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lunes, 5 de febrero de 2018

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR : UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN

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MIENTRAS LAS LEYES APROBADAS SORTEAN EL PROCESO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL, SURGE UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS.
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LEER EN : EL MOSTRADOR.CL
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UN COMANDO DE RECTORES PARA EVALUAR REFORMA UNIVERSITARIA.

DE : EL MOSTRADOR. CL

por Jaime Retamal


4 febrero, 2018
El huracán de la gratuidad y la nueva bancada de rectores
Peña, Beyer y William son verdaderos mosqueteros, que las han emprendido esta última semana con una estrategia comunicacional fina, culpan de todos los males de la “galaxia educación superior” a la gratuidad. Sin ir más lejos, el rector de la UDP lanzó “su precio” sobre la mesa: morimos con nuestro loable y republicano proyecto universitario o conseguimos –lo lanzó como idea- algún programa de gratuidad financiado con cargo a rentas generales.
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El mercado de las universidades privadas se está moviendo de manera muy inteligente. La última noticia es que han logrado constituir una verdadera bancada de poderosos rectores: Carlos Peña en la Universidad Diego Portales, Carlos Williamson en la Universidad San Sebastián y Harald Beyer en la Universidad Adolfo Ibañez. Los tres de de fuerte tonelaje, con un poderoso imán y con amplias redes, tanto en el mundo empresarial como en el futuro gobierno del presidente Sebastián Piñera (sobre todo en el Ministerio de Hacienda) y qué decir, en los medios de comunicación más influyentes de estas élites nacionales.
La pluma de Peña, los análisis de Beyer y la pasión misionera de Williamson forman una mixtura que al mercado de los rectores de las universidades privadas les faltaba. Juntos, son dinamita.
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Notable sería para el Presidente Piñera tener en el bolsillo a una pluma dominical siempre molesta, pero también sería notable que el futuro Mandatario lograse controlar a todas esas universidades que se autodenominan, como dice Williamson, “universidades con probada vocación pública”.
A las públicas ya las dejó tranquilas la Presidenta Michelle Bachelet. Nada mejor que no tener frentes en las batallas de la educación superior y dejarlos a todos contentos.
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A propósito y sin ir más lejor, es decir, recién ahora, el 27 de enero en El Mercurio, el nuevo rector de la USS argumentó furibundo -es su estilo- que la nueva Ley de Educación Superior es una “política pública muy injusta”, porque no sólo instaura la gratuidad hasta el sexto decil, sino que además “define una institucionalidad para el traspaso de los recursos públicos que causará importantes déficits para las universidades adscritas”.
Williamson llama a eso, con tono severo y trágico, “el golpe financiero de la gratuidad”.
Las universidades privadas con “vocación” pública, ese es el punto, quieren, desean y aspiran al billetón que viene del Estado. Les da estabilidad financiera en cuanto mercado y es normal que lo quieran. Lo que no es normal es el discurso enrevesado que articulan y que ponemos de manifiesto. Es hasta jocoso.
Haciéndose las victimas del “huracán de la operación gratuidad” no van a llegar muy legos en la opinión pública.
Al mismo tiempo que lograrán el apoyo de esos cientos de padres con hijos en condición de gratuidad que aspiran a esas nobles universidades, quedarán –para el resto de la opinión pública- al descubierto en sus singulares deliberaciones argumentativas. Si se sigue el color del dinero, se entiende el atolladero. Punto. Es un mercado y es normal que así sea: es lo que el dinero sí puede comprar. El resto es poesía.
Y bueno... el 30 de enero, también por El Mercurio, el rector de la UAI en compañía de Loreto Cox del CEP se esmeraban en proponer, en vez del “huracán gratuidad”, un esquema alternativo de financiamiento que cubra docencia, investigación y desarrollo de las universidades privadas. Así no más, nada menos.

La mesa está servida para Sebastián Piñera y tiene mucho por donde jugar. Este tipo de lloriqueo por la prensa él lo entiende muy bien y sabrá articular en su minuto –cuando tenga en el bolsillo a esta bancada- un hermoso discurso de oportunidades educativas para todas y todos los jóvenes de nuestro país, que también, por cierto, todos elegantemente entenderemos como un acuerdo entre caballeros. ¡ Chapeau ! 

Punto para los tres mosqueteros.

LEY DE INCENTIVO AL RETIRO y UNA VISIÓN CRÍTICA

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Académicos de Ues estatales reciben nuevo incentivo para el retiro voluntario

Hasta el 19 de marzo tienen plazo las universidades estatales para presentar al Ministerio de Educación (Mineduc) la nómina de académicos que adscribirán al plan de incentivo de retiro, que permite que docentes que superen la edad de jubilación puedan, de forma voluntaria, dimitir de su cargo y recibir una bonificación por años de servicios; esto luego de que el pasado 31 de octubre se promulgara la Ley 21.043, que permite entregar fondos por parte del Gobierno como bono por años de servicio.
  
Este mecanismo fue ideado debido a que, al ser las casas de estudios organismos estatales, los académicos tienen el estatuto de funcionario público, por lo que no pueden ser desvinculados de la institución, incluso aunque cumplan la edad de jubilación.
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El plan está basado en la Ley 20.374, de 2009, que faculta a las universidades estatales a otorgar un plan de retiro. Esto fue suplementado por la nueva ley, que permite al Mineduc dar fondos extras, los cuales serán entregados por las mismas universidades. El monto máximo fijado es de 950 UF.
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Este protocolo fue firmado el 3 de marzo del año pasado por la ministra Adriana Delpiano; Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, y Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago.
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En este se detallaba el número de cupos que estarían disponibles cada año, así como las condiciones que el posible candidato tiene que cumplir.
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En varias oportunidades las casas de estudio estatales han dado cuenta de las dificultades que les genera el no poder tener una renovación de docentes más fluida, ya que no tienen la capacidad de abrir nuevas plazas para profesionales más jóvenes, que cuentan con magísteres o doctorados, y que permitirían la renovación de conocimientos.
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La Universidad de Chile, en su presupuesto del año 2017, destinó $107 mil millones para sueldos de sus 4.237 docentes, de los cuales $15 mil millones quedaban atados a pagos para mayores de 65 años, que son 715. 
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En el caso de la Universidad de Valparaíso, de un presupuesto de $21 mil millones para 1.115 profesores, $2 mil millones de ellos para los 151 académicos que cumplieron la edad de jubilación. La Universidad de Talca destinó $941 millones para el pago de 22 funcionarios, de un total de $23 mil millones y una planta de 544 docentes.
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DE : CARTAS A EL MERCURIO
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No al "edadismo"
  
Señor Director:
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En "El Mercurio" de ayer se incluye un breve reportaje (pág. D-11) referido al incentivo al retiro voluntario que recibirán los académicos de las universidades estatales que se acojan al mismo, detallando los montos y porcentajes del presupuesto que destinan las Universidades de Chile, Valparaíso y Talca al pago de sueldos para profesores con edades sobre los 65 años. Se indica en el mismo artículo que "en varias oportunidades las casas de estudios estatales han dado cuenta de las dificultades que les genera el no poder tener una renovación de docentes más fluida, ya que no tienen la capacidad de abrir nuevas plazas para profesionales más jóvenes que cuentan con magísteres y doctorados, y que permitiría la renovación de conocimientos".
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Al respecto, es relevante reflexionar sobre las percepciones que se tienen respecto a "la edad", la cual supuestamente conlleva de manera homogénea en los individuos el deterioro de capacidades físicas y cognitivas conforme a su avance.
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Nada más alejado de la verdad, dado que dicha disminución de capacidades, hecho no discutible, depende de las condicionantes propias de cada uno y del medio ambiente, siendo una condición heterogénea e independiente de la edad cronológica.
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Debiéramos entonces evaluar las capacidades propias de cada individuo en términos de sus méritos como factor para permanecer o no a la academia.
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Quizás nos llevaríamos grandes sorpresas si en vez de ofrecer dicho incentivo al retiro a aquellos académicos por tener cierta edad, se les ofreciera a aquellos de jornada completa de la carrera ordinaria que por ejemplo en los últimos cinco años no hayan publicado un artículo indexado, obtenido fondos de investigación concursables o no aporten una docencia de calidad.
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La edad de jubilación establecida a partir de parámetros de sobrevida determinados por teorías económicas del siglo XIX ha quedado hoy obsoleta.

Sin ánimo de generalizar, el aporte de académicos que superan los 65 años, algunos de ellos, premios nacionales, directivos superiores e incluso rectores es de gran relevancia, significando su alejamiento un desmedro para nuestras universidades estatales, los que rápidamente son acogidos por instituciones privadas.
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El "edadismo", que es una forma de discriminación por el simple hecho de ser mayores, al igual que ocurre con el racismo y el sexismo, se basa en estereotipos que hace ya bastante tiempo dejaron de estar vigentes.

 Es el momento de decir no al "edadismo" en la academia, y sí a la calidad reflejada en la productividad, experiencia y la capacidad de transmitir, generar y difundir conocimiento nuevo independientemente si se ha cumplido 30 o 60 años.
Marcela Pizzi Kirschbaum
Decana Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile.

domingo, 4 de febrero de 2018

UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA NUEVA LEY DE É. SUPERIOR

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LA PERSPECTIVA DE LA U. PRIVADA MÁS PÚBLICA.
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DE : EL MERCURIO.COM/A-10/J. J.  BRUNNER/
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Malograda ley de educación superior
La nueva normativa deja múltiples cabos sueltos, es confusa, generará roces y contradicciones, y necesitará enmendarse mientras se aplica para evitar daños.
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Con gran premura terminó aprobándose la ley de educación superior (LES).

Izquierdas y derechas, gobiernistas y opositores celebraron los beneficios de contar con una ley "de amarre" que -igual como la LOCE de Pinochet- pretende dejar "todo atado y bien atado".

Para unos, consagra una improbable gratuidad universal; para los otros, concluye un embrollo que persiguió al gobierno saliente hasta el último día.

Entonces, ¿se halla todo convenientemente encadenado y el futuro bajo control?
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Por cierto que no. La LES deja múltiples cabos sueltos, es confusa, generará roces y contradicciones, y necesitará enmendarse mientras se aplica para evitar daños que desde ya se han vuelto evidentes.
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Básicamente, la ley mantiene un régimen mixto de provisión -con participación de proveedores y de financiamiento estatal y privado-, pero la gobernanza y las reglas de operación del sistema se modifican en pro de un control cuasi panóptico por parte de agencias y agentes estatales.
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¿Qué significa esto?
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Que se establece un diseño normativo, de reglas e instancias administrativas para el control centralizado del sistema, casi en todas sus dimensiones, multiplicándose para ello los instrumentos de vigilancia, supervisión, inspección, fiscalización, información, clasificación, ordenamiento, jerarquización y sanción.
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Los supuestos básicos de la nueva LES son tres. Primero, radical desconfianza en el autogobierno de las instituciones y la coordinación generada a través de la competencia y el rol de conducción no intrusiva ejercido por un Estado evaluador y regulador acotado. Segundo, firme creencia de que los procedimientos de control y comando obtenidos mediante una ceñida gestión burocrática conducen a un mejor desempeño del sistema. Tercero, necesidad, por tanto, de contar con un copioso aparato legal para ensanchar -en todas las direcciones posibles- la influencia de los órganos administrativos sobre las instituciones y el sistema: su gobierno, manejo independiente, espectro de funciones, admisión de alumnos, restricción de vacantes máximas, gestión académica, financiamiento, planeación estratégica, cumplimiento de criterios y estándares, obligación de informar, rendición de cuentas, facilidades para ser inspeccionadas, etc.
Todo esto es contrario a las tendencias internacionales y amenaza la autonomía universitaria.
En efecto, la experiencia y la investigación muestran que los controles panópticos, en 360 grados, minuciosos, obsesivos, detallados, reducen la autonomía de las universidades, restringen la innovación, burocratizan la academia, raramente mejoran la calidad, extreman la defensa de intereses corporativos, vuelven dependientes a las instituciones del favor de las autoridades y las distraen en el "juego del cumplimiento". O sea, en el continuo esfuerzo para detectar y gestionar los riesgos de inobservancia o incumplimiento de obligaciones normativas, reglas, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. La propia LES intuye esto al prevenir que la Superintendencia -que ella misma crea- "deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor de las instituciones fiscalizadas".
Por lo demás, el enfoque controlista requiere la existencia de un Estado hiper racionalizado, efectivo, eficiente, bien dotado de inteligencia técnica, información y recursos, y de personal altamente calificado y relativamente estable. Es bien sabido que nada de esto abunda en el Estado; sobre todo en nuestro anacrónico Ministerio de Educación.
Más bien, la gobernanza que a partir de ahora deberá encargarse de la conducción-planificación-coordinación-financiamiento-supervisión-evaluación detalladas del sistema aparece más inorgánica e imprevisible que nunca antes.
En el Ministerio de Educación, desde ya sobrecargado, se instituye una Subsecretaría de Educación Superior con infladas funciones, entre las cuales se cuenta administrar la admisión de estudiantes para lo cual se prevé una Comisión ad hoc ; se reforman y burocratizan aún más la Comisión Nacional de Acreditación y el Comité de aseguramiento de la calidad; se crea una nueva Superintendencia para este nivel educacional; se modifican las atribuciones relativas a la educación superior del Consejo Nacional de Educación (CNED); siguen en pie los administradores-interventores para instituciones en crisis; se convoca a una inaudita Comisión de expertos para la regulación de aranceles; se amplía el Consejo de Rectores (CRUCh) pero a su lado se crea un Consejo de Coordinación de universidades estatales. Una ley en trámite añade adicionalmente un nuevo ministerio de ciencia y tecnología a este complejo tinglado.
Para enmarcar el desenvolvimiento del sistema se contemplan instrumentos tales como una Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior, la Estrategia Nacional de Formación Técnica Profesional, el Plan de Fortalecimiento de universidades estatales, un Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior y numerosos otros dispositivos -permanentes y transitorios- que servirían para conducir a este sistema estrechamente controlado.
La nueva ley es francamente perturbadora. Está mal pensada y ha sido despachada de prisa y corriendo, sin el menor cuidado. Crea un engorroso régimen de controles que desequilibra el sistema, amenaza su funcionamiento y otorga ventajas e impone desventajas a diferentes categorías de instituciones. La gobernanza se burocratiza y fragmenta, pudiendo preverse múltiples fallas de coordinación.
En fin, una enorme tarea espera al nuevo gobierno y a su ministro de Educación, que deberán implementar esta nueva ley "de amarre", desatando nudos y corrigiéndola en el camino.
"La nueva ley es francamente perturbadora. Está mal pensada y ha sido despachada de prisa y corriendo, sin el menor cuidado. Crea un engorroso régimen de controles que desequilibra el sistema, amenaza su funcionamiento y otorga ventajas e impone desventajas a diferentes categorías de instituciones".

miércoles, 31 de enero de 2018

Consejo Nacional de Educación posterga sesión sobre futuro de U. Iberoamericana

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MINEDUC APORTÓ NUEVOS ANTECEDENTES
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DE : BIOBIO.COM
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Tal como lo adelantó la Radio Bío Bío, el Consejo Nacional de Educación tuvo que postergar para la próxima semana la sesión en la que definirán el cierre de la Universidad Iberoamericana, luego que el Ministerio de Educación entregara nuevos antecedentes al organismo.
El rector de la Universidad Iberoamericana, Héctor Jara, dijo que se encuentran tranquilos ante la resolución que adopte la Comisión Nacional de Educación, valorando que hayan podido exponer sus argumentos ante los comisionados.
Debido a que el Consejo Nacional de Educación sesionará sólo hasta la próxima semana, debido a las vacaciones, y luego retomará las actividades la última semana de febrero, la decisión del organismo tendrá que resolverse el próximo miércoles, día en que habitualmente sesiona el organismo.

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