CRISÓSTOMO Y ASOCIADOS : DECLARACIÓN PÚBLICA

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DE: CRISÓSTOMOASOCIADOS.CL
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DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante  una  serie  de  legítimas  consultas  y  comentarios  desinformados posteados en nuestro blog, cumplimos con informar  lo siguiente:
. Nuestro estudio jurídico en septiembre de 2007 asumió la representación judicial   de  varios  grupos  de  alumnos  de  las  carreras  del  área  de criminalística,  impartidas  por  la  UTEM  y  la empresa Celta S.A., a fin de determinar  la  existencia  y  sanción  de  infracciones  por  publicidad engañosa  en relación a las citadas carreras.
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El estudio y análisis de los antecedentes, sumados a incipientes antecedentes jurisprudenciales, como lo resuelto por el Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago, determinó la decisión técnica  de iniciar procesos judiciales de carácter colectivo, materializados con las demandas de diciembre de 2007.

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Dentro del marco de nuestras obligaciones se obtuvo a partir del  9 de marzo del 2008 la declaratoria de admisibilidad de la demanda colectiva sustanciada ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, y a continuación la declaratoria de fecha 8 de mayo del mismo año ante el Vigésimo Séptimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. Ambas sentencias fueron ratificadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en fallos unánimes.

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Estos hitos procesales eran inéditos hasta el momento, ya que no se tiene noticia que una casa de estudios del Estado de Chile haya sido anteriormente cuestionada en una acción colectiva por publicidad engañosa en la oferta educacional, avance judicial que dejo en evidencia la errada concepción judicial manifestada por el Servicio Nacional del Consumidor.

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El procedimiento judicial desde sus inicios fue altamente controvertido, tanto por el departamento jurídico de la UTEM, como por los abogados de Servicios Educacionales Celta S.A., demandadas que opusieron en forma simultánea cuanto recurso e incidente se les dio posible, al extremo de quedar sujetas, por resolución del Primer Juzgado Civil, a la fianza de resultas en incidentes promovidos en lo futuro.

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Resulta importante destacar que nuestra función judicial se ha desplegado con los máximos estándares de efectividad, calidad que se vio reflejada, por ejemplo, en la solicitud del actual Rector de la UTEM, don  Luis Leonidas Pinto Faverio, quien por medio del Oficio de fecha 30 de diciembre de 2009, con el número 81, le solicita al Consejo de Defensa del Estado que intervenga estratégicamente en la defensa de la casa de estudios estatal, argumentando que pese los esfuerzos jurídicos de su departamento legal, estos no han obtenido resultados favorables.

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De esta forma el Consejo de Defensa del Estado adopta la decisión de intervenir judicialmente en defensa de la UTEM, a fin de resguardar su patrimonio, el cual se veía gravemente comprometido por la afectación de sus inmuebles, sujetos a medidas cautelares en pos del pago de una eventual sentencia que condene a indemnizar a los afectados.

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El Consejo de Defensa del Estado es un órgano técnico altamente especializado, que desde el inicio de su intervención procesal no dudó en deducir cuanto incidente estimó necesario, algunos de los cuales ya se habían resuelto claramente en nuestro favor y en perjuicio de la UTEM (como lo fue la sustitución de medidas precautorias de inmuebles por pagarés de alumnos de otras carreras). Sin embargo pese a la mayor preparación de las defensas desplegadas por el CDE, podemos con propiedad afirmar que gran parte de sus alegaciones han sido rechazadas, tanto en primera como en segunda instancia.

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Estamos convencidos de que la multiplicidad, coherencia y calidad de las pruebas aportadas al proceso nos permitirán obtener un fallo favorable a nuestras legítimas pretensiones (apreciación que se tuvo también en la demanda en contra de la casa de estudios UCINF, vencida en la Excma. Corte Suprema, patrocinada y tramitada por el suscrito).

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Resulta importante recordar y aclarar a muchos que ahora buscan respuestas ante el SERNAC que durante mucho tiempo, principalmente durante la fase de admisibilidad, este servicio no manifestó su intención de intervenir judicialmente en favor o en el interés social comprometido, pese a nuestras solicitudes formales requiriendo su intervención,  manteniéndose al margen del proceso colectivo a la espera de los resultados nuestros en tribunales. Recalcamos que sólo intervino a contar de la fase contradictoria, es decir, a partir del comparendo, pero con posterioridad a la larga fase de admisibilidad.

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En cuanto a nuestros honorarios, para nadie es un misterio que ascienden al 20% de lo que se obtenga como resultado del juicio, tal y como se expresa en los contratos suscritos con cada uno de los demandantes.

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Pareciera que hoy nadie recuerda que fue este estudio, el que defendió a mas de 375 alumnos demandados en distintos tribunales por los cobros ejecutivos de los pagarés, suscritos en favor de Celta S.A.; pareciere que ya no importa que se logró un éxito total al paralizar esas 375 ejecuciones, en las cuales Ofiilex -empresa de los mismos socios de Celta S.A.- trató por todos los medios judiciales embargar y sacar a remate los bienes de estas 375 familias. 

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Incluso se sentó jurisprudencia en materia de excepciones a las ejecuciones, ya que todos los ejecutados eran parte en nuestros procesos colectivos.

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Sin embargo, desde el silencio y sin aspavientos, podemos afirmar que es gracias a este estudio que se mantiene con vigor el proceso penal rol 154-2010, por los presuntos de estafa y otros delitos, en donde hay una serie de diligencias pendientes de realización. 

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Es menester traer a colación las múltiples solicitudes de designación de Ministro en Visita, en atención a la jerarquía de los que alguna vez fueron profesores de las carreras de área de las Ciencias Criminalísticas.Tenemos respeto por el dolor de las víctimas, y confianza en que este daño se ha constatado oportunamente y por profesionales de la más alta calidad, a fin de utilizar, cuando sea el momento, la prueba relativa al daño moral, el cual, ciertamente, es diferente de uno a otro afectado. 

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Hoy, después de cuatro años de proceso, se alza una que otra voz disidente respecto de nuestra forma de trabajar. Estas mismas voces -que hasta hace poco nos felicitaban públicamente- ahora nos cuestionan en nuestro proceder, amparados en la impunidad de las declaraciones virtuales. 

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Se trata de críticas carentes de fundamento, ignorantes del fondo jurídico del qué y el cómo hacerlo en tribunales, (...) .

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Desde esa óptica, no es necesario aclarar nada, pues los resultados hablan y hablarán por sí solos del despliegue del trabajo realizado con convicción, y no dudamos de que se trata de maniobras poco felices para crear un ambiente de incertidumbre y desconfianza, en la búsqueda de quebrantar nuestra cohesión.

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Todos se percataron que Televisión Nacional de Chile recortó gran parte de nuestro aporte documentado en el programa “Esto No Tiene Nombre”, siendo de conocimiento de muchos de ustedes que hubo gran presión para impedir que sus historias no fueran contadas. 

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Múltiples han sido los periodistas y cineastas que han señalado el interés por la causa, desfilando con sus cámaras y grabadoras, pero optando más tarde por temas más livianos,  pese que esta suceso es el mejor y más claro ejemplo del lucro en la educación.

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En la actualidad y luego de meses de movilizaciones, ningún político se interesó en esta causa, incluso con el dato anecdótico de que  gracias a nuestra humilde participación la Honorable Cámara de Diputados se elaboró un informe que estableció necesaria la creación de un observatorio laboral, que hasta la actualidad tristemente no existe, al igual que la tan promocionada Superintendencia de Educación.

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No nos debe alarmar que ad portas de una sentencia en el juicio colectivo que reúne a casi 3.000 afectados, ya sean peritos o cientistas, aparezcan encantadores de serpientes que buscan enlodar el trabajo de años mediante triquiñuelas superficiales, atribuyéndole de manera maliciosa ciertas cualidades negativas a eventos que no lo tienen. 
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Por ejemplo; nadie sabe que el comentado “abandono de procedimiento” pedido por el abogado Leandro Carvallo Rodó (actual abogado integrante de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago) fue promovido (y perdido por unanimidad con condena en costas) porque la causa rol 27.641-2007 estuvo a  la vista en la  queja  rol  2084-2008,  tramitado  ante  la  Excma. Corte Suprema entre la  UTEM y  SERNAC, en  una discusión que  terminó por declarar incompetente a  los Juzgados de  Policial Local para  conocer de las demandas colectivas. 
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Nosotros, como estudio no  éramos  parte de esa  discusión  infértil,  pero obviamente que la UTEM, a fin de paralizar el proceso pidió a  la Suprema Corte que trajera a la vista nuestro proceso en original, con posterioridad a ser rechazado.
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En relación a este incidente cabe agregar que el estudio jamás ha cesado en la actividad y si así hubiese sido el abandono lo gana UTEM, por lo que haremos efectiva la responsabilidad de quienes intentan denostar nuestra honra profesional con tergiversaciones artificiosas de ese tipo, provengan de quien provengan.
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Por último, y como acostumbramos a reiterar, jamás entregaremos antecedentes estratégicos de lo que se hará o se está haciendo vía “Facebook”, por cuanto dicho espacio se presta para inventar perfiles y postear comentarios ofensivos, falsos y de escasa seriedad, con el ánimo puro de sembrar la cizaña en quienes cómodamente prefieren delegar el deber-derecho de informarse en otros.
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En este sentido, sólo está autorizado para emitir comunicados el blog corporativo www.crisostomo-asociados.cl/blog

Atte.

Juan Pablo Crisóstomo Baeza

Abogado