Riesgo para la educación pública
Señor Director:
El año 2011, el Consejo de Rectores (CRUCh) logró que el Gobierno y el Congreso Nacional de la época comprometieran recursos de libre disponibilidad (basales) para el desarrollo de esas universidades, con un inédito incremento real de un 5% en el Aporte Fiscal Directo (AFD) durante 10 años (2012-2021), lo que se cumplió en los años 2012, 2013 y 2014. Al cabo de este período, estos recursos aumentaban en un 63% en términos reales el monto del AFD para el sistema.
El Presupuesto de la Nación 2015 desconoció este acuerdo y dejó estos recursos en los aportes "Convenio Marco Universidades Estatales" y "Aporte Basal a las universidades privadas del CRUCh".
Recursos que eran basales y de libre disposición de estas universidades -y que tanto costó conseguir- ahora dejan de serlo y estarían en la forma de convenios, en que la asignación de estos recursos y el monto que recibe cada universidad se dejan a un reglamento a elaborar y no se garantiza su continuidad e indexación en términos reales según lo comprometido, pues la glosa presupuestaria limita los convenios a un año de duración. Se vuelve al corto plazo y la imposibilidad de planificar a largo plazo.
Para visualizar el perjuicio, el compromiso alcanzado el 2011 significaba que el AFD de la Universidad de Chile pasaría de $ 33.000 millones en 2012 a $ 49.500 millones en 2021 (moneda diciembre 2013), un incremento real de $ 16.500 millones anuales a partir del año 2021.
Este mayor AFD, en 10 años, le significaba a la universidad estimar US$ 205 millones de libre disponibilidad, que ahora han sido "desconocidos" por la autoridad.
El 2013, la Universidad de Chile terminó de pagar la deuda del Fondo General ($ 31.000 millones el 2006, moneda diciembre 2013), habiendo aumentado en más de 21% real las remuneraciones de sus académicos.
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Gracias a ello, rectoría, consejo y senado universitarios aprobaron el 2012 invertir -y no gastar en funcionamiento- esos US$ 205 millones, más los US$ 80 millones provenientes del ahorro del pago de los compromisos bancarios por el endeudamiento terminado de pagar, totalizando US$ 285 millones, y constituir con ellos un Fondo de Inversión Institucional, destinando un 20% a desarrollo académico y 80% a infraestructura y equipamiento docente y de investigación.
El Presupuesto 2015 quiebra el compromiso de nuevo trato entre el Estado y sus universidades, implicando un retroceso inimaginable para la Universidad de Chile y la educación pública. Deja en la incertidumbre iniciativas como un proyecto institucional de educación y edificios aprobados para las Facultades de Filosofía y Humanidades, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias, y Medicina, Hall de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile e INAP.
Esto pone en riesgo la calidad de la educación pública y, lo más grave, que no siga siendo la Universidad de Chile -una universidad estatal- la que marque los estándares en la senda educacional, cultural, humanística, científica y tecnológica de excelencia en el país.
Víctor Pérez Vera
Ex rector Universidad de Chile
Domingo 05 de abril de 2015
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