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El Mineduc propondrá el modelo de cálculo, que será "validado" por un panel de expertos.
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Un nuevo sistema que incluya un "componente base" y uno "variable" para fijar los aranceles universitarios.
Un "componente base" que sea común a un conjunto de instituciones, grupos de carrera y programas.
Y uno "variable" asociado a la calidad de la carrera, la localización y el perfil del estudiante que reciben las instituciones en cada período.
Eso es lo que está pensando el Gobierno a la hora de diseñar el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior chilena, que quedará plasmado en un proyecto de ley comprometido para ingresar al Congreso a fines del segundo semestre.
La fijación de aranceles es uno de los requisitos -junto a otros cuatro- que pedirá el Gobierno para aplicar la gratuidad en los planteles de educación superior, tal como lo dice el programa de gobierno.
Las otras condiciones son que el plantel esté acreditado, no tenga lucro, que un 20% de la matrícula por carrera sea para alumnos del 40% más pobre y que implemente programas de reforzamiento para estudiantes vulnerables.
Todo ello en el marco de un nuevo sistema de financiamiento público que financiará a las instituciones según la misión, desarrollo y calidad que tengan (ver recuadro).
Arancel de referencia
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Según las últimas cifras disponibles, actualmente existen casi 12 mil programas distintos sólo en pregrado, cada uno con su propio arancel. A ellos se suman los aranceles de referencia, que son los montos fijados por el Estado -por cada carrera e institución- para entregar becas y créditos a los estudiantes.
¿Cómo se hará la fijación de aranceles?
En el Ministerio de Educación señalan que aún no hay definiciones oficiales.
Lo que sí está claro es que habrá un nuevo sistema de cálculo -y aportes estatales- a los costos de formación de profesionales.
"Una porción del aporte público estará asociado al financiamiento de la docencia, materializando la gratuidad de la educación superior", dice un documento de trabajo de esa cartera.
La idea sería que los nuevos aranceles financien sólo la docencia que se entrega al alumno y no -como ocurre actualmente- actividades adicionales de los planteles, que van desde investigación hasta actividades culturales.
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