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" Universidades: la discusión de fondo"
(N.E. : O, una larga historia que nos debiera avergonzar)
"El mundo político apoyó transversalmente la forma en que se financió la expansión del sistema universitario en Chile... "
Un intenso e inesperado debate entre la ministra de Educación y el rector de la Universidad de Chile se ha observado en las últimas semanas. La discusión se suscitó luego del envío de un oficio por parte del Consejo Nacional de Educación a esa cartera, en el que, a propósito de la apelación a este organismo por la negativa de la Comisión Nacional de Acreditación a concederle dicha acreditación a la Universidad de las Américas, se cuestiona la contratación por parte de este plantel de algunos servicios educacionales con el grupo Laureate, que es también su controlador.
El análisis del Consejo establecería que los precios de transferencia por estos servicios son de mercado, pero duda de la utilidad de los mismos, sugiriendo una vía indirecta de extracción de excedentes. Sin embargo, el Consejo no tiene las capacidades para dilucidar si la compra de esos servicios es pertinente, y es curioso que una institución de estas características actúe sobre la base de impresiones en asuntos tan delicados. Corresponde, entonces, que el Ministerio de Educación realice una investigación seria antes de tomar una decisión.
Por eso, es curiosa la actitud del rector de la Universidad de Chile, quien parece exigir resultados antes de que las indagaciones se realicen. El estudio sobre la existencia de lucro requiere tiempo, como lo ha probado la larga investigación penal que está realizando el Ministerio Público sobre la misma materia.
La ministra ha actuado correctamente al abrir las investigaciones correspondientes y asegurar que se realicen de acuerdo con el marco institucional vigente. La ley obliga a los gobiernos a cautelar el cumplimiento de la prohibición del lucro, pero no les da herramientas apropiadas para esa tarea. Atendiendo a esta realidad, el Gobierno envió un proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior, el que no ha avanzado suficientemente en el Congreso, pero es difícil atribuirle al Ejecutivo la responsabilidad de esa situación.
Es cierto que en el pasado -en otros gobiernos- ocurrieron transacciones entre sociedades relacionadas de distintas universidades, incluida la Universidad de las Américas, que cambiaron el control de las mismas y que podrían haber ameritado alguna investigación de parte del ministerio.
Que eso no haya ocurrido puede ser razón de molestia, pero no habría que dirigirla contra el gobierno actual o su ministra.
Ahora bien, esta discusión oculta otra más de fondo, y que dice relación con el desarrollo del sistema de educación superior desde el retorno a la democracia.
Había en ese momento una gran demanda por acceso a la educación superior, en especial a las universidades. Esta pudo haberse atendido por las instituciones del Consejo de Rectores, pero los recursos públicos destinados a educación superior, como proporción del presupuesto de educación, cayeron sistemáticamente hasta 2007. En ese contexto, la demanda se satisfizo por un crecimiento de las nuevas universidades privadas.
Como no hubo recursos públicos, existió una muy limitada filantropía y se prohibió el lucro, la mayoría de las universidades aseguraron infraestructura y servicios similares a través de la inversión realizada por sociedades relacionadas, que luego se ofrecía a las corporaciones universitarias, práctica que no está prohibida y que permitió financiar la expansión del sistema.
Eso fue apoyado transversalmente por el mundo político y resulta una hipocresía sostener algo en contrario. Por cierto, presentaba riesgos y creaba conflictos de interés que requerían un marco regulatorio.
Este no se hizo en su momento y está ahora en discusión.
Es legítimo cuestionar si el enfoque que entonces se eligió para satisfacer la demanda por educación superior fue el adecuado. Pero todo esto requiere de un debate realizado con altura de miras y no de una controversia inconducente.
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Resulta lamentablemente decirlo, pero el rector Victor Perez, supuestamente concertacionista, debe cargar ahora con la vergüenza de lo que no se hizo durante los 20 años de gobierno de la Concertación con el beneplácito o el silencio de todos los rectores de Ues. estatales durante ese largo periodo (incluído nuestro rector).
ResponderEliminarSin duda que tiene razón en lo esencial de su reclamo presente, pero avergüenza que tan poco se hubiera dicho respecto a las transferencias de dueños de Ues. privadas que ponían de manifiesto el lucro subyacente a sus operaciones regulares.
Más aún cuando esto fue denunciado hace ya algunos años por la periodista M. Olivia Monkeberg de Ciper Chile en dos libros ampliamente difundidos en el país y en el extranjero.
Más aún, si varios destacadas ex autoridades de los gobiernos concertacionistas se han posicionado en diversas universidades con más o menos fines de lucro en altos cargos directivos e incluso formando parte de sus directorios y de la propiedad de las mismas.