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NECESIDAD DE UNA REFORMA UNIVERSITARIA
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"Peor aún es que no existan incentivos para que los
los políticos miren este problema con vistas de largo plazo....."
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Nuestro sistema universitario adolece de una gran cantidad de problemas, la mayoría de los cuales deriva de una defectuosa política pública. Dentro de ellos, el cuestionamiento a la discutible calidad del hacer universitario tiene un lugar preferencial en el escrutinio ciudadano. Sabemos que no hay universidades chilenas en el grupo de las de clase mundial y que, por lo demás, el sistema universitario es descoordinado, no tiene una estructura definida y padece de una comunicación difícil y mayormente puntual con la autoridad.
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Hace unos días expuse sobre este tema en un foro organizado por Aequalis y Universidad de Las Américas, donde afirmé que, en materia de calidad, las reglas de acreditación —diseñadas a fines de los 90— no han experimentado una revisión acorde con la experiencia de su aplicación. La comisión respectiva, golpeada por desafortunados hechos por todos conocidos, no ha puesto mayor esfuerzo en modernizar las reglas, estudiar el efecto de sus procedimientos o hacer investigación sobre la acreditación en sí. Se ha mantenido un sistema punitivo más que constructivo, nos hemos quedado con lo insuficiente de una organización corporativa y que ha sido víctima de la carencia de recursos para mejorar. Además, la dependencia del crédito estudiantil de los resultados de la misma acreditación ha perjudicado la transparencia del sistema.
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Los procesos de acreditación se quedan en los aspectos más superficiales, no constituyen efectivos procesos de acompañamiento de las instituciones en el afán de mejorar sus estándares, y han continuado centrándose en los procesos para llevar a cabo la tarea universitaria y formativa, más bien que en los productos asociados a la misma. Hay que tener un acuerdo necesario respecto de cuál es el significado de calidad que nos interesa. Nos hemos propuesto esta tarea y ello bien debiera ser antes que nada el objetivo de una futura institucionalidad.
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Pero también nuestro sistema universitario, y de educación superior en general, carece de una estructura e interrelaciones institucionales que lo hagan merecedor del concepto de “sistema”. No existe el diálogo interinstitucional sobre materias académicas de fondo; no opera un sistema autoconcordado en vistas al diseño y expansión de carreras y programas; no hay tampoco colaboración académica entre instituciones, establecida como parte del sistema y de su funcionamiento, y se sigue un simplista criterio de “competencia” de mercado.
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Hace unos días expuse sobre este tema en un foro organizado por Aequalis y Universidad de Las Américas, donde afirmé que, en materia de calidad, las reglas de acreditación —diseñadas a fines de los 90— no han experimentado una revisión acorde con la experiencia de su aplicación. La comisión respectiva, golpeada por desafortunados hechos por todos conocidos, no ha puesto mayor esfuerzo en modernizar las reglas, estudiar el efecto de sus procedimientos o hacer investigación sobre la acreditación en sí. Se ha mantenido un sistema punitivo más que constructivo, nos hemos quedado con lo insuficiente de una organización corporativa y que ha sido víctima de la carencia de recursos para mejorar. Además, la dependencia del crédito estudiantil de los resultados de la misma acreditación ha perjudicado la transparencia del sistema.
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Los procesos de acreditación se quedan en los aspectos más superficiales, no constituyen efectivos procesos de acompañamiento de las instituciones en el afán de mejorar sus estándares, y han continuado centrándose en los procesos para llevar a cabo la tarea universitaria y formativa, más bien que en los productos asociados a la misma. Hay que tener un acuerdo necesario respecto de cuál es el significado de calidad que nos interesa. Nos hemos propuesto esta tarea y ello bien debiera ser antes que nada el objetivo de una futura institucionalidad.
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Pero también nuestro sistema universitario, y de educación superior en general, carece de una estructura e interrelaciones institucionales que lo hagan merecedor del concepto de “sistema”. No existe el diálogo interinstitucional sobre materias académicas de fondo; no opera un sistema autoconcordado en vistas al diseño y expansión de carreras y programas; no hay tampoco colaboración académica entre instituciones, establecida como parte del sistema y de su funcionamiento, y se sigue un simplista criterio de “competencia” de mercado.
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Aquí ha fallado la autoridad, la que debiera convocar al diálogo interuniversitario, facilitando la instauración de la política pública para que esta sea menos objeto de una “comunicación vertical” y mucho más producto de un debate de ideas.
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De esta manera, nuestro sistema universitario no estimula innovación y se ha constituido en un rígido modus operandi en vistas a las tareas académicas. La innovación, por lo demás, es usualmente penada en los procesos de acreditación, puesto que rompe esquemas tradicionales y propone nuevas formas para cumplir con las tareas docentes y de investigación. La investigación misma, mal financiada por parte del país, no ha logrado ser más generalizada como hacer propio de la universidad, y se mantiene estática en los campos más relevantes.
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Chile necesita una verdadera revolución en materia de educación, especialmente en el ámbito de la educación superior. El problema se ha ido reduciendo, en la visión de los políticos, a las formas en que puede financiarse a los estudiantes. Pero poco se enfatiza en cuanto a la necesaria preparación que deben adquirir las instituciones para proveer educación de calidad con innovación y su adecuada interrelación.
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La situación actual constituye una mala noticia. Pero una aún peor es que no existan los incentivos para que los políticos miren este problema como uno de largo plazo, que no tendrá rédito electoral de corto plazo, excepto la continua queja y eslóganes sobre financiamiento estudiantil.
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De esta manera, nuestro sistema universitario no estimula innovación y se ha constituido en un rígido modus operandi en vistas a las tareas académicas. La innovación, por lo demás, es usualmente penada en los procesos de acreditación, puesto que rompe esquemas tradicionales y propone nuevas formas para cumplir con las tareas docentes y de investigación. La investigación misma, mal financiada por parte del país, no ha logrado ser más generalizada como hacer propio de la universidad, y se mantiene estática en los campos más relevantes.
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Chile necesita una verdadera revolución en materia de educación, especialmente en el ámbito de la educación superior. El problema se ha ido reduciendo, en la visión de los políticos, a las formas en que puede financiarse a los estudiantes. Pero poco se enfatiza en cuanto a la necesaria preparación que deben adquirir las instituciones para proveer educación de calidad con innovación y su adecuada interrelación.
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La situación actual constituye una mala noticia. Pero una aún peor es que no existan los incentivos para que los políticos miren este problema como uno de largo plazo, que no tendrá rédito electoral de corto plazo, excepto la continua queja y eslóganes sobre financiamiento estudiantil.
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La reforma de las instituciones y del sistema como un todo debe acometerse con visión de país y de futuro, pero no es seguro que tengamos la fuerza para hacerlo.
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Prof. Luis A. Riveros
Ex rector Universidad de Chile
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Prof. Luis A. Riveros
Ex rector Universidad de Chile
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