la glosa de gratuidad, pero es difícil de imaginar ese "activismo". .
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La principal debilidad, entonces, es política, porque excluye a universidades estatales que tienen tres años de acreditación. Sin embargo, hay espacio para incorporarlas; se puede utilizar el capítulo de fortalecimiento de la educación superior pública incluida en el Presupuesto 2016 para financiar la gratuidad de estas universidades por medio de una nueva glosa o ampliando alguna de las existentes. Específicamente, se podría incorporar como recursos de nivelación de la calidad por un monto equivalente a los necesarios para financiar la gratuidad de los cinco primeros deciles de esas instituciones.
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No es una solución muy elegante, pero permitiría enfrentar la debilidad mencionada.
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Ahora, ello significaría sumar un costo adicional de aproximadamente $24 mil millones y algo más de 13 mil jóvenes a la gratuidad. Los costos totales pueden ser algo más elevados que los montos actualmente definidos en la glosa, pero la diferencia no exige grandes reasignaciones. El universo potencial superaría las 300 mil personas.
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Por cierto, algunas instituciones, aunque cumplan los requisitos, podrían voluntariamente excluirse porque el arancel regulado definido por el Ministerio de Educación no tiene un soporte técnico razonable o pueden sentir que quedan atrapadas en una decisión que luego no podrán revertir si el nuevo marco institucional afecta sus proyectos educacionales. Habrá, además, personas que cuestionarán la solución, porque incorpora a instituciones que en su opinión no deberían ser merecedoras de este beneficio.
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Sin embargo, en las circunstancias actuales, un programa de transición de estas características parece el camino más razonable.
Harald Beyer
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