"Finalmente, el Estado es cómplice de las instituciones que no cumplen con una calidad mínima" señaló Rector de la PUC.

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EN MARZO LLEGARÁ LA HORA DE LAS UNIVERSIDADES

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HABLAR CLARO NO ES COSTUMBRE NACIONAL

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 "Lo prioritario no es la gratuidad universal, es la calidad", señaló.

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Y no duda en criticar lo que, a su juicio, no está bien hecho. "En este cierre de año, se han enfocado los esfuerzos a elementos que tiene que ver más con la propiedad de los colegios que con la calidad, dejándolo para una segunda fase. Ese orden de factores no ha sido el más apropiado", dice.

-¿Se equivocó el camino?

-En la reforma educacional creo que hay un error en las prioridades. El objetivo es lograr que las familias comenten 'ahora sí que nuestra escuela municipal está aumentado calidad, porque vemos mejores profesores, están más contentos y motivados, están preparando mejor sus clases y hay una mejor infraestructura en los colegios'. Esos son los temas relevantes hoy, no la propiedad.

-Se ha argumentado que el sistema estaba muy desregulado y había que regularlo primero...

-Claro, por eso se pone el tema de la propiedad antes que el de la calidad. Pero debiera ser al revés, a la gente le importa tener buena educación para sus hijos, independiente de quién sea el dueño.

Esperando antes de marzo

 

-¿Y cómo evalúa el abordaje a educación superior?

-En marzo pensábamos que algún proyecto de educación superior íbamos a discutir este 2014, pero rápidamente nos dimos cuenta de que el enfoque estaba en la educación escolar, así que se habló que quedaría para el segundo semestre.

En su universidad, dice, aprovecharon de iniciar un trabajo de comisiones "para entregar al ministerio y parlamentarios insumos para los futuros proyectos de ley y evitar que sólo nos inviten a una ceremonia en La Moneda para el lanzamiento de un proyecto que no conocemos".

Pero pasó la mitad del segundo semestre "y se nos dijo que por la complejidad del sistema escolar, la educación superior quedará para principios de 2015. Así que estamos esperando que antes de marzo el ministerio nos convoque a conversar los lineamientos generales. No sabemos si será una gran ley sobre educación superior o varios proyectos pequeños".

-¿Qué debiera haber sí o sí el 2015 en educación superior? ¿Dónde debiera estar el foco?

-Lo prioritario, para ser coherente con el tema de la calidad, es trabajar con la institucionalidad y la acreditación. Debemos asegurarles a los estudiantes que las instituciones tienen calidad y cumplen con los estándares que se les han pedido. Por ahí hay que partir. Hoy, la acreditación está muy ligada a la entrega de recursos públicos, pese a que no es obligatoria. Entonces, finalmente el Estado es cómplice de las instituciones que no cumplen con una calidad mínima. La acreditación debe ser obligatoria, porque hay una fe pública que resguardar.

Pero, además, señala, "necesitamos una instancia de discusión que incluya a todas las universidades, las que están dentro y fuera del Consejo de Rectores; una subsecretaría que coordine un área que ha crecido muy fuerte; y es urgente una superintendencia (de educación superior) que vele por la información, aspectos financieros y control de calidad".

-Pero existe una demanda creciente, y una oferta concreta de parte del gobierno, de gratuidad.

-El programa de gobierno dice que los primeros 4 años vamos a avanzar en gratuidad hasta el 70%, pero las demandas son tener gratuidad universal a la brevedad. Me parece que lo prioritario no es la gratuidad universal, es la calidad. Y la otra urgencia es cómo garantizamos que quienes hoy tienen becas y créditos para su arancel, puedan solucionar el resto de sus necesidades: deben alimentarse y muchas veces las becas de alimentación son extremadamente bajas, deben sacar fotocopias y comprar materiales, deben saber llegar a la universidad. Uno ve cómo alumnos que hoy tienen becas y créditos, tienen fuertes impedimentos para desenvolverse en la vida universitaria. ¿Por qué no nos centramos primero en darles los subsidios que aún les faltan? Eso es más necesario y urgente que seguir avanzando en gratuidad universal.

-¿Qué riesgos ve en la gratuidad universal?

-Debemos aprender de las experiencias internacionales. Es extremadamente costosa, por lo que hay que acotarla a instituciones y a cierta cantidad de años, hay riesgo de que afecte la calidad del sistema, que los estudiantes no cumplan sus rendimientos académicos en los plazos apropiados, que las carreras se alarguen, que la calidad del sistema baje, que no se valore lo que se está entregando, que los fondos destinados a educación le quiten fondos a investigación... hay varios riesgos conocidos.

-¿No siente que se ha creado la expectativa colectiva de que ahora todos van a ser universitarios?

-Hay que hacerse cargo de que la educación técnico-profesional es clave para el desarrollo del país. Si uno tiene que focalizar la gratuidad, la focalizaría en la educación técnico-profesional. Me parece que este tipo de educación es el primero que debe alcanzar la gratuidad, porque ahí están los estudiantes más vulnerables. Claramente, la educación técnica tiene que atraer el mayor apoyo financiero en esta reforma.

-¿Esas son las definiciones que usted esperaría del Gobierno?

-Esperaría esos grandes lineamientos antes de marzo, para empezar a trabajar sobre ellos. Y esperaría también que se focalicen los temas, porque si se plantea una gran ley nueva de educación superior donde haya ocho líneas de trabajo y cada línea con cuatro subtemas, jamás vamos a ser capaces de trabajar todo al mismo tiempo.

"Muy preocupados"

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Sánchez encabezó una fuerte batalla a favor de conseguir más presupuesto para las universidades privadas del Consejo de Rectores, ya que el Gobierno creó una línea especial de financiamiento para los planteles estatales que contemplaba más recursos.

"Tuvimos una diferencia fuerte de opinión porque diferenciaba mucho la entrega de recursos según la propiedad, sin importar la vocación pública de los planteles. Y resulta que de las 9 universidades que quedamos al margen, 8 están en regiones, concentramos cerca del 50% de la productividad científica en publicaciones, más de la mitad de las patentes y la mitad de los alumnos de doctorados. Al final, el Ministerio de Educación, por la presión de los parlamentarios, homologó los recursos", cuenta.

-Pero se estableció una política pública nueva: por primera vez se entregan recursos diferenciados según propiedad en educación superior.

-Es cierto y nos tiene muy preocupados. Esa diferencia no se había hecho antes, no estamos de acuerdo ni lo vamos a estar a futuro. Por primera vez en estos 60 años se hace esta discriminación. Se nos ha dicho que son líneas diferenciadas para administrar mejor los recursos, vamos a estar atentos, sabemos que es un riesgo y si esa diferencia se profundiza nos vamos a oponer fuertemente. No es posible que políticas públicas se zanjen con instrumentos como el Presupuesto.

        "Varias Ues privadas deberían entrar al Consejo de Rectores"

 

Para Ignacio Sánchez no importa el apellido de la universidad -estatal, tradicional o privada- si aporta algún bien público al país. Por ese solo hecho, dice, debe tener un trato preferente del Estado.

Es firme partidario de incorporar al Consejo de Rectores (CRUCh, que desde 60 años agrupa sólo a las 25 universidades tradicionales) a algunos planteles privados que durante los últimos años se han posicionado como universidades de calidad.

Advierte que "es una opinión personal", porque muchos rectores del CRUCh no están de acuerdo con él.

-¿Cuál es el aporte del CRUCh hoy? Sus detractores dicen que no es más que un grupo de universidades aglutinadas a la espera de recursos estatales.

-El CRUCh está cumpliendo 60 años y la mayor parte de sus universidades cumple un rol en las regiones que otras universidades no cumplen. Pero además, en el CRUCh está más del 90% de la investigación que se hace en el país. Ese es un aporte concreto.

"Pero más que pensar que el CRUCh esté superado, lo que debemos hacer es un análisis crítico sobre el aporte y calidad de cada una de las instituciones que formamos parte de este grupo, porque debemos responder a la fe pública", dice.

-¿Y lo hacen?

-Estamos trabajando eso, pero hay varias situaciones pendientes, hay mucho que trabajar aún. Y en nuestro país, fuera del CRUCh hay varias instituciones que están aportando bienes públicos y calidad de manera significativa, por lo que debiéramos (previa evaluación externa) permitir su entrada al Consejo de Rectores.

-Por ejemplo, ¿qué universidades le parece que deben estar?

-Las universidades Diego Portales, la de Los Andes, la Adolfo Ibáñez, la Alberto Hurtado por nombrar algunas. Cada una de ellas se ha focalizado en algo específico, ha destacado y ha hecho aportes importantes. Después de evaluar cuántos bienes públicos aporta, de la calidad de su investigación y de cómo el Estado las apoya con recursos o fondos basales para seguir incentivándolas; no veo ninguna razón para que no ingresen al Consejo de Rectores.

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