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CARTA A EL MERCURIO
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Financiamiento a universidades
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Señor Director:
Imaginemos que el Instituto para las Obras de Religión, o el Banco del Vaticano, decide crear una línea de financiamiento específica para apoyar la educación superior en Chile y para tales efectos establece que tendrá un trato preferente con las universidades católicas del país. ¿Cómo se vería si una institución laica o una perteneciente a otra Iglesia reclamaran por esta "discriminación"? ¿Se creería necesario que las universidades católicas tuviesen que justificar o explicar ese trato preferente?
En el debate educacional que se está produciendo, en buena hora en nuestro país, se están escuchando con mucha fuerza argumentos o razones inconsistentes, pero que en realidad pretenden mantener posiciones de ventaja injustas adquiridas en otro tiempo. Ciertamente que décadas de neoliberalismo y antiestatismo evidentes han dejado huellas profundas en nuestra sociedad, cambiando los significados y fronteras entre lo estatal y lo privado. Resulta que ahora las instituciones estatales tienen que explicar y justificar su existencia y funciones, mientras que las instituciones privadas tendrían el mejor derecho de ser financiadas por el Estado.
Afortunadamente, el movimiento social y los estudiantes en particular, tanto en 2006 como en 2011, modificaron en algo las placas tectónicas de la hegemonía liberal, que mantuvo en interdicción al Estado por largo tiempo, especialmente en educación. Hoy el Gobierno pretende cambiar la relación entre el Estado y "sus" universidades, reparar la situación de abandono y el daño producido, comprometiéndose con un financiamiento adicional específico para estas instituciones, que fueron limitadas por el mismo Estado para permitir el crecimiento del sector privado hasta el punto de llegar a impedir la libertad de elegir a los jóvenes entre instituciones estatales y privadas.
Las universidades del Estado no están pidiendo que les disminuyan a otras los recursos que ya tienen, por lo mismo, este trato distinto y propio del Estado con sus universidades no puede ser entendido como una discriminación negativa y odiosa en contra de instituciones privadas que si bien contribuyen a cumplir con fines públicos, no tienen el carácter de órganos públicos y las consecuencias que ello trae consigo. En el caso de las universidades estatales, esta condición de ser órganos públicos, pero a la vez ser financiadas de la misma forma que otros oferentes privados, ha sido una desventaja y discriminación que han padecido por varias décadas.
La relación especial con el Estado deriva simplemente de haber sido creadas por ley, esto es, por una decisión que representa a su vez la voluntad soberana de contar con un conjunto de instituciones de esta naturaleza y, además, porque hoy de modo análogo se trata de un compromiso programático del actual gobierno elegido por una amplia mayoría democrática.
Aldo Valle
Presidente Consorcio de Universidades del Estado de Chile
El paralelo no tiene nada de curioso Claudio, incluso creo que tu rectorable lo entiende.
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