LAS DECLARACIONES DE INTERESES Y PATRIMONIO OBLIGATORIAS DE LOS 47 GENERALES DEL EJÉRCITO

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Omisiones e información inexacta: las sanciones que establece la nueva ley

Con la nueva Ley de Probidad, se dotó a la Contraloría con herramientas para fiscalizar “la oportunidad, integridad y veracidad” de la información contenida en las declaraciones de intereses y patrimonio. Mientras que antes la entidad actuaba sólo como receptora y custodia de esos documentos, ahora tiene la misión de revisar que los datos que entregan los funcionarios públicos sean reales y precisos.

Para cumplir esa misión, la Contraloría podrá solicitar información a las superintendencias de Bancos, de Valores y Seguros y de Pensiones, al Servicio de Impuestos Internos, a los Conservadores de Bienes Raíces y al Registro Civil, entre otros órganos o servicios que le permitan corroborar que lo declarado es veraz. Y si detecta infracciones, puede actuar para que se apliquen sanciones, aunque ese proceso se fue ralentizando durante la tramitación de la norma en el Congreso.

En la versión original del proyecto de ley la cosa era simple: si alguien no hacía su declaración dentro de los plazos establecidos, omitía información o incluía datos inexactos, la Contraloría le daba 10 días para enmendar su situación. Si no lo hacía, se arriesgaba a una multa de 10 a 30 UTM, y si pasaban cuatro meses sin cambios, la sanción podía llegar a ser la destitución del cargo.

Pero lo que se imprimió en la ley final es más engorroso y lento. Tras detectar la infracción, la Contraloría dará un plazo de 10 días, ahora hábiles, para solucionar la falta. Si no cumple, ya no aplicaría una multa de forma directa, sino que se formularán cargos contra el infractor y le darán otros 10 días hábiles para presentar sus descargos. 

A eso le sigue un período probatorio de ocho días hábiles y luego de otros 10 para que la Contraloría decida si recomiendo o no una sanción, cuya aplicación queda a criterio del jefe de servicio respectivo. 

La multa quedó fijada entre las 5 y las 50 UTM y se mantuvo el riesgo de destitución en caso de no rectificar la falta.