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U. de Chile cuestiona que Ues privadas recibieran más de $500 mil millones del Estado sin fiscalización
El rector Víctor Pérez criticó que, pese a que los planteles privados se llevan más de la mitad de los fondos públicos, no estén sometidas a control de la Contraloría y advirtió que "hay que asegurar que ningún peso público termine incrementando el lucro.
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DE : EL MERCURIO.COM
El académico detalló que, de acuerdo a un informe de la Contraloría, "de los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos del sector público en el año 2012, se destinaron $910.522 millones para las universidades. De éstos, el 58% se destinó a las universidades privadas ($528.868 millones) y sólo el 42% a las estatales ($381.654 millones)".
El rector enfatizó que "pese a que las universidades privadas recibieron el 58% del presupuesto público, no tienen ninguno de los mecanismos obligatorios de control y fiscalización que tenemos las estatales, lo que implica que las universidades privadas no garantizan necesariamente el uso eficiente y transparente de los recursos públicos".
Por esa razón, llamó a los ministerios de Educación y Hacienda, así como a los parlamentarios, a asegurar que todos los dineros públicos sean efectivamente fiscalizados. "Hago un llamado público a la ministra de Educación, al Ministro de Hacienda y a los honorables senadores y diputados a terminar con el doble estándar entre universidades estatales y privadas que reciben fondos públicos de todos los chilenos, donde sólo las estatales tenemos un sistema totalmente transparente", señaló.
En esa línea, sostuvo que "hay que asegurar que el uso y manejo de todos los dineros públicos entregados, directa e indirectamente, a universidades sean fiscalizados por la Contraloría a través de auditorías administrativas, así como que su uso y manejo esté sujeto a los mecanismos de control y transparencia, establecidos tanto por la Ley de Compras Públicas como por la Ley de Transparencia".
"Hay que asegurar que ningún peso público pueda terminar incrementando el lucro, que está prohibido, o en contratos de lobistas para tráfico de información, influencia o dinero que sólo beneficien a unos pocos a costa de todos", subrayó.
El rector Pérez sostuvo que "las universidades privadas serias que cumplen con la ley de ser efectivamente corporaciones sin fines de lucro, no deberían tener ningún problema para tener las mismas exigencias que tenemos las estatales respecto al control público del uso y manejo de los dineros públicos".
En lo concreto, señaló que esta situación se podría resolver si el Congreso incluyera en el Presupuesto 2014, en el Programa de Educación Superior, la siguiente frase: "Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que reciban, directa o indirectamente, recursos públicos en virtud de este programa presupuestario quedarán sujetas respecto a su uso y manejo a los procedimientos establecidos en la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y a la fiscalización directa de la Contraloría General de la República".
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