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SI EL PENSAR NO PRECEDE LA ACCIÓN, ES COMO PONER LA CARRETA ...
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"Como sugirió Heidegger, hay que pensar más y actuar menos. Es la única forma de evitar la ironía de que las instituciones más reflexivas con que cuenta la sociedad se muestren hasta ahora dispuestas a pensarlo todo, menos a sí mismas..."
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Una de las mejores frases de Heidegger es un retruécano. Marx dijo que los filósofos ya pensaron el mundo y que de lo que se trataba era de actuar para cambiarlo. Heidegger respondió que el problema era al revés: se había pensado de menos y se había actuado de más.
Heidegger -en eso- tuvo razón.
Es lo mismo que ha ocurrido en materia universitaria. Movidos por la compulsión de transformar el sistema, han pensado poco cómo hacerlo.
Se han echado a andar simples combustibles para la acción. "Cambios de paradigma", "planes de desarrollo nacional", "democracia y triestamentalidad", "esencia de la universidad", "fortalecimiento de la cohesión social", etcétera. Ese raro goce con las frases (algo comprensible en los estudiantes, pero inadmisible en académicos a los que se supone intelectualmente entrenados) induce a olvidar la realidad para hablar de la cual deben emplearse.
Y es que ninguna alude a los dilemas que se deben enfrentar ¿Cuáles son? Hay al menos cuatro básicos.
En primer lugar, ¿debe haber provisión mixta con igualdad de trato o provisión mixta con trato preferente para las instituciones estatales? Lo razonable -que está además en consonancia con la trayectoria histórica del sistema- es tratar de manera preferente a las instituciones estatales. La razón es obvia: las instituciones estatales tienen deberes que van en el interés de todos (neutralidad, pluralismo en todos los niveles, etcétera) y las instituciones privadas no (ellas pueden, por supuesto, decidir abrazar esos valores, como de hecho algunas lo hacen, pero no están obligadas a hacerlo). Esa es una razón más que suficiente para justificar el trato preferente a las universidades del Estado y para establecer programas que estimulen a las universidades privadas a que ejerciten las características que a la política pública le interese promover (siempre que esta política satisfaga características de imparcialidad y sus bases consten en la ley).
En segundo lugar, ¿cómo se financiará el pregrado? Las alternativas son: o con cargo a rentas futuras de los propios estudiantes (mediante un sistema de créditos o de impuestos a graduados) o con cargo a rentas generales (impuestos generales). En ambas, la renta actual de los estudiantes no se erige en una barrera de entrada; aunque el mejor diseño es el financiamiento con rentas generales en los quintiles más bajos y una mezcla entre rentas generales y futuras de los propios estudiantes en los más altos (mediante, v.gr. impuestos a graduados como han sugerido Atria y Sanhueza). En ambos casos hay gratuidad a la entrada sin que la renta familiar incida en el acceso.
En tercer lugar, ¿cómo deben gobernarse las instituciones? Por supuesto que cualquier forma de gobierno debe consultar la participación de estudiantes y de profesores. El problema es que suelen confundirse dos versiones de la participación. Una es la participación concebida como mera agregación de voluntades (como la que ocurre en el mercado mediante los precios o en un plebiscito); otra es la participación entendida como una oportunidad igual de hacer valer las propias razones (cuyo tipo ideal es la propia ciencia que la universidad cultiva). El primer tipo de participación no tiene valor epistémico (una decisión no es mejor porque la adopte la mayoría). El segundo, en cambio, sí (hay más probabilidades de que una decisión sea correcta cuando se someten a prueba las razones que la apoyan). Así entonces, hay que privilegiar a esta última. El ethos deliberativo de las instituciones debe alcanzar a su gobierno.
En cuarto lugar, ¿cómo se financiará la investigación? La investigación es el bien público por excelencia, puesto que sus resultados, por regla general, no pueden ser apropiados. A la hora de financiarla hay que distinguir entre el financiamiento basal (que puede restringirse a algunas universidades) y el asignado mediante concursos (el bienestar social exige que este debe estar abierto a todas).
¿Que así y todo hay muchas cosas deseables que quedan fuera?
Por supuesto. Pero la universidad -a pesar de las frases entusiastas- ni es un sucedáneo de la vida política, ni un remedio para todos los males, ni un instrumento para imponer la propia voluntad. Su ideal es más modesto: hacer de la ascesis de la razón su máximo principio.
Como sugirió Heidegger, hay que pensar más y actuar menos. Es la única forma de evitar la ironía de que las instituciones más reflexivas con que cuenta la sociedad se muestren hasta ahora dispuestas a pensarlo todo, menos a sí mismas.
Carlos Peña
Rector UDP
