Según la última información entregada por el Ministerio de Educación (Mineduc) con respecto a las transferencias por gratuidad a las universidades, el plantel que más fondos ha recibido durante este año según las proyecciones es la U. Autónoma con $ 42.171.140 millones para 13.724 beneficiados.
De acuerdo a los datos que recibió el Consejo de Rectores (Cruch), a los que tuvo acceso La Tercera, este recinto recibía $ 28.968 millones, con lo que el monto de aportes por gratuidad subió un 46%..En tanto, la U. de Chile tiene 10.048 beneficiados y recibió $ 41.052.630 millones, transformándose en el segundo plantel con más recursos.
El vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, afirmó que “los datos indican que las universidades incrementan su participación en gratuidad de modo diferenciado y llama la atención que algunas de ellas, no obstante su posición crítica o más bien escéptica (de este beneficio), aumenten sobre un 40% respecto del año anterior. En la realidad tales desempeños revelan que esta ayuda estudiantil está siendo bien acogida por las instituciones. Esto mismo exige al gobierno un mayor estándar de eficiencia y oportunidad en las transferencias.”
Mientras, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech) y rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, afirmó que “aquí hay claramente un conflicto entre la responsabilidad del Estado de proveer educación superior inclusiva, pertinente y de calidad, en contraposición a proteger y dar facilidades a un modelo de negocios privado basado en entregar títulos profesionales”.
Vivaldi añadió que “el Estado está obligando a los jóvenes a entrar a universidades que no son las que ellos prefieren y hacia allá van los fondos que le niegan a las instituciones públicas. Eso en cualquier otro rubro sería un escándalo, y por alguna razón el ‘mercado universitario’ se sigue presentando como un gran logro para el país”.
En tanto, el rector de la U. de Los Lagos, Oscar Garrido, dijo que “otorgar recursos de todos los chilenos a una universidad privada como la Autónoma para garantizar gratuidad, es francamente regresivo sobretodo cuando no se someten a controles como sí se hace con las universidades del Estado. Y lo que es penoso, se restringe a las Ues. estatales el crecimiento de matrícula cuando esta universidad evidencia un crecimiento francamente desregulado”.
El rector de la U. Autónoma, Teodoro Ribera, destacó que estos aportes para sus estudiantes se deben a que “hemos cumplido integralmente con las normas rigurosas que el Estado ha establecido para financiar la educación superior de los estudiantes ubicados en los cinco primeros deciles de ingreso, lo cual avala nuestra calidad”. Y además, dijo, que los estudiantes que pueden acceder al beneficio “han elegido nuestro proyecto académico por sobre el de otros recintos, lo cual deja en evidencia que este es valioso para todos ellos, independiente de su origen socioeconómico”.
Ribera enfatizó que el plantel ha logrado cubrir el déficit por gratuidad “porque nuestra universidad no tiene deudas, lo cual sumado a la eficiencia en el manejo de los recursos, nos ha permitido mantener un presupuesto equilibrado. No obstante, para el sistema y para nosotros, esta situación no es sostenible indefinidamente, en la medida en que la proporción de alumnos con gratuidad aumente”.
El rector de la U. Austral, Oscar Galindo, planteó que “creo que se debe revisar el sistema de financiamiento y la forma de cálculo del arancel por gratuidad, porque en la práctica está ocurriendo que establecimientos que tienen aranceles muy altos, pero un mismo nivel de acreditación que otras, reciban más recursos por estudiante debido a que los valores de estos eran más altos al momento de iniciarse la gratuidad”. Esto, dijo Galindo, “ocurre porque el aporte del Estado incluye el arancel regulado y un aporte adicional si se produce brecha en el financiamiento.
Incluso, puede darse la paradoja que una universidad con menor acreditación reciba más recursos por estudiante porque su arancel real era más alto”.
Mientras, su par de la U. Católica de Temuco, Aliro Bórquez, indicó que “cuando una política pública no es bien pensada y diseñada genera este tipo de distorsiones”. Esto, dijo, porque ya se ven los efectos de que la gratuidad financie sólo la duración formal de la carrera generando que al menos 3 mil estudiantes hayan perdido el beneficio durante este año.
“Eso va a tener que ser corregido porque serán afectados los estudiantes o las instituciones porque no hay fuentes de financiamiento”, planteó el rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui.
El Mineduc fue consultado pero declinó responder.
