NEGOCIACIONES LOGRAN ACUERDO DE EXTENSIÓN EN DOS SEMANAS EL SEMESTRE: ¿¿QUIÉN PAGARÁ??

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QUÉ LAS CALENDARIZACIONES DE TIEMPOS NORMALES NO PUEDEN SER LAS MISMAS  QUE LA DE TIEMPOS EN PANDEMIA, QUÉ DUDA CABE. PERO ¿¿QUIÉN DEBE PAGAR LOS COSTOS?? .

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Al parecer, las negociaciones entre los estudiantes y rectoría habrían finalizado con un acuerdo entre la rectoría y los representantes estudiantiles que habrían conseguido una extensión de dos semanas del primer semestre académico 2020.

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Si bien es cierto que cualquier postergación de un semestre tiene consecuencias económicas más o menos significativas, especialmente en el caso de la UTEM que funciona con un importante contingente de profesores jornada parcial a HONORARIOS y que se les debe pagar un pequeño monto adicional de sus contratos a plazo fijo.

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Si la Utem fuese una empresa que debiera rendir cuentas ante una Junta de Accionistas deseosa de buenos dividendos, no cabe dudas que el Sr rector, como gerente general de dicha empresa  debiese estar muy preocupado. 

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Sin embargo no es el caso. La Utem es una corporación estatal autónoma que desde hace varios años ha estado funcionando con un importantísimo margen de utilidades contables, lo que le ha permitido funcionar como una importante empresa INMOBILIARIA, comprando sin mayor justificación académica, diversos inmuebles en el entorno de Casa Central, sin contar con el abandonado y "regalado" Palacio Aristía y ahorrando importantes cantidades en las actividades docentes del pregrado.

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Lamentablemente la autonomía prácticamente absoluta y la ausencia de una contraparte real y efectiva no permite el control financiero de la gestión rectorial, quedando los eventuales organismos formales totalmente inutilizados.

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 Las consecuencias de esta absurda situación estructural se han ido acumulando en el tiempo y se expresan en el progresivo y constante descenso  del nivel de "prestigo" institucional en el ámbito académico nacional.

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Obviamente, el cierre forzado del Semesrre Académico genera condiciones muy incorfortables para el cuerpo académico contratado precariamente a Honorarios,  sin ninguna protección ni derecho laboral;  y para colmo fuertemente presionados por las autoridades para que eviten reprobaciones que perjudiquen la próxima acreditación institucional.

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