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EDITORIAL DE EL MERCURIO.COM
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Ahora, el Gobierno se tuvo que comprometer a ponerle fin, a cambio de conseguir los votos suficientes para que se pudiese aprobar la idea de legislar el proyecto de educación superior en la Cámara de Diputados. La necesidad de diseñar un sistema de reemplazo es un reconocimiento, una vez más, de que la gratuidad universal no es alcanzable en un horizonte razonable.
Sin embargo, nada de eso se delibera seriamente en torno al proyecto de educación superior. De ser una reforma emblemática del Gobierno, se ha transformado en una serie de tiras y aflojas en las cuales distintos grupos de presión se hacen sentir o los eslóganes evitan una verdadera deliberación profunda sobre los desafíos más urgentes de la educación superior de nuestro país. Para efectos de suprimir el actual diseño del crédito con aval del Estado, puede ser valioso tomar como punto de partida la propuesta hecha al respecto por el anterior gobierno.
Ella obedecía a una lógica más amplia que la de reemplazar solo el CAE. Partía reconociendo que había distintas ayudas estudiantiles dispersas y discriminatorias, por lo que proponía un único sistema de financiamiento general de los estudiantes que combinaba becas y créditos, y que no discriminaba entre ellos. Los beneficios se entregaban en función del mérito académico y la condición socioeconómica de los estudiantes y se exigía acreditación a las instituciones.
Al mismo tiempo, proponía un nuevo sistema de aranceles de referencia para definir las ayudas, vinculado al valor que agregaban los distintos programas a los estudiantes, más que a un muy imperfecto modelo de costos. Reconocía que este sistema mixto de financiamiento era más justo que otras alternativas, como la gratuidad universal. En el caso del crédito, se recuperaba una vez que la persona comenzase a trabajar. Ella no tenía obligación de retribución si sus ingresos imponibles eran muy bajos. Superado ese monto mínimo, que se estimaba inferior a 8 UTM, se pagaba una cuota que subía gradualmente hasta alcanzar un máximo de diez por ciento de los ingresos del beneficiado. La obligación se extinguía después de 180 cuotas o al momento que se pagase la deuda adquirida. Se financiaba con fondos públicos, a una tasa de interés de dos por ciento.
Simultáneamente han surgido voces que plantean que deberían condonarse los créditos a los actuales deudores del CAE, pero hay que recordar que a estos se les redujo la tasa de interés y se les impuso una contribución máxima del 10 por ciento de su ingreso. Además, siguen siendo mayoría los estudiantes que en la actualidad no están recibiendo gratuidad y que deben financiarse con créditos. Si se quiere condonar esas deudas, hay que tomar en cuenta que fueron voluntariamente adquiridas y que -en muchos casos- tienen hoy condiciones bastante más favorables que las que regían al momento en que se contrajeron.
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EDITORIAL DE EL MERCURIO.COM
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Cómo reemplazar el CAE
Ahora, el Gobierno se tuvo que comprometer a ponerle fin, a cambio de conseguir los votos suficientes para que se pudiese aprobar la idea de legislar el proyecto de educación superior en la Cámara de Diputados. La necesidad de diseñar un sistema de reemplazo es un reconocimiento, una vez más, de que la gratuidad universal no es alcanzable en un horizonte razonable.
Sin embargo, nada de eso se delibera seriamente en torno al proyecto de educación superior. De ser una reforma emblemática del Gobierno, se ha transformado en una serie de tiras y aflojas en las cuales distintos grupos de presión se hacen sentir o los eslóganes evitan una verdadera deliberación profunda sobre los desafíos más urgentes de la educación superior de nuestro país. Para efectos de suprimir el actual diseño del crédito con aval del Estado, puede ser valioso tomar como punto de partida la propuesta hecha al respecto por el anterior gobierno.
Ella obedecía a una lógica más amplia que la de reemplazar solo el CAE. Partía reconociendo que había distintas ayudas estudiantiles dispersas y discriminatorias, por lo que proponía un único sistema de financiamiento general de los estudiantes que combinaba becas y créditos, y que no discriminaba entre ellos. Los beneficios se entregaban en función del mérito académico y la condición socioeconómica de los estudiantes y se exigía acreditación a las instituciones.
Al mismo tiempo, proponía un nuevo sistema de aranceles de referencia para definir las ayudas, vinculado al valor que agregaban los distintos programas a los estudiantes, más que a un muy imperfecto modelo de costos. Reconocía que este sistema mixto de financiamiento era más justo que otras alternativas, como la gratuidad universal. En el caso del crédito, se recuperaba una vez que la persona comenzase a trabajar. Ella no tenía obligación de retribución si sus ingresos imponibles eran muy bajos. Superado ese monto mínimo, que se estimaba inferior a 8 UTM, se pagaba una cuota que subía gradualmente hasta alcanzar un máximo de diez por ciento de los ingresos del beneficiado. La obligación se extinguía después de 180 cuotas o al momento que se pagase la deuda adquirida. Se financiaba con fondos públicos, a una tasa de interés de dos por ciento.
Simultáneamente han surgido voces que plantean que deberían condonarse los créditos a los actuales deudores del CAE, pero hay que recordar que a estos se les redujo la tasa de interés y se les impuso una contribución máxima del 10 por ciento de su ingreso. Además, siguen siendo mayoría los estudiantes que en la actualidad no están recibiendo gratuidad y que deben financiarse con créditos. Si se quiere condonar esas deudas, hay que tomar en cuenta que fueron voluntariamente adquiridas y que -en muchos casos- tienen hoy condiciones bastante más favorables que las que regían al momento en que se contrajeron.
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El CAE en la UTEM es solo problema de alumnos antiguos y les bajaron las tasas.los nuevos casi todos son gratuitos por tanto el CAE en la UTEM es un asunto que desaparece muy rápido.
ResponderEliminarLos alumnos CAE siguen siendo en la Utem y porcentaje significativo, aunque mejor que antes.
EliminarEl problema es que los alumnos CAE provienen en su mayoría de los privados subvencionados y en promedio tienen mejores puntajes y preparación que los No CAE.