Hasta la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC, Estados Unidos, llegará mañana miércoles el Coordinador Nacional de la agrupación Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, junto al abogado Sebastián Weinborn para entablar una demanda contra el Estado de Chile por la estafa contra miles de estudiantes de la carrera de Criminalística Forense que impartía la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).
Con la firma de cerca de 500 estafados los exalumnos buscarán un reconocimiento y resarcimiento efectivo por parte del Estado luego de agotar todas las instancias posibles en el país. La última de ellas fue el 4 de enero de este año, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema -integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Arturo Prado- rechazó los recursos de casación interpuestos por el grupo de exestudiantes y el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) por publicidad engañosa.
Ahora, sin embargo, irán a demandar al Estado chileno bajo la premisa del ‘derecho a la vida digna’, cuestión que según Rojas y Weinborn se vio directamente vulnerada porque por medio de esa estafa, el derecho a un proyecto de vida y a la búsqueda de movilidad social mediante los estudios superiores no fue resguardado por el Estado.
“En su momento demandamos a la U y la empresa Servicios Educacionales Celta S.A. por publicidad engañosa al momento de ofrecer la carrera de perito criminalista, asegurándonos un amplio campo laboral. Y la Contraloría en varias ocasiones le señaló al rector de la época y su consejo superior, que tenía dos representantes del Gobierno, que esta fórmula era ilegal porque la UTEM no podía delegarle la potestad de impartir clases y entregar títulos a una empresa privada”, dice Rojas.
Sin embargo, en estos nueve años no ha ocurrido nada. Hay cosas, cuenta Rojas, en que excompañeros de esa “carrera” terminaron pensionados por depresión e incluso hay algunos casos de suicidios de personas que invirtieron tiempo y dinero en estudiar para convertirse en Perito Criminalístico.
La oferta, en los folletos y dípticos que son parte de los documentos que entregarán en Washington, ofrecía campo laboral en el entonces futuro nuevo sistema judicial, con cupos de trabajo en Carabineros, Gendarmería, la PDI y el Ministerio Público.
La situación de los exalumnos incluso ha sido nombrada como ejemplo de desregulaciones en el sistema por la misma ministra de Educación, Adriana Delpiano, junto a la crisis de la Universidad del Mar y otras instituciones. Así lo hizo el miércoles pasado tras la presentación del proyecto de reforma a la educación superior en la Cámara de Diputados.
Por eso, a pesar de perder en las tres etapas del sistema judicial chileno, Rojas confía en que en el organismo dependiente de la OEA se pueda resolver algo que a todas luces fue publicidad engañosa, más allá de lo que diga la Corte Suprema.
“No nos queda otra porque además de lo que nos ocurrió a nosotros, se siguen creando carreras, cerrando instituciones y lo más importante: sigue gente endeudándose en vez de solucionar un gran problema”, señala Rojas.
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