TRIBUNALES LABORALES CONDENAN A U. de CHILE POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE PROFESOR ASISTENTE

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NO PODRÁ REALIZAR CONTRATOS  DE SERVICIOS CON EL ESTADO DURANTE DOS AÑOS
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   LA DEMANDA LABORAL

Vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral y disminución de las remuneraciones. Esas son las principales acusaciones que hizo el profesor asistente de planta de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, Miguel Mendoza, en su denuncia de tutela laboral contra el plantel.

En mayo del año pasado, el docente llegó hasta el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago e interpuso la denuncia, donde señalaba que desde 2004 sufría hostigamiento y acoso laboral. Según él, ese año se le informó que ya no se requería de sus servicios y sostuvo que no se le dio una causa para la decisión. De acuerdo a Mendoza, la razón del plantel se habría gatillado por el rechazo público que el docente hizo a la reintegración del profesor Carlos Maquieira a la facultad, quien, años después, sería formalizado por negociación incompatible.

Mendoza agregó que se le prohibió dictar clases y finalmente, en marzo del año pasado, se le señaló que el plantel había decidido “poner término a mi relación laboral”.

El plantel contestó la demanda y aclaró que el 2004 sólo se le solicitó que presentara un nuevo currículum para de esa manera ser evaluado y poder subir de categoría, ya que llevaba más de 12 años como profesor asistente, que es el máximo permitido por el plantel. Así, según la casa de estudios, no existieron “los supuestos actos que el denunciante afirma constitutivos de acoso laboral”.

La demanda fue acogida por el juzgado, luego de esto, el plantel interpuso un recurso de nulidad, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones. Finalmente, se interpuso otro recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, el que fue desechado a finales de mayo.

Para el abogado laboralista y ex director del Trabajo Marcelo Albornoz, la situación en la que se encuentra el plantel es extraña y llama la atención, puesto que son muchas las empresas que son denunciadas por estas prácticas, “pero no es frecuente que una empresa o entidad que tiene un fuerte componente de suministro de bienes y servicios al Estado termine siendo condenada, porque las empresas se resguardan para no caer en este tipo de condenas”