RECORTE PRESUPUESTARIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR : UNA VOZ DE ALARMA MERCURIAL

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CRUCH SE REUNIRÍA HOY MARTES CON MINEDUC PARA ANALIZAR SITUACIÓN.
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Ajuste de recursos para educación superior

Que estos problemas puedan ser pronto una realidad en Chile lo corrobora el reciente anuncio de que el ajuste fiscal informado por el Gobierno descansa de manera importante en los recursos públicos destinados a gratuidad...

En la pasada campaña electoral británica se propuso reducir los aranceles máximos que pueden cobrar las universidades inglesas suplementando la diferencia con fondos públicos. Estas universidades agrupadas en Universities UK emitieron una declaración pública cuestionando la propuesta, argumentando que las finanzas públicas estaban bajo constante presión y que ello iba a terminar finalmente disminuyendo los recursos de las universidades, afectando el acceso de estudiantes de menores ingresos, la calidad de las universidades y el progreso económico del país. 

En los pocos países donde aún hay gratuidad universal en educación superior las universidades reclaman que están ahogadas financieramente. Diversos expertos y rectores, que han visitado nuestro país en el último tiempo, han comentado la sorpresa que les provoca que Chile quiera avanzar hacia la gratuidad universal.

Que estos problemas puedan ser pronto una realidad en Chile lo corrobora el reciente anuncio de que el ajuste fiscal informado por el Gobierno descansa de manera importante en los recursos públicos destinados a gratuidad. Hay que tener presente que esto ocurre en el primer año de aplicación de la medida, cuando los estudiantes beneficiados no superan los 160 mil, es decir alrededor del 13 por ciento del total. Es fácil imaginar cómo esta realidad puede evolucionar si crece la población beneficiada. Sobre todo, porque los efectos de ajustes en los presupuestos universitarios no son de impacto inmediato. 

Las instituciones de educación superior tienen una enorme inercia en sus funcionamientos, por lo que sus recursos son una partida interesante a la que recurrir en caso de necesidad fiscal en el corto plazo. Las comunidades universitarias saben esto en las más diversas latitudes y no es casualidad, entonces, que suelan oponerse a las iniciativas que las hagan depender exclusivamente de fondos públicos. Están conscientes de que ello pone en riesgo su autonomía al afectarse la continuidad y solidez de sus proyectos académicos.

En esta circunstancia en particular los efectos pueden ser menores. Se considera que los recursos dispuestos originalmente en la Ley de Presupuestos para asegurar la gratuidad eran más que suficientes, atendidas las restricciones impuestas para acceder a ella. 

Por un lado, los aranceles regulados en muchas instituciones eran inferiores a los efectivos. Por otro, las condiciones impuestas a instituciones y estudiantes reducían la población potencialmente beneficiada. Con todo, y más allá del análisis puntual que se pueda hacer este año, ha quedado prontamente revelado el riesgo financiero que significa para las instituciones de educación superior la gratuidad total.