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UN POCO MÁS DE LUZ EN MEDIO DE UN AMBIENTE POLÍTICO ENRARECIDO DESPUES DE LOS ACUERDOS DE LA FISCALÍA CON SOQUIMICH Y OTROS.
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DE : EL MERCURIO.COM/CUERPO C-4 /
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"La decisión de vender fue obligada porque la nueva Ley de Partidos Políticos establece que los partidos no pueden tener empresas y tuvimos un tiempo corto para hacerlo. Para nosotros la decisión implicaba varias cosas, debía tratarse de una empresa que nos diera confianza, que no nos fuera a engañar, porque ya antes nos habían perjudicado en cosas de este tipo".
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Así, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, inició su declaración en calidad de imputado ante el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, en la causa que investiga la millonaria venta de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Araucaria SpA, vinculada con el Partido Comunista, a Inversiones Progreso SpA en octubre de 2016.
Desde la propia colectividad han sostenido que la venta fue para ajustarse a la nueva Ley de Partidos Políticos, que obliga a usar al menos dos tercios de los bienes en fines propios de la actividad partidaria.
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Sin embargo, el hecho de que el comprador fuese una sociedad creada por militantes y que el valor pactado fuese similar al avalúo fiscal ($3.086 millones) y no al precio comercial que, según la empresa Valued Tasaciones pudo alcanzar más de $8.900 millones, puso en tela de juicio la transacción.
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"Sé que se ha cuestionado el valor de la venta, pero las condiciones de venta para nosotros eran complejas, no solo por una cuestión de tiempo, sino que además por temas políticos, porque se trata de una empresa que pertenece a un partido político", dijo Teillier.
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Por estos hechos, el PRI presentó una querella por los delitos de contratos simulados, estafas, falsificación de documentos públicos y uso malicioso de instrumento público falso.
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Durante la diligencia, Teillier explicó las razones que llevaron al partido a concretar la venta con Progreso.
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"Esta empresa nos daba la confianza porque había al menos un profesional con experiencia en negocios y el otro socio -me refiero a Ricardo Castro- era miembro de nuestro partido".
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Una decisión que -según advirtió- estuvo visada por los abogados del partido Boris Navia y Eduardo Contreras.
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"También decidimos establecer una cláusula que impidiera la venta futura de las acciones de la empresa, sin el consentimiento del partido, pero no así de enajenar los inmuebles propiamente tales", reconoció Teillier.
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Uno de los socios de Progreso SpA, Pablo González Araya, declaró ante la fiscalía que existe la "prohibición de la venta de las acciones de Araucaria, pero no de Progreso".
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Al finalizar, afirmó que cuenta que el partido encargó una auditoría a una empresa externa "que llega a una valorización bastante similar a la que aparece en el precio de la venta".
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Solé y Castro: los otros protagonistas de la venta.
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Ricardo Solé es actualmente miembro del comité central del Partido Comunista y administrador de Progreso. Pero antes, en 2012, había asumido como gerente general y representante legal de Araucaria. El pasado 9 de febrero también declaró ante el fiscal Carrasco en calidad de imputado.
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"En el mes de abril de 2016 -indicó- se promulga una nueva Ley de Partidos Políticos, que presentaba varias modificaciones, y en mi calidad de dirigente nacional del comité central, fue parte del equipo que analizó los cambios que debían realizarse para poder dar cumplimiento a la nueva normativa (...) Entre otras cosas, existían unos puntos que afectaban el patrimonio interno, ya que se indicaba que los partidos debían utilizar solamente un tercio de las propiedades a su nombre para usufructo", dijo.
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El equipo a cargo de este tema estaba conformado principalmente por abogados, dirigidos por Eduardo Contreras, quienes analizaron varias ideas, afirmó a la fiscalía. Pero detalló que fue en agosto de ese año que en una reunión del comité central, una de sus integrantes, Dafne Concha, "se entera del asunto y lo comenta con su esposo, Ricardo Castro", según le contaron ellos posteriormente.
Castro constituyó, junto al ingeniero Pablo González, no militante, la sociedad Progreso, solo un mes antes de materializarse la operación comercial.
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Respecto de los análisis previos a la venta, Castro declaró ante el Ministerio Público que "el Partido Comunista no podía vendérsela a cualquiera y solo grandes inmobiliarias podrían comprar al contado. Era una razón política, por algo debía haber una persona que asegurara el beneficio económico esperado por el partido".
Y al finalizar, sentenció: "Mi motivación fue emocional, por ayudar al partido, pero también hacer un negocio".
''Decidimos establecer una cláusula que impidiera la venta futura de las acciones de la empresa sin el consentimiento del partido".
GUILLERMO TEILLIER PRESIDENTE DEL PC
''Mi motivación fue emocional, por ayudar al partido, pero también hacer un negocio". RICARDO CASTRO MILITANTE PC Y SOCIO DE PROGRESO
''Se optó por esta idea, por parte de Eduardo Contreras, y creo que también por el presidente del partido, Guillermo Teillier". RICARDO SOLÉ MIEMBRO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PC
UN POCO MÁS DE LUZ EN MEDIO DE UN AMBIENTE POLÍTICO ENRARECIDO DESPUES DE LOS ACUERDOS DE LA FISCALÍA CON SOQUIMICH Y OTROS.
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DE : EL MERCURIO.COM/CUERPO C-4 /
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Teillier reconoce que se fijó cláusula que supedita al consentimiento del PC la venta de acciones de empresa dueña de inmuebles que eran del partido.
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Firma fue creada un mes antes de la transacción por Ricardo Castro, militante comunista, y su socio, el ingeniero Pablo González.
"La decisión de vender fue obligada porque la nueva Ley de Partidos Políticos establece que los partidos no pueden tener empresas y tuvimos un tiempo corto para hacerlo. Para nosotros la decisión implicaba varias cosas, debía tratarse de una empresa que nos diera confianza, que no nos fuera a engañar, porque ya antes nos habían perjudicado en cosas de este tipo".
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Así, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, inició su declaración en calidad de imputado ante el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, en la causa que investiga la millonaria venta de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Araucaria SpA, vinculada con el Partido Comunista, a Inversiones Progreso SpA en octubre de 2016.
Desde la propia colectividad han sostenido que la venta fue para ajustarse a la nueva Ley de Partidos Políticos, que obliga a usar al menos dos tercios de los bienes en fines propios de la actividad partidaria.
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Sin embargo, el hecho de que el comprador fuese una sociedad creada por militantes y que el valor pactado fuese similar al avalúo fiscal ($3.086 millones) y no al precio comercial que, según la empresa Valued Tasaciones pudo alcanzar más de $8.900 millones, puso en tela de juicio la transacción.
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"Sé que se ha cuestionado el valor de la venta, pero las condiciones de venta para nosotros eran complejas, no solo por una cuestión de tiempo, sino que además por temas políticos, porque se trata de una empresa que pertenece a un partido político", dijo Teillier.
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Por estos hechos, el PRI presentó una querella por los delitos de contratos simulados, estafas, falsificación de documentos públicos y uso malicioso de instrumento público falso.
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Durante la diligencia, Teillier explicó las razones que llevaron al partido a concretar la venta con Progreso.
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"Esta empresa nos daba la confianza porque había al menos un profesional con experiencia en negocios y el otro socio -me refiero a Ricardo Castro- era miembro de nuestro partido".
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Una decisión que -según advirtió- estuvo visada por los abogados del partido Boris Navia y Eduardo Contreras.
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"También decidimos establecer una cláusula que impidiera la venta futura de las acciones de la empresa, sin el consentimiento del partido, pero no así de enajenar los inmuebles propiamente tales", reconoció Teillier.
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Uno de los socios de Progreso SpA, Pablo González Araya, declaró ante la fiscalía que existe la "prohibición de la venta de las acciones de Araucaria, pero no de Progreso".
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Al finalizar, afirmó que cuenta que el partido encargó una auditoría a una empresa externa "que llega a una valorización bastante similar a la que aparece en el precio de la venta".
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Solé y Castro: los otros protagonistas de la venta.
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Ricardo Solé es actualmente miembro del comité central del Partido Comunista y administrador de Progreso. Pero antes, en 2012, había asumido como gerente general y representante legal de Araucaria. El pasado 9 de febrero también declaró ante el fiscal Carrasco en calidad de imputado.
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"En el mes de abril de 2016 -indicó- se promulga una nueva Ley de Partidos Políticos, que presentaba varias modificaciones, y en mi calidad de dirigente nacional del comité central, fue parte del equipo que analizó los cambios que debían realizarse para poder dar cumplimiento a la nueva normativa (...) Entre otras cosas, existían unos puntos que afectaban el patrimonio interno, ya que se indicaba que los partidos debían utilizar solamente un tercio de las propiedades a su nombre para usufructo", dijo.
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El equipo a cargo de este tema estaba conformado principalmente por abogados, dirigidos por Eduardo Contreras, quienes analizaron varias ideas, afirmó a la fiscalía. Pero detalló que fue en agosto de ese año que en una reunión del comité central, una de sus integrantes, Dafne Concha, "se entera del asunto y lo comenta con su esposo, Ricardo Castro", según le contaron ellos posteriormente.
Castro constituyó, junto al ingeniero Pablo González, no militante, la sociedad Progreso, solo un mes antes de materializarse la operación comercial.
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Respecto de los análisis previos a la venta, Castro declaró ante el Ministerio Público que "el Partido Comunista no podía vendérsela a cualquiera y solo grandes inmobiliarias podrían comprar al contado. Era una razón política, por algo debía haber una persona que asegurara el beneficio económico esperado por el partido".
Y al finalizar, sentenció: "Mi motivación fue emocional, por ayudar al partido, pero también hacer un negocio".
''Decidimos establecer una cláusula que impidiera la venta futura de las acciones de la empresa sin el consentimiento del partido".
GUILLERMO TEILLIER PRESIDENTE DEL PC
''Mi motivación fue emocional, por ayudar al partido, pero también hacer un negocio". RICARDO CASTRO MILITANTE PC Y SOCIO DE PROGRESO
''Se optó por esta idea, por parte de Eduardo Contreras, y creo que también por el presidente del partido, Guillermo Teillier". RICARDO SOLÉ MIEMBRO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PC
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