UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA UTEM Y LA DEFENSA DE LA MALTRATADA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR.
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En pocos días el Congreso aprobó, después de una larga y complicada tramitación, los proyectos de ley que regulan la educación superior y enmarcan el desarrollo de las universidades estatales. Ambos proyectos se encuentran actualmente en revisión por parte del Tribunal Constitucional, para su posterior promulgación.
Sin duda se trata, en términos generales, de una buena noticia. La incertidumbre normativa en que estaba el sistema de educación superior desde los anuncios hechos hace cuatro años, habían complicado el desarrollo de planes institucionales y mejoras en las entidades. Contar con un marco más claro facilitará el desarrollo futuro de las instituciones, junto con cumplir el compromiso que a tal efecto había asumido el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
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LEER COMPLETO EN : EL MOSTRADOR.CL . NOTA EDITOR : Poco después de iniciar la transcripción de este interesante artículo en Diario Eléctrónico El Mostrador, lamentablemente este no lo pude encontrar nuevamente. .
Teillier declara ante fiscalía por millonaria venta de terrenos .
Lo hizo junto a dueños de firma compradora, todos en calidad de imputados. .
El pasado viernes terminó en Santiago la ronda de interrogatorios iniciada en la víspera por el fiscal Marcelo Carrasco, quien dirige la investigación por la venta de propiedades que el Partido Comunista (PC) realizó -mediante su Inmobiliaria Araucaria SpA- a Inversiones Progreso SpA, del militante de sus filas Ricardo Castro, en octubre de 2016.
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Hasta el edificio de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ubicado en el Centro de Justicia, llegó ese día Ricardo Solé, administrador de Progreso y miembro del comité central del PC, cuando este último vendió sus acciones de Araucaria -administradora de los 101 departamentos- por alrededor de $3.000 millones.
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La diligencia se desarrolló por la tarde.
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Desde la propia colectividad han dicho que la venta fue para ajustarse a la nueva Ley de Partidos Políticos, que obliga a usar al menos dos tercios de los bienes en fines propios de la actividad partidaria.
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Sin embargo, el hecho de que el comprador fuese una sociedad creada por militantes y que el valor pactado fuese similar al avalúo fiscal y no al precio comercial, que según la empresa Valued Tasaciones pudo alcanzar los $8.000 millones, puso en tela de juicio la transacción.
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Antes que Solé, temprano el viernes, compareció Pablo González.
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El ingeniero -que no milita en el PC- constituyó junto con Ricardo Castro la sociedad Progreso solo un mes antes de materializarse la operación comercial.
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Un día antes declaró el presidente del partido, Guillermo Teillier, en la mañana, y Castro, por la tarde.
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En diciembre recién pasado, el PC pactó con la Tesorería el pago de los impuestos, reajustes e intereses adeudados por el negocio, dadas las utilidades que le generó el mismo.
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Desembolsará $720 millones, en 12 cuotas.
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El fiscal Carrasco había enviado antecedentes a Impuestos Internos y al CDE el año pasado.
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Consultada por "El Mercurio", la defensa de los imputados declinó hacer comentarios.
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720 millones de pesos, en 12 cuotas, desembolsará el PC por concepto de impuestos, reajustes e intereses adeudados por el negocio, dadas las utilidades que le generó el mismo
. DE 2.599 ALUMNOS "PACE" DEL AÑO 2017 SE PASO A 3.489 ESTE AÑO 2018 (AUMENTO DE UN 34%) .
Programa refuerza los contenidos a escolares de tercero y cuarto medio:
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Jóvenes que acceden a la universidad con Pace llegan a 3.500 y en un año suben 34 %
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Según el Mineduc, también ha mejorado la permanencia de estos alumnos en la educación superior. Pedagogía está entre las carreras que más estudian. . Solo cinco universidades ofrecieron cupos para los alumnos que, al principio, se inscribieron en el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (Pace), del Mineduc.
En esa fase piloto, desarrollada desde 2014, fueron 479 los jóvenes que aprobaron las clases de reforzamiento que se siguieron en tercero y cuarto medio, y además estuvieron en el 15% más alto de su generación. Y por lo mismo, en 2016 pudieron matricularse en la educación superior.
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Para la admisión 2017 ya eran 29 las instituciones que estaban participando en el programa dirigido especialmente a jóvenes vulnerables, y en esa oportunidad fueron 2.599 los alumnos que se matricularon en la enseñanza terciaria.
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En este proceso de matrícula, en tanto, 3.489 jóvenes se inscribieron en 31 planteles distintos para seguir una carrera profesional, lo que representa un aumento del 34% en comparación al año pasado. . La ministra (s) de Educación, Valentina Quiroga, asegura que "El Pace nos muestra que en educación también podemos hacer cambios en el corto plazo. . Al 2018, son cerca de 6.500 estudiantes que han ingresado a la educación superior tras su participación en el programa, lo que es un gran logro". . Según la autoridad, "en tan solo dos años, la tasa de egresados de los colegios Pace matriculados en la educación superior subió un 50%, y de ese grupo, el 85% se mantiene en el sistema al pasar a segundo año". . A su juicio, estas estadísticas demuestran que se está viviendo un cambio en los recintos. "Son establecimientos que gracias a la gratuidad y al Pace han modificado profundamente su cultura. . Los profesores nos comentan que sus estudiantes antes querían 'sacar el cuarto medio' para poder obtener el carnet de conducir, mientras que hoy sueñan con ser grandes técnicos y profesionales". . (...) . Según las estadísticas del Mineduc, este año hay 2.083 mujeres que ingresaron a la educación superior gracias al 6Pace. Y del total de beneficiados, un 19% es de la Región Metropolitana. . Además, un 16,7% de los jóvenes se matriculó en alguna Pedagogía, siendo esta la carrera más demandada. Le siguen Ingeniería Civil y Comercial. . Según el ministerio, la preferencia por Pedagogía "coincide con los últimos datos de postulación, que mostraron un alza en el número de postulantes que optaron por Educación", ya que entre otros puntos, hay un aumento en las remuneraciones de los profesores. . Además, entre los planteles que más alumnos matricularon este año están la U. de Concepción, la de Santiago y la Austral. . E incluso, en la U. de Aysén, que recién se sumó este año al programa, hay ocho beneficiados. . Alumnos . El año pasado, 76 mil jóvenes de tercero y cuarto medio asistieron a los cursos de reforzamiento y orientación del programa Pace.
PESE A LA ANTIGÜEDAD DE LAS RECOMENDACIONES DE JEAN PIAGET Y DE MILES DE METODÓLOGOS, LA (DES)ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS NO HA PROGRESADO MUCHO.
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Lamentablemente, aún son muchos los profesores de matemática que siguen enseñando como si se tratáse de enseñar a jugar ajedreż sin mostrar jamás un tablero ni las piezas del juego. Sólo las reglas que deben cumplir las piezas y sus definiciones.
La mala base en matemáticas es un problema transversal al entrar a la universidad
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La nivelación de quienes no alcanzaron a pasar toda la materia en el colegio es clave para disminuir el fracaso en los primeros ramos matemáticos.
Hace unos seis años, la mitad de los alumnos de la Universidad Católica reprobaba al menos un curso de matemáticas.
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"Esto era un desastre para la educación de excelencia que queríamos dar. Nosotros estábamos haciendo mal el trabajo", dice Mario Ponce, decano de la Facultad de Matemáticas UC.
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Un poco antes, el mismo académico encabezó los inicios del Programa de Inserción a la Matemática Universitaria (PIMU), una iniciativa que busca nivelar a los estudiantes de primer año que entran con conocimientos poco suficientes.
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"Era un problema que teníamos hace tiempo y del que no nos habíamos hecho cargo", detalla.
Mejoras ampliadas
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Aunque empezó como una iniciativa acotada, este año poco más de 2.600 novatos rindieron el test que evalúa sus eventuales deficiencias en matemáticas.
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Si bien la nivelación es obligatoria para las carreras de Ingeniería Civil y Comercial, el resto de los alumnos la pueden tomar de forma voluntaria.
El plantel privado es el primero que dejará de funcionar pese a que su calidad está certificada hasta octubre.
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Cinco meses antes de que saliera a la luz la crisis de la Universidad Iberoamericana, en octubre de 2016, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) certificó la calidad de ese plantel. .
La casa de estudios había perdido el sello en 2013 y el nuevo reconocimiento le permitiría, al menos, frenar la caída de su matrícula, pues los alumnos nuevos tendrían acceso a becas y créditos del Estado. .
Y así fue. Si desde que dejó de estar acreditada la U. Ibero perdió anualmente unos 500 alumnos, el año pasado tuvo 2.523 inscritos, cifra similar a la de 2016. .
Tal escenario fue celebrado en un comienzo por la institución e incluso el rector, Héctor Jara, aseguró que recursos frescos que ingresarían al plantel permitirían pagar los sueldos que se debían a los profesores. .
Pero la acreditación fue un arma de doble filo. También fue el punto que más enojó a los alumnos cuando se revelaron los problemas económicos del plantel, cuando se inició la investigación del Ministerio de Educación contra la universidad y cuando se solicitó el cierre del plantel. .
Ayer, la jefa (s) de Educación Superior del Mineduc, Daniela Torre, aseguró que en este caso la acreditación -que vence en octubre- "claramente" no fue garantía de un buen funcionamiento: "Se lo hemos planteado a la CNA. Fue bastante discutido".
Y haciendo alusión a la reciente reforma educacional, Torre puntualizó que lo ocurrido "es una evidencia de por qué el sistema (de acreditación) requería una reforma sustantiva y afortunadamente la tenemos". .
La U. Ibero es la primera universidad cuyo cierre se decreta estando acreditada. Lo anterior no ocurrió con la U. del Mar (2012) ni con la U. Arcis (2017). .
La CNA fue consultada por esta situación, pero se remitió a una declaración de septiembre pasado, cuando su presidente, Alfonso Muga, aseguró que tras revisar nuevamente los antecedentes se constató que "no hubo información dolosa" de la U. Ibero para acreditarse. .
En la ocasión agregó que "los elementos que desataron la crisis se fueron configurando durante 2016" y que no había evidencia de ellos en los datos de 2015, que son los que se revisaron para la certificación. "De haber constatado el dolo, tengan la seguridad de que hubiésemos actuado y se hubiera levantado el tema de retirarle la acreditación", sentenció Muga. .
En septiembre, la CNA también señaló que "se requiere un marco legal distinto, con una superintendencia que fiscalice con la debida periodicidad lo que está ocurriendo en los planteles, ya que el rol de la CNA no es el controlar a las instituciones acreditadas, sino el de fomentar el aseguramiento de la calidad". .
Daniela Torre aseguró que con la reforma que el Congreso aprobó en enero, el sistema sí será más estricto y "tenemos la certeza de que incongruencias como las que se dan en este caso se van a evitar". .
Asimismo, la jefa (s) de educación superior planteó que en el sistema ya hay diferencias con respecto a lo ocurrido con la U. del Mar. En 2012, "las atribuciones del Mineduc para reubicar estudiantes eran solo buenas gestiones. Hoy tenemos más atribuciones para controlar de mejor manera la asignación de beneficios, e ir, de alguna manera, facilitando y resguardando el desempeño de los estudiantes".
Sin embargo, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, plantea que "aún hay ciertas falencias en cómo abordar situaciones de crisis". A su juicio, "las salidas que son más lógicas han ido quedando al margen. En muchos casos, antes de intervenir o cerrar una institución parece mucho más lógico darles espacio para que se puedan fusionar con otras casas de estudio, para que puedan, con mecanismos más autónomos, dar con alternativas más satisfactorias para los estudiantes y la comunidad universitaria". .
Dice que un ejemplo es lo ocurrido con la U. Gabriela Mistral y la UCINF, que se fusionaron cuando se visualizó un problema y se dio continuidad de estudio a los matriculados, sin que hubiera períodos sin clases. .
Pasos
El Mineduc espera que en marzo se nombre al administrador de cierre y comience la reubicación de alumnos, principalmente en universidades estatales.
(....)
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''Para nosotros es una evidencia de por qué el sistema (de acreditación) requería una reforma sustantiva, y afortunadamente la tenemos".
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DANIELA TORRE
Jefa (s) de Educación Superior del Mineduc
''No hubo información dolosa, los elementos que desataron la crisis se fueron configurando durante 2016 y no había evidencias de ellos en 2015, conforme a los antecedentes que se tuvo a la vista para resolver sobre la acreditación".
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ALFONSO MUGA
Presidente de la CNA en declaraciones realizadas en septiembre de 2017, a las cuales la comisión pidió remitirse luego de ser consultada ayer por este diario.
. DE : EL MERCURIO.COM/C-7/ .
DE : EL MOSTRADOR.CL
OTRA AVENTURA UNIVERSITARIA COMERCIAL QUE TERMINA MAL .La
jefa de Educación Superior del ministerio afirmó que trabajan en
acuerdos con otros planteles para re ubicar a los estudiantes en otras
instituciones privadas o estatales. Además, recordó que la universidad
no puede matricular alumnos nuevos y debe seguir cumpliendo con sus
obligaciones.Luego de que el Consejo Nacional de Educación, emitierauna resolución en
la que confirma el inicio del proceso para cerrar la Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, desde el Ministerio de Educación
explicaron como continúa el proceso, que puede tardar varios meses,
partiendo por el nombramiento de un administrador de cierre.
"Una
vez que se revoque el reconocimiento oficial, el Ministerio propone un
nombre al Consejo Nacional de Educación, el nombre de un administrador
provisional de cierre y cuando lo aprueba el administrador de cierre
asume como interventor. Por mientras, lo que tiene que seguir ocurriendo
es que la institución, la universidad y las autoridades actuales,
tienen que mantener todos los compromisos suscritos con los docentes,
con los estudiantes", dijo Daniela Torre, jefa de la División de
Educación Superior del Mineduc.
Peña, Beyer y William son verdaderos mosqueteros, que las han emprendido esta última semana con una estrategia comunicacional fina, culpan de todos los males de la “galaxia educación superior” a la gratuidad. Sin ir más lejos, el rector de la UDP lanzó “su precio” sobre la mesa: morimos con nuestro loable y republicano proyecto universitario o conseguimos –lo lanzó como idea- algún programa de gratuidad financiado con cargo a rentas generales.
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El mercado de las universidades privadas se está moviendo de manera muy inteligente. La última noticia es que han logrado constituir una verdadera bancada de poderosos rectores: Carlos Peña en la Universidad Diego Portales, Carlos Williamson en la Universidad San Sebastián y Harald Beyer en la Universidad Adolfo Ibañez. Los tres de de fuerte tonelaje, con un poderoso imán y con amplias redes, tanto en el mundo empresarial como en el futuro gobierno del presidente Sebastián Piñera (sobre todo en el Ministerio de Hacienda) y qué decir, en los medios de comunicación más influyentes de estas élites nacionales.
La pluma de Peña, los análisis de Beyer y la pasión misionera de Williamson forman una mixtura que al mercado de los rectores de las universidades privadas les faltaba. Juntos, son dinamita.
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Notable sería para el Presidente Piñera tener en el bolsillo a una pluma dominical siempre molesta, pero también sería notable que el futuro Mandatario lograse controlar a todas esas universidades que se autodenominan, como dice Williamson, “universidades con probada vocación pública”.
A las públicas ya las dejó tranquilas la Presidenta Michelle Bachelet. Nada mejor que no tener frentes en las batallas de la educación superior y dejarlos a todos contentos.
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A propósito y sin ir más lejor, es decir, recién ahora, el 27 de enero en El Mercurio, el nuevo rector de la USS argumentó furibundo -es su estilo- que la nueva Ley de Educación Superior es una “política pública muy injusta”, porque no sólo instaura la gratuidad hasta el sexto decil, sino que además “define una institucionalidad para el traspaso de los recursos públicos que causará importantes déficits para las universidades adscritas”.
Williamson llama a eso, con tono severo y trágico, “el golpe financiero de la gratuidad”.
Las universidades privadas con “vocación” pública, ese es el punto, quieren, desean y aspiran al billetón que viene del Estado. Les da estabilidad financiera en cuanto mercado y es normal que lo quieran. Lo que no es normal es el discurso enrevesado que articulan y que ponemos de manifiesto. Es hasta jocoso.
Haciéndose las victimas del “huracán de la operación gratuidad” no van a llegar muy legos en la opinión pública.
Al mismo tiempo que lograrán el apoyo de esos cientos de padres con hijos en condición de gratuidad que aspiran a esas nobles universidades, quedarán –para el resto de la opinión pública- al descubierto en sus singulares deliberaciones argumentativas. Si se sigue el color del dinero, se entiende el atolladero. Punto. Es un mercado y es normal que así sea: es lo que el dinero sí puede comprar. El resto es poesía.
Y bueno... el 30 de enero, también por El Mercurio, el rector de la UAI en compañía de Loreto Cox del CEP se esmeraban en proponer, en vez del “huracán gratuidad”, un esquema alternativo de financiamiento que cubra docencia, investigación y desarrollo de las universidades privadas. Así no más, nada menos. La mesa está servida para Sebastián Piñera y tiene mucho por donde jugar. Este tipo de lloriqueo por la prensa él lo entiende muy bien y sabrá articular en su minuto –cuando tenga en el bolsillo a esta bancada- un hermoso discurso de oportunidades educativas para todas y todos los jóvenes de nuestro país, que también, por cierto, todos elegantemente entenderemos como un acuerdo entre caballeros. ¡ Chapeau ! Punto para los tres mosqueteros.
Académicos de Ues estatales reciben nuevo incentivo para el retiro voluntario
Hasta el 19 de marzo tienen plazo las universidades estatales para presentar al Ministerio de Educación (Mineduc) la nómina de académicos que adscribirán al plan de incentivo de retiro, que permite que docentes que superen la edad de jubilación puedan, de forma voluntaria, dimitir de su cargo y recibir una bonificación por años de servicios; esto luego de que el pasado 31 de octubre se promulgara la Ley 21.043, que permite entregar fondos por parte del Gobierno como bono por años de servicio.
Este mecanismo fue ideado debido a que, al ser las casas de estudios organismos estatales, los académicos tienen el estatuto de funcionario público, por lo que no pueden ser desvinculados de la institución, incluso aunque cumplan la edad de jubilación.
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El plan está basado en la Ley 20.374, de 2009, que faculta a las universidades estatales a otorgar un plan de retiro. Esto fue suplementado por la nueva ley, que permite al Mineduc dar fondos extras, los cuales serán entregados por las mismas universidades. El monto máximo fijado es de 950 UF.
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Este protocolo fue firmado el 3 de marzo del año pasado por la ministra Adriana Delpiano; Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, y Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago.
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En este se detallaba el número de cupos que estarían disponibles cada año, así como las condiciones que el posible candidato tiene que cumplir.
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En varias oportunidades las casas de estudio estatales han dado cuenta de las dificultades que les genera el no poder tener una renovación de docentes más fluida, ya que no tienen la capacidad de abrir nuevas plazas para profesionales más jóvenes, que cuentan con magísteres o doctorados, y que permitirían la renovación de conocimientos.
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La Universidad de Chile, en su presupuesto del año 2017, destinó $107 mil millones para sueldos de sus 4.237 docentes, de los cuales $15 mil millones quedaban atados a pagos para mayores de 65 años, que son 715. . En el caso de la Universidad de Valparaíso, de un presupuesto de $21 mil millones para 1.115 profesores, $2 mil millones de ellos para los 151 académicos que cumplieron la edad de jubilación. La Universidad de Talca destinó $941 millones para el pago de 22 funcionarios, de un total de $23 mil millones y una planta de 544 docentes. . DE : CARTAS A EL MERCURIO .
No al "edadismo"
Señor Director:
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En "El Mercurio" de ayer se incluye un breve reportaje (pág. D-11) referido al incentivo al retiro voluntario que recibirán los académicos de las universidades estatales que se acojan al mismo, detallando los montos y porcentajes del presupuesto que destinan las Universidades de Chile, Valparaíso y Talca al pago de sueldos para profesores con edades sobre los 65 años. Se indica en el mismo artículo que "en varias oportunidades las casas de estudios estatales han dado cuenta de las dificultades que les genera el no poder tener una renovación de docentes más fluida, ya que no tienen la capacidad de abrir nuevas plazas para profesionales más jóvenes que cuentan con magísteres y doctorados, y que permitiría la renovación de conocimientos".
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Al respecto, es relevante reflexionar sobre las percepciones que se tienen respecto a "la edad", la cual supuestamente conlleva de manera homogénea en los individuos el deterioro de capacidades físicas y cognitivas conforme a su avance.
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Nada más alejado de la verdad, dado que dicha disminución de capacidades, hecho no discutible, depende de las condicionantes propias de cada uno y del medio ambiente, siendo una condición heterogénea e independiente de la edad cronológica.
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Debiéramos entonces evaluar las capacidades propias de cada individuo en términos de sus méritos como factor para permanecer o no a la academia.
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Quizás nos llevaríamos grandes sorpresas si en vez de ofrecer dicho incentivo al retiro a aquellos académicos por tener cierta edad, se les ofreciera a aquellos de jornada completa de la carrera ordinaria que por ejemplo en los últimos cinco años no hayan publicado un artículo indexado, obtenido fondos de investigación concursables o no aporten una docencia de calidad.
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La edad de jubilación establecida a partir de parámetros de sobrevida determinados por teorías económicas del siglo XIX ha quedado hoy obsoleta.
Sin ánimo de generalizar, el aporte de académicos que superan los 65 años, algunos de ellos, premios nacionales, directivos superiores e incluso rectores es de gran relevancia, significando su alejamiento un desmedro para nuestras universidades estatales, los que rápidamente son acogidos por instituciones privadas.
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El "edadismo", que es una forma de discriminación por el simple hecho de ser mayores, al igual que ocurre con el racismo y el sexismo, se basa en estereotipos que hace ya bastante tiempo dejaron de estar vigentes.
Es el momento de decir no al "edadismo" en la academia, y sí a la calidad reflejada en la productividad, experiencia y la capacidad de transmitir, generar y difundir conocimiento nuevo independientemente si se ha cumplido 30 o 60 años.
Marcela Pizzi Kirschbaum Decana Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile.
. LA PERSPECTIVA DE LA U. PRIVADA MÁS PÚBLICA. . DE : EL MERCURIO.COM/A-10/J. J. BRUNNER/ .
Malograda ley de educación superior
La nueva normativa deja múltiples cabos sueltos, es confusa, generará roces y contradicciones, y necesitará enmendarse mientras se aplica para evitar daños.
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Con gran premura terminó aprobándose la ley de educación superior (LES).
Izquierdas y derechas, gobiernistas y opositores celebraron los beneficios de contar con una ley "de amarre" que -igual como la LOCE de Pinochet- pretende dejar "todo atado y bien atado".
Para unos, consagra una improbable gratuidad universal; para los otros, concluye un embrollo que persiguió al gobierno saliente hasta el último día.
Entonces, ¿se halla todo convenientemente encadenado y el futuro bajo control?
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Por cierto que no. La LES deja múltiples cabos sueltos, es confusa, generará roces y contradicciones, y necesitará enmendarse mientras se aplica para evitar daños que desde ya se han vuelto evidentes.
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Básicamente, la ley mantiene un régimen mixto de provisión -con participación de proveedores y de financiamiento estatal y privado-, pero la gobernanza y las reglas de operación del sistema se modifican en pro de un control cuasi panóptico por parte de agencias y agentes estatales.
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¿Qué significa esto?
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Que se establece un diseño normativo, de reglas e instancias administrativas para el control centralizado del sistema, casi en todas sus dimensiones, multiplicándose para ello los instrumentos de vigilancia, supervisión, inspección, fiscalización, información, clasificación, ordenamiento, jerarquización y sanción.
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Los supuestos básicos de la nueva LES son tres. Primero, radical desconfianza en el autogobierno de las instituciones y la coordinación generada a través de la competencia y el rol de conducción no intrusiva ejercido por un Estado evaluador y regulador acotado. Segundo, firme creencia de que los procedimientos de control y comando obtenidos mediante una ceñida gestión burocrática conducen a un mejor desempeño del sistema. Tercero, necesidad, por tanto, de contar con un copioso aparato legal para ensanchar -en todas las direcciones posibles- la influencia de los órganos administrativos sobre las instituciones y el sistema: su gobierno, manejo independiente, espectro de funciones, admisión de alumnos, restricción de vacantes máximas, gestión académica, financiamiento, planeación estratégica, cumplimiento de criterios y estándares, obligación de informar, rendición de cuentas, facilidades para ser inspeccionadas, etc.
Todo esto es contrario a las tendencias internacionales y amenaza la autonomía universitaria.
En efecto, la experiencia y la investigación muestran que los controles panópticos, en 360 grados, minuciosos, obsesivos, detallados, reducen la autonomía de las universidades, restringen la innovación, burocratizan la academia, raramente mejoran la calidad, extreman la defensa de intereses corporativos, vuelven dependientes a las instituciones del favor de las autoridades y las distraen en el "juego del cumplimiento". O sea, en el continuo esfuerzo para detectar y gestionar los riesgos de inobservancia o incumplimiento de obligaciones normativas, reglas, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. La propia LES intuye esto al prevenir que la Superintendencia -que ella misma crea- "deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor de las instituciones fiscalizadas".
Por lo demás, el enfoque controlista requiere la existencia de un Estado hiper racionalizado, efectivo, eficiente, bien dotado de inteligencia técnica, información y recursos, y de personal altamente calificado y relativamente estable. Es bien sabido que nada de esto abunda en el Estado; sobre todo en nuestro anacrónico Ministerio de Educación.
Más bien, la gobernanza que a partir de ahora deberá encargarse de la conducción-planificación-coordinación-financiamiento-supervisión-evaluación detalladas del sistema aparece más inorgánica e imprevisible que nunca antes.
En el Ministerio de Educación, desde ya sobrecargado, se instituye una Subsecretaría de Educación Superior con infladas funciones, entre las cuales se cuenta administrar la admisión de estudiantes para lo cual se prevé una Comisión ad hoc ; se reforman y burocratizan aún más la Comisión Nacional de Acreditación y el Comité de aseguramiento de la calidad; se crea una nueva Superintendencia para este nivel educacional; se modifican las atribuciones relativas a la educación superior del Consejo Nacional de Educación (CNED); siguen en pie los administradores-interventores para instituciones en crisis; se convoca a una inaudita Comisión de expertos para la regulación de aranceles; se amplía el Consejo de Rectores (CRUCh) pero a su lado se crea un Consejo de Coordinación de universidades estatales. Una ley en trámite añade adicionalmente un nuevo ministerio de ciencia y tecnología a este complejo tinglado.
Para enmarcar el desenvolvimiento del sistema se contemplan instrumentos tales como una Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior, la Estrategia Nacional de Formación Técnica Profesional, el Plan de Fortalecimiento de universidades estatales, un Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior y numerosos otros dispositivos -permanentes y transitorios- que servirían para conducir a este sistema estrechamente controlado.
La nueva ley es francamente perturbadora. Está mal pensada y ha sido despachada de prisa y corriendo, sin el menor cuidado. Crea un engorroso régimen de controles que desequilibra el sistema, amenaza su funcionamiento y otorga ventajas e impone desventajas a diferentes categorías de instituciones. La gobernanza se burocratiza y fragmenta, pudiendo preverse múltiples fallas de coordinación.
En fin, una enorme tarea espera al nuevo gobierno y a su ministro de Educación, que deberán implementar esta nueva ley "de amarre", desatando nudos y corrigiéndola en el camino.
"La nueva ley es francamente perturbadora. Está mal pensada y ha sido despachada de prisa y corriendo, sin el menor cuidado. Crea un engorroso régimen de controles que desequilibra el sistema, amenaza su funcionamiento y otorga ventajas e impone desventajas a diferentes categorías de instituciones".
