LA AMPLIACIÓN DE LA LUCHA POR EL PODER EN LAS UNIVERSIDADES Y LA REDISTRIBUCIÓN DE SUS BENEFICIOS

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DICEN LOS TEÓRICOS QUE LOS MALES DE LA DEMOCRACIA SE CURAN CON MÁS DEMOCRACIA, PERO ....

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¡¡¡ QUE DUDA NOS CABE A LOS MIEMBROS DE LA UTEM QUE LA DEMOCRACIA AL INTERIOR DE LOS PLANTELES UNIVERSITARIOS ESTATALES  DEJA Y HA DEJADO MUCHO QUE DESEAR !!!!. 

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Hace unos pocos días la Sra. Presidenta ha mandado al Parlamento un proyecto de ley para eliminar del DFL 2 que  prohibe  la participación estudiantil y funcionaria en las elecciones de las autoridades universitarias en una política sorprendentemente contraria a la de los 20 años de gobierno concertacionista anteriores.

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Sin duda un paso audaz e impensado para los viejos dirigentes de la Vieja Mayoría (Concertación) que vivieron los descalabros de la UP en los años 70s. y postrimerías de los 60s. bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

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Aún no sabemos que ocurrirá en el Parlamento con este proyecto dada la experiencia con los proyectos anteriores que luego de ser ampliamente discutidos salen fuertemente trasquilados.

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Sin embargo, ante la eventualidad de su aprobación sin mayores cambios significativos, algunos se han adelantado a definir posturas mediante plebiscitos comunitarios (UPLA) o adoptar acuerdos en organismos representativos amplios (Senado U. de Chile), acogiendo ampliamente un alto grado de participación en la toma de decisiones universitarias.

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Si bien es cierto que la gobernanza universitaria de las instituciones estatales tiene muchos y graves problemas con el  sistema vigente, pues ésta ha permitido que varias  hayan sido capturadas por grupos de interés "gremialistas" y puestas al servicio de pequeños grupos y no al servicio  de las necesidades e intereses del país, la solución no necesariamente pasa por una seudo democratización de su sistema de gobierno, dado que ninguno de los estamentos  que componen las universidades representan realmente los intereses del país.

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Obviamente, el problema no es fácil de resolver pues hay otros importantes bienes sociales que proteger, como es el caso de la libertad de cátedra y de investigación implícitas en todo quehacer universitario, lo que impide que la gobernanza quede entregada a funcionarios del estado designados por los gobiernos de turno.

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Una alternativa posible que debería ser evaluada en su justo mérito sería la que corresponde a otras organizaciones autónomas del estado, como son el  Banco Central, Tribunales de Justicia, Contraloría General, Fiscalía Nacional y algunas otras cuyas autoridades son designadas por el accionar conjunto del Parlamento, del Gobierno Central y de la institución con una duración que sobrepasa el periodo presidencial.

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Es de esperar entonces que en nuestro parlamento prime la visión de futuro que exige un fuerte compromiso con el desarrollo nacional, íntimamente conectado con el desarrollo de la investigación y la formación de excelencia de los  profesionales siglo XXI.

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