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LA INCORPORACIÓN DE LA U. AUTÓNOMA A LA GRATUIDAD GRACIAS A SUS CUATRO AÑOS DE ACREDITACIÓN, PESE A LA MASIVIDAD DE SUS MATRÍCULAS Y MARGINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, PONE EL DEDO EN LA LLAGA DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN.
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LA PREGUNTA OBVIA ¿ CÓMO FINANCIABAN HASTA EL AÑO PASADO SUS ESTUDIOS LOS MILES DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS MATRICULADOS EN LA U. AUTÓNOMA Y AHORA BENEFICIADOS POR LA GRATUIDAD, PESE A LO HABER SIDO SELECCIONADOS VIA PSU ?
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CUADRO DE LA GRATUIDAD TOTAL (ALUMNOS NUEVOS Y ANTIGUOS)
PUBLICADO POR DIARIO LA TERCERA.
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Según tamaño, la U. Autónoma con sus 15.708 alumnos matriculados el 2016, es la cuarta de estas treinta, superando la matrícula de universidades tradicionales de gran prestigio como la U. Austral de Chile o la U. de Valparaíso.
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Recientemente, el CRUCH ha rechazado la petición de la U. Autónoma para ser incorporada al Sistema Nacional de Admisión de los alumnos según PSU, considerando la falta de garantías efectivas de que esta universidad o sus controladores "no lucran" en el sentido que le ha dado a esta palabra el movimiento estudiantil.
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En caso de efectivamente "no lucrar" habría que reconocer que sus dueños y controladores son grandes y notables filántropos de la educación superior chilena. En consecuencia, sólo cabría esperar que la educación que entregan a la juventud chilena sea de suficiente buena calidad de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.
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Sin embargo, subsiste el gran problema de definir jurídica y técnicamente en qué consiste el "lucro" que prohibe la Ley Orgánica de Educación Superior vigente, tarea que le corespondía haber hecho al gobierno y al parlamento y que pese al tiempo transcurrido aún no logra resolver.
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En tanto, la Ues. con altos niveles de exigencia en los puntajes de ingreso captaron un porcentaje mucho menor de estudiantes con el beneficio de la gratuidad, dada la fuerte correlación entre el rendimiento escolar medido por la PSU y el Nivel socio económico de los estudiantes. En consecuencia, a la U. de Chile o la PUC y algunas otras llega una cantidad inferior de estudiantes de bajos recursos.
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En virtud de los anterior, el Estado deberá definir si la Política Pública al respecto priorizará el Desarrollo Académico, Científico y Tecnológico del País o simplemente desarrollará una política de aparente promoción social de carácter populista con los escasos fondos estatales disponibles en el país.
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Así, en medio de estas dudas y disquisiciones, el tiempo pasa y las promesas de una Reforma al Sistema de Educación Superior se posterga y se diluyen las promesas de atacar a fondo el problema de la acreditación de las Universidades; IPs., y CFTs., que hasta ahora solo toca aspectos formales de gestión y finanzas y no evalúa directamente la calidad real de los procesos educativos y de sus resultados.
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Sólo en este caso se podrá verdaderamente saber si un centro de estudios está realmente cumpliendo con su Misión y no maquillando con una buena gerencia los procesos educativos.
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