.
.
Aldo Valle: "Las universidades estatales requieren de un nuevo trato de parte de su mandante -como ha dicho el ministro-, cuyo objetivo es que estas salgan de una vez de la condición histórica de menoscabo en que se las ha tenido..."
DE EL MERCURIO.COM.
Los rectores de las universidades estatales reconocemos como una virtud la existencia de un sistema de provisión mixta en educación superior, es decir, en que concurren universidades públicas y privadas. Esto constituye una valiosa tradición cultural de Chile, que ha sido puesta en riesgo en las últimas décadas por la progresiva y sistemática reducción de la oferta pública. Por la misma razón, la reforma en educación está dirigida a fortalecer el pilar público y a restablecer los equilibrios sociales perdidos.
Las universidades estatales tienen propósitos, formas y valores institucionales que constituyen para ellas deberes públicos, y no meras opciones o preferencias. Su autonomía tiene límites que vienen dados precisamente por su pertenencia al Estado. Una universidad pública jamás podría adherir a una confesión religiosa, a una ortodoxia moral o doctrina filosófica determinada, ni administrar recursos fiscales sin el control pertinente, porque a partir de ese mismo momento dejaría de ser pública.
Las universidades privadas, en cambio, son tales en la medida que tienen reservado un ámbito que limita con el Estado y que este -para bien de la democracia y el pluralismo- no puede transgredir. Esto equivale a decir que no se les puede imponer propósitos, formas o determinados valores institucionales por más democrático que sea el Estado o por mayoritaria que sea la voluntad que sostiene a un gobierno. De esto mismo se colige que las universidades privadas legítimamente pueden optar por adherir a confesiones o corrientes de pensamiento. Pueden también preferir un sentido público, pero ello será siempre facultativo, porque nunca dejarán de tener la decisión autónoma de una opción diferente.
Por otra parte, la sociedad requiere de la existencia de una red de universidades públicas para impedir que el sistema educacional sea una mera yuxtaposición o uniformidad de proyectos corporativos privados, que prescindan de ciertos valores y virtudes cívicas irrenunciables para la construcción de la sociedad democrática como decisión colectiva vinculante. El convoy en que van las universidades estatales debe detenerse necesariamente en las estaciones del pluralismo, la participación, la formación de ciudadanía y el servicio a los objetivos nacionales de la política pública.
Por otra parte, hacer esta distinción no equivale a reducir la acción del Estado en educación superior, ni en investigación, solo a universidades estatales. Las universidades tradicionales del Consejo de Rectores han hecho un valioso aporte al país, que el Estado no puede desatender. Lo mismo cabe decir respecto de otras instituciones privadas con capacidades de investigación, siempre que cumplan con otras condiciones propias de fines públicos. Nadie ha sostenido algo en detrimento del aporte que entregan las instituciones privadas. Por lo mismo, lo que resulta difícil de entender y aceptar es que el propósito democrático de fortalecimiento de las universidades públicas se interprete como una acción en contra de las instituciones privadas, incluidas aquellas que han dado testimonio de su sentido público.
Las universidades estatales requieren de un nuevo trato de parte de su mandante -como ha dicho el ministro-, cuyo objetivo es que estas salgan de una vez de la condición histórica de menoscabo en que se las ha tenido. Esto incluye modernizar su estructura y funcionamiento, pero sobre todo dejar de concebirlas como otros oferentes privados. A nadie, creo, puede parecer razonable que se las considere como públicas para su control administrativo y como privadas para su financiamiento.
Si lo que se pretende es que permanezcan constreñidas en su gestión administrativa y académica, sin los recursos fiscales adecuados -muy por debajo de los promedios en los países que se toman en serio su educación pública-, entonces lo que esconde la sobrerreacción ante el propósito de fortalecerlas es el temor o el rechazo a que las instituciones estatales mejoren su participación en el sistema de educación superior, eleven su productividad científica y extiendan sus capacidades en la generación de ideas y en la deliberación pública.
Tal rechazo solo puede justificarse si se considera que no es bueno que los países tengan un sólido pilar público en educación. Esto mismo, sin embargo, a la vez refuerza la idea contraria a diluir los límites entre lo público y lo privado. Si desde la perspectiva privada se quiere contener lo público, entonces la distinción no es inocua, salvo que se quiera relativizar siempre a favor de lo privado.
Aldo Valle
Presidente del Consorcio de Universidades del Estado
Las universidades estatales tienen propósitos, formas y valores institucionales que constituyen para ellas deberes públicos, y no meras opciones o preferencias. Su autonomía tiene límites que vienen dados precisamente por su pertenencia al Estado. Una universidad pública jamás podría adherir a una confesión religiosa, a una ortodoxia moral o doctrina filosófica determinada, ni administrar recursos fiscales sin el control pertinente, porque a partir de ese mismo momento dejaría de ser pública.
Las universidades privadas, en cambio, son tales en la medida que tienen reservado un ámbito que limita con el Estado y que este -para bien de la democracia y el pluralismo- no puede transgredir. Esto equivale a decir que no se les puede imponer propósitos, formas o determinados valores institucionales por más democrático que sea el Estado o por mayoritaria que sea la voluntad que sostiene a un gobierno. De esto mismo se colige que las universidades privadas legítimamente pueden optar por adherir a confesiones o corrientes de pensamiento. Pueden también preferir un sentido público, pero ello será siempre facultativo, porque nunca dejarán de tener la decisión autónoma de una opción diferente.
Por otra parte, la sociedad requiere de la existencia de una red de universidades públicas para impedir que el sistema educacional sea una mera yuxtaposición o uniformidad de proyectos corporativos privados, que prescindan de ciertos valores y virtudes cívicas irrenunciables para la construcción de la sociedad democrática como decisión colectiva vinculante. El convoy en que van las universidades estatales debe detenerse necesariamente en las estaciones del pluralismo, la participación, la formación de ciudadanía y el servicio a los objetivos nacionales de la política pública.
Por otra parte, hacer esta distinción no equivale a reducir la acción del Estado en educación superior, ni en investigación, solo a universidades estatales. Las universidades tradicionales del Consejo de Rectores han hecho un valioso aporte al país, que el Estado no puede desatender. Lo mismo cabe decir respecto de otras instituciones privadas con capacidades de investigación, siempre que cumplan con otras condiciones propias de fines públicos. Nadie ha sostenido algo en detrimento del aporte que entregan las instituciones privadas. Por lo mismo, lo que resulta difícil de entender y aceptar es que el propósito democrático de fortalecimiento de las universidades públicas se interprete como una acción en contra de las instituciones privadas, incluidas aquellas que han dado testimonio de su sentido público.
Las universidades estatales requieren de un nuevo trato de parte de su mandante -como ha dicho el ministro-, cuyo objetivo es que estas salgan de una vez de la condición histórica de menoscabo en que se las ha tenido. Esto incluye modernizar su estructura y funcionamiento, pero sobre todo dejar de concebirlas como otros oferentes privados. A nadie, creo, puede parecer razonable que se las considere como públicas para su control administrativo y como privadas para su financiamiento.
Si lo que se pretende es que permanezcan constreñidas en su gestión administrativa y académica, sin los recursos fiscales adecuados -muy por debajo de los promedios en los países que se toman en serio su educación pública-, entonces lo que esconde la sobrerreacción ante el propósito de fortalecerlas es el temor o el rechazo a que las instituciones estatales mejoren su participación en el sistema de educación superior, eleven su productividad científica y extiendan sus capacidades en la generación de ideas y en la deliberación pública.
Tal rechazo solo puede justificarse si se considera que no es bueno que los países tengan un sólido pilar público en educación. Esto mismo, sin embargo, a la vez refuerza la idea contraria a diluir los límites entre lo público y lo privado. Si desde la perspectiva privada se quiere contener lo público, entonces la distinción no es inocua, salvo que se quiera relativizar siempre a favor de lo privado.
Aldo Valle
Presidente del Consorcio de Universidades del Estado
No hay comentarios:
Publicar un comentario
LOS COMENTARIOS ANÓNIMOS SERÁN AUTORIZADOS EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYAN UN APORTE CRÍTICO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Y NO IMPLIQUEN OFENSAS PERSONALES.