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CUANDO SE ES NIÑO SE TIENDE A CREER TODO LO QUE DICEN LOS ADULTOS, HASTA QUE SE DAN CUENTA QUE O NO SABEN TODO LO QUE CREEN SABER, O PEOR CUANDO DESCUBREN QUE MANIPULAN EL CONOCIMIENTO PARA CONTROLAR LA SITUACIÓN.
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Eso produce una inminente y dolorosa pérdida de la inocencia infantil, lo que se traduce en una constante angustia por la incertidumbre que conlleva la situación.
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Así también, los colegas y resto de miembros de la comunidad académica nos hemos visto sorprendidos al descubrir que habíamos vivido engañados durante varios años por diferentes autoridades jurídicas en nuestra institución.
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El primer golpe a la cátedra lo dio el colega Patricio Maturana B., quien mediante una simple consulta a la Contraloría General destapó que el Reglamento de Jerarquización que nos había regido por años, no cumplía con normas elementales de validez.
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Poco tiempo atrás se destapó, gracias a otra consulta a la Contraloría General, que los Reglamentos Electorales que habían regido innumerables procesos "democráticos" carecían de validez y que contravenían los Estatutos.
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No menos grave fue la instalación de una rectoría subrogante por un lapso superior a un año, pese a la renuncia de su cargo del rector titular y la obligación de haber convocado a elección en plazos perfectamente estipulados.
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Y, para rematar la situación, hace muy pocos días se ha sabido que los Decretos que utilizaron numerosas veces diferentes rectores para premiar a sus colaboradores pasándolos a la Planta Institucional eran ilegales.
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Probablemente dicha lista de "errores" no esté completa; y en la medida que alguien se tome la molestia en consultar a la CGR, podremos descubrir que algunos otros procedimientos consagrados por las autoridades jurídicas internas también están errados.
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Sin duda, la interpretación jurídica de los reglamentos que rigen una organización compleja requieren de una experticia que no es exigible a los académicos de las diferentes especialidades académicas, particularmente en una universidad del área tecnológica.
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Afortunadamente, aunque en forma muy tardía, se ha descubierto que quienes han ejercido la autoridad jurídica en nuestra institución han estado muy lejos de cumplir con sus obligaciones, ya sea por ignorancia o por un espíritu servil a la autoridad superior.
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En consecuencia, a partir de estos hechos, es un deber del nuevo Consejo Superior exigir de una vez por todas que se llame a un real y verdadero concurso de antecedentes para el cargo de Contralor Interno, sin volver a caer en las consabidas manipulaciones que concluyen en un Concurso Declarado Desierto, de modo que sigue todo igual.
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Así también, todos los miembros de la comunidad tienen ahora el derecho y la obligación de dudar de la validez de los decretos y reglamentos "vigentes" y solicitar que sean revisados por la CGR.
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Desde la partida de la Sra. Mercadal, la UTEM nunca más tuvo una Contraloría Interna competente y eficaz.
ResponderEliminarDesde entonces, esa unidad se acomodó a las circunstancias, con un desempeño menos que regular, evadiendo sus funciones esenciales para no agitar las aguas del entorno y así no poner en riesgo la estabilidad laboral de sus jefaturas.
El profesionalismo y la obligación de velar por los intereses institucionales fueron ofrendados a favor de la conveniencia personal. Después de todo, el nivel remuneracional que se observa en la Contraloría Interna difícilmente se encuentra en el mercado.
Ahora vemos la culminación de un derrotero trazado por la mediocridad y el conformismo, de hacer el menor ruido posible y con el mínimo esfuerzo. A veces, con medidas efectistas, como convocar a todos los académicos a dar cuenta de su trabajo, se pretende cambiar un diagnóstico negativo ya inalterable, cuando debiese ser esa Contraloría la que debería estar presente en las Facultades, y fiscalizar en terreno.
Ahora, ya ni siquiera hay una pequeña expresión de independencia que pudiese alentar una mínima esperanza de un control efectivo.
Simplemente, la UTEM no tiene una Contraloría Interna en serio.
Nuestra Contraloría Interna es lo más parecido a un "SHOA" o una "ONEMI" modelo 27 F.
ResponderEliminarPor eso cada informe de auditoría o dictamen de la Contraloría General de la República es un tsunami que arrasa con toda certidumbre y confianza en la legalidad de lo que hace la gestión rectorial y en el estado contable y financiero de la UTEM.
Por lo menos, el SHOA y la ONEMI originales, después del 27 F, han sido totalmente renovados.
¿Y en la UTEM? ¿O esperaremos un terremoto y un tsumani apocalípticos?
Si nos fijáramos en el nivel de sueldo del Contralor Interno, de las jefaturas dependientes de él y del Director Jurídico, nos daríamos cuenta que por esa plata podríamos tener profesionales que sí cumplirían con el perfil necesario para esos cargos y que la UTEM podría estar en un pie jurídico y de control interno mucho mejor,
ResponderEliminar¿Por qué no es así?
El Sr. Rector y el Consejo Superior tienen la respuesta