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La apuesta del Gobierno es lograr consensos antes de su tramitación, por lo que se dieron como plazo hasta fines de septiembre.
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La mayor piedra de tope en este minuto, reconoció la ministra, son las "personas y empresas relacionadas".
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"Necesitamos llegar a acuerdo en esta materia, que es donde hay más diversidad de opiniones. En base al trabajo y la opinión de todos, podemos desarrollar propuestas de cambio", dijo.
Schmidt comentó que "es un punto complejo", porque la mayor parte de las universidades (53 de 59) realizan transacciones con empresas relacionadas, lo que significa en todos los casos que hacen un mal uso del dinero.
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"Tenemos que ver cómo regular esto, porque por un lado debemos permitir la integración de las universidades para allegar recursos, pero también impedir que los dueños puedan trasladar dineros desde las universidades a otros fines que no sean educacionales".
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Y agregó: "Estamos evaluando varios mecanismos para lograr un consenso, por eso el plazo de indicaciones se ha puesto a fines de septiembre".
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Si en el Parlamento no se resuelve este asunto pronto, el próximo año habrá motivos suficientes para agitar el ambiente estudiantil de las Ues. Estatales y seguir perjudicándolas con los paros y tomas.
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