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La discusión sobre gratuidad en educación superior sigue ocupando el foco de la agenda, a pesar de que es probablemente el desafío menos importante en el ámbito de la educación. La idea de que es la única manera, o incluso la mejor, de asegurar el derecho al acceso en educación terciaria no se sostiene. Materializar esta política no solo es onerosa para el Estado, sino también técnicamente compleja. Ambos aspectos han afectado la discusión. Como consecuencia del primero, se ha definido de un modo muy discrecional a las instituciones cuyos estudiantes van a tener acceso al beneficio en 2016, existiendo una vaga promesa de que más adelante esa discrecionalidad se atenuará o eliminará.
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