UTEM : Huérfanos del Estado: la última batalla de los alumnos de perito criminalístico

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DEMANDA CONTRA EL ESTADO POR AVALAR CARRERA TRUCHA
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DE : EL MOSTRADOR.CL
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Han pasado 10 años desde que la carrera cerró, dejando a cientos de estudiantes sin campo laboral. 
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Sin embargo, nadie les respondió. Ahora se juegan una última carta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y remueven las historias detrás de la estafa: frustración, depresión y suicidios, en un fraude en el que también participó una universidad pública. 
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Todos eran la primera generación de universitarios en sus familias. “Ahí no solo hubo plata invertida, también esperanzas. Hay gente que está endeudada hasta 2020, que sigue pagando y eso que la carrera nunca le ha aportado un peso”, señala el abogado que los representa.
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Entre los años 2003 y 2010, la UTEM formó a más de 5 mil personas para ser peritos criminalísticos, en el contexto de la Reforma Procesal Penal que los incluiría, pero que al final los dejó fuera. La carrera cerró en 2007 en medio de un gran escándalo. Los estudiantes afectados golpearon puertas, hablaron con parlamentarios, pero, transcurridos diez años desde ese hecho, nunca recibieron reparación económica ni moral. Nunca tuvieron campo laboral.

Por esa razón, en julio de este año, llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos El abogado Sebastián Weinborn, que representa a cerca de 700 afectados, dice que existe la violación de varios derechos. Aunque Chile no ha ratificado el Protocolo de San Salvador, la Corte ha fallado varias veces guiada por el resguardo de los derechos sociales protegidos en el Pacto de San José de Costa Rica. “Acá hay una doble responsabilidad del Estado: el Mineduc aceptó que la carrera existiera y una universidad pública la impartió. Además, no es que el mercado sea chico, sino que el Estado les prohibió a los alumnos trabajar como peritos. Es decir, hay afectación al derecho al trabajo”, sostiene Weinborn.

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El abogado Weinborn dice que el caso también es grave porque el Estado aceptó su responsabilidad en varios momentos. “La ex ministra de Educación Yasna Provoste dijo que el Estado iba a reparar a las víctimas. Se creó una comisión investigadora que evidenció que lo que pasó fue ilegal. Contraloría también se pronunció, pero el Estado no respondió. Y lo que es más curioso... el mismo Ministerio de Educación nos mandó al Sernac a demandar porque se trataba de consumidores”, plantea Weinborn.

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