REFLEXIONES TARDÍAS, PERO QUE ANUNCIAN UNA CATÁSTROFE INSTITUCIONAL

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DE : EL MERCURIO.COM

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Nombramientos sin plazos

Para que las instituciones funcionen bien, es necesario que su generación tenga plazos.

Finalmente, en la noche del pasado lunes la Presidenta Bachelet propuso al Senado un nombre -el abogado y profesor universitario Enrique Rajevic- para asumir como titular de la Contraloría General de la República, cargo vacante desde el 11 de abril, cuando terminó su período de ocho años Ramiro Mendoza, quien realizó una gestión reconocida como sobresaliente. 

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Así, han transcurrido casi cinco meses de acefalía de un importante órgano del Estado. La propuesta presidencial requiere los votos de 3/5 de los miembros en ejercicio del Senado para ser aprobada. De inmediato, voces oficialistas, opositoras e independientes plantearon reparos relativos al procedimiento (falta de consultas previas suficientes), a una eventual inhabilidad (por una discutida demanda del Consejo de Defensa del Estado en torno a una beca) o a su independencia (fue donante para la campaña electoral de la Presidenta Bachelet). Queda la impresión de que, al parecer, en los cinco meses previos el Ejecutivo no habría logrado concordar en su propia coalición un nombre para ese cargo.

Independientemente del desenlace final que tenga la propuesta presidencial en el Senado, cabe reflexionar sobre los efectos de la prolongada ausencia de un titular en la Contraloría. Parece muy negativo que el tiempo siga transcurriendo en ese estado de cosas, pues un subrogante, por calificado que sea, carece de igual ascendiente frente a sus dirigidos y los fiscalizados. 

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Además, en el plano de lo prudencial, hay muchos asuntos sobre los que un subrogante, por definición transitorio, más bien debería omitir pronunciarse. Por ejemplo, definición de puestos de planta; modificación de políticas sobre personal ya regidas por resoluciones vigentes; adopción de políticas cuyo efecto reduzca la transparencia o dificulte el desarrollo de modernizaciones ya emprendidas en atención de los ciudadanos o de la administración pública (como la actual suspensión de mesas de trabajo con diversos órganos de la administración).

La ciudadanía no puede sino preguntarse sobre qué está dilatando así algo que el actual gobierno siempre supo que debería hacer, a partir de una fecha cierta que nadie ignoraba. 

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¿Se debería eso a que figuras idóneas rechazan esa opción de servicio público, o a que ellas no habrían recibido ofrecimiento para ello? ¿Median consideraciones ideológicas que excluyan ciertos nombres? 

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Sería eso lamentable y convendría a todos dejarlo de lado, pues todo el mundo público debería tener directo interés en que quien asuma esas delicadas funciones contraloras tenga la más alta idoneidad personal y profesional y, además, plena credibilidad ciudadana.

También es inevitable la pregunta sobre quién en el Gobierno está a cargo de lo conducente a la selección de un nombre y su acuerdo con el Senado. ¿Lo está la Secretaría General de la Presidencia u otra instancia? En cualquier caso, ese proceso debería tener una vía conocida formal, porque eventualmente podría haber responsabilidades involucradas. 

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Y, por cierto, es indispensable que el proceso de reemplazo se perfeccione sin más tardanza, mediante el simple expediente de fijar plazos jurídicos a cada una de sus etapas, para lo cual existe el claro y eficaz modelo vigente para el reemplazo del fiscal nacional, establecido en su ley orgánica constitucional, de 1999. Como esta fija plazos, el Ejecutivo y el Senado están obligados a llegar a un acuerdo cuando menos razonable, en un tiempo bien precisado. 

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Siempre será peor una dilación indefinida, que proyecta una imagen de negociaciones lejos del escrutinio público y movidas por otras consideraciones.

"Hay que dejar que las instituciones funcionen" es una frase afincada con éxito en nuestro vocabulario político. Pero, para que funcionen bien, es necesario que su generación tenga plazos. Al respecto, nuestro ordenamiento evidencia a lo menos dos graves ausencias de ellos, a resultas de un vacío representado muchas veces, mas nunca corregido por los sucesivos gobiernos: las relativas al reemplazo de los ministros de la Corte Suprema y del contralor general de la República.

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